Veraneo con un ojo en ‘el Procés’

La política española vive el verano más extraño en mucho tiempo. Pero también los altos funcionarios del Estado que, a pesar de haber dejado hecha la tarea, están alertados para que vuelvan a Madrid con urgencia si es menester. Varios de ellos veranean en Cantabria con esta condición, y alguno más que tenía intención de venir ha pospuesto sus vacaciones. El motivo de tanta ocupación y preocupación es el ‘Procés’ catalán. Nadie sabe exactamente qué pasará pero casi todos están seguros de que lo tenga que pasar ocurrirá este agosto, porque el plazo para detener el referéndum del 1 de octubre es cada vez menor. Ya sea la intervención de la autonomía utilizando el artículo 155 de la Constitución, la toma del control de los mossos de escuadra o la utilización de la vía judicial, lo que tenga que ocurrir ocurrirá muy pronto.
El Gobierno ya tiene sobre su mesa varias alternativas legales, desde la intervención de la autonomía y las denuncias por sedición (las más contundentes) a las querellas contra quienes realicen gastos ilegales en la organización del proceso electoral (la más liviana), que ha pedido al Consejo de Estado, al Tribunal Constitucional y a su propio cuerpo jurídico. Todos han hecho el trabajo pero siguen en alerta, como los miembros de la Junta Electoral Central, o los gestores del INE, responsables de las Oficinas del Censo, por la posibilidad de que alguna de esas alternativas se desencadene este mes de agosto y sea necesaria más munición legal. Por este motivo, han sido advertidos de que deberán estar localizables, especialmente los doce magistrados del Constitucional, que podrían actuar de oficio.
También tendrán que estarlo los cincuenta parlamentarios de la Comisión Permanente del Congreso. Mariano Rajoy ha dicho que no está en sus planes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que requeriría la preceptiva autorización del Senado, y cualquier otra iniciativa de respuesta legal no necesita visto bueno previo, bastaría someterla a la convalidación de las Cortes por la vía ordinaria en el primer pleno de septiembre, pero en un asunto de este calado es más que probable que el presidente del Gobierno quisiera arroparse con el respaldo político de esa Comisión Permanente, ya fuese en el Congreso o en el Senado, que sería convocada de urgencia.
Incluso los medios de comunicación han establecido guardias especiales, convencidos de que este agosto no va a ser como cualquier otro, aunque los agostos hace mucho que dejaron de ser aquellos meses aburridos en los que por falta de noticias había que buscarse historias truculentas que eran conocidas como en el argot como ‘las serpientes de verano’.
Todo ello ha dado lugar a que un puñado de veraneantes habituales de Cantabria haya llegado este año preparado para tener que regresar urgentemente a Madrid.

Otra crisis de Estado en vacaciones

Los tiempos han cambiado mucho desde 1977, cuando no había teléfonos móviles e incluso los fijos dejaban amplios vacíos, pero sí hay unas ciertas semejanzas, cuando se compara con otra situación igual de polémica y casi tan difícil, la legalización del Partido Comunista, ocurrida también en unas vacaciones. Entonces resultó vital la aportación de un jurista cántabro, Jerónimo Arozamena.
Adolfo Suárez estaba dispuesto a legalizar al Partido Comunista pero le había prometido a la Junta de Estado Mayor del Ejército que no lo haría mientras eso vulnerase la ley, dejándoles entender que no debían preocuparse, lo que sirvió para apaciguar el malestar de la cúpula militar. Pero, en realidad, él estaba dispuesto a encontrar fórmulas que lo convirtiesen en legal y quien podía bendecirlo era la más alta autoridad del Estado a nivel jurídico.
Suárez sabía que la democracia no sería reconocida como tal por muchos españoles, aparte de que varios partidos de izquierda amenazaban con no participar en las elecciones del 15-J si previamente no era legalizado el Partido Comunista y otras fuerzas a su izquierda. Esa ausencia de candidaturas también pondría en entredicho su legitimación fuera de España.
Dos ministros vinculados a Cantabria, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio, y Eduardo Carriles habían propuesto quitarse la patata caliente de encima enviándosela al Tribunal Supremo, y Suárez así lo hizo: que fuese al alto tribunal el que decidiese si el PCE se legalizaba o no. Aunque era obvio que esta consulta no se había hecho con el registro de ningún otro partido (eran automáticos), el Gobierno la justificaba en la posible ilicitud penal de los fines estatutarios de los comunistas.
El Tribunal, igual de incómodo, le rebotó el asunto, recordando que la competencia era del Gobierno. Parecía que había sido un viaje inútil, pero no lo era tanto, ya que en la respuesta, el Supremo recordaba, de pasada, que todos los partidos eran legalizables siempre que los términos de sus estatutos se ajustasen a los principios legales. Y el PCE, bien instruido por Carrillo, había hecho un trabajo perfecto de cepillado que los dejaba impecables.

Localizado en Reinosa

La vía estaba abierta pero el Gobierno seguía necesitando un aval de la judicatura para tomar una decisión que irritaría tanto a los militares. Y ese hombre era un jurista cántabro de enorme prestigio, el magistrado Jerónimo Arozamena, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la recién creada Audiencia Nacional. Fue localizado en Reinosa, de vacaciones, y forzado a volver a Madrid, a pesar de un temporal que en cualquier otra circunstancia hubiese desaconsejado el viaje.
Una vez en la capital, Arozamena y los subsecretarios Hernández Gil y Mendizábal perfilaron en sede judicial el marco legal que permitió al día siguiente la legalización del PCE, después de obtener el plácet del fiscal del Reino y de que la Junta de Fiscales confirmase que no pondría ninguna traba.
Era la última pieza de un puzzle diseñado por Adolfo Suárez y secundado por Carrillo, que se comprometió a medir todos los movimientos de su partido para no excitar aún más la reacción que se presumía en la extrema derecha y especialmente en los militares. Era tan evidente que estos no iban a quedarse callados cuando se enteraran de la legalización que una semana antes el Gobierno ya había tomado algunas medidas sutiles, como recortar el suministro de combustible a las unidades con más probabilidad de resultar levantiscas.
El episodio se saldó con la dimisión de varios ministros militares y una enorme tensión interna en el estamento militar y en los partidos más a la derecha, pero dio paso a una democracia sin cortapisas políticas. Lo que pase ahora con el Procés catalán todavía está por ver.