Fedea pide que las empresas puedan volver a despedir, formar a afectados por ERTE y modernizar el SEPE

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aboga por una prórroga «más selectiva» de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), eliminando la prohibición de despidos a las empresas que lo necesiten, así como formar a los afectados por estos mecanismos, modernizar los servicios públicos de empleo y diseñar una estrategia de consolidación fiscal a aplicar desde 2022, aplazando a su vez la subida de impuestos.

Estas son algunas de las conclusiones presentadas este lunes del informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 , promovido el pasado mes de mayo por Fedea y en el que han participado más de 120 expertos formado por profesionales y académicos procedentes de numerosas empresas, universidades, y otras organizaciones con propuestas para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha explicado que a corto plazo lo urgente es controlar los rebrotes y adaptar las ayudas que se pusieron en marcha a principio de la crisis para fomentar la reactivación y evitar la destrucción del tejido empresarial, facilitando la asignación de recursos a las empresas con mejores perspectivas a largo plazo.

De la Fuente ha indicado que hay que hacer «de la necesidad virtud» y transformar la economía para orientarla a las actividades con mejor valor añadido y más futuro, mientras que a largo plazo aboga por fomentar el crecimiento y la competitividad con una política de inversión hacia los sectores más competitivos y reformas estructurales para mejorar el mercado de trabajo o la sostenibilidad de las pensiones.

PLAN FISCAL DESDE 2022 Y ACUERDO PRESUPUESTARIO PARA VARIOS AÑOS

Asimismo, ha subrayado la necesidad de un acuerdo presupuestario pensando en el «interés general» para varios ejercicios con el fin de un crecimiento «inclusivo y sostenible» y ha abogado por empezar a diseñar ya un plan de ajuste fiscal para reconducir las cuentas públicas que se empezaría a aplicar a partir de 2022 en el que haya un «compromiso explícito» de reducir el déficit estructural en medio punto al año, siempre que no haya un periodo recesivo, para lo que apunta a actuaciones en materia de contención del gasto y medidas tributarias.

A este respecto, considera que no es el mejor momento para subir los impuestos, si bien cree que podrían implementar recargos transitorios en el IRPF cuando se asiente la recuperación hasta que se acometa la «necesaria» revisión «profunda» del sistema tributario.

Esta debe pasar, a su juicio, por ampliar las bases tributarias reduciendo los beneficios fiscales eliminando los que no son eficientes, rediseñando los tipos reducidos de IVA, eliminando el sistema de módulos y el régimen simplificado de IVA para lograr «bases más amplias que nos permitan recaudar más, sin tener tipos más altos».

De igual forma, los expertos consideran «fundamental» el uso adecuado de los mecanismos de ayuda de la UE para acelerar la salida de la crisis.

ELIMINAR LA PROHIBICIÓN DE LOS DESPIDOS Y FORMAR A AFECTADOS POR ERTE

En materia laboral, el profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Marcel Jansen, ha abogado por ser «más selectivos» de cara a la prórroga de los ERTE que se está negociando y adaptar el esquema al de otros países como Alemania para que sea un instrumento de gestión de recursos humanos y se utilice el tiempo no trabajado para la recualificación y formación de los trabajadores.

En este sentido, ha indicado que «muchas empresas» acogidas a estos mecanismos desde marzo «quizá» necesitan acometer una ajuste de plantilla y no pueden por un marco «excesivamente rígido».

En su opinión, ha llegado el momento de fijar una penalización proporcional con el incumplimiento en materia de despidos, de manera que si un empresario despide a un trabajador durante los seis meses posteriores a la finalización de un ERTE devuelva solo las ayudas recibidas por ese trabajador despedido, en vez de todas las ayudas recibidas como está establecido en la actualidad.

El GTMC también aboga por la no renovación de la prohibición del despido ya que los ERTE requieren una aportación empresarial «importante» y «no se puede denegar que las empresas con fundadas causas económicas puedan despedir», ya que, además, «a largo plazo lo único que haremos es retrasar los ajustes necesarios en el mercado laboral».

Igualmente, ha instado a diseñar medidas para fomentarla reubicación de los trabajadores despedidos, una cifra que aumentará en otoño junto a las quiebras, para lo que propone que el SEPE empiece a recabar información en las empresas que tienen previsto hacer despidos o activar ERTE para reubicar a los despedidos.

Entre otras medidas, también ha instado a reducir la dualidad laboral, con una mayor convergencia en los costes de los despidos de los distintos tipos de contrato y una reducción de las distintas modalidades contractuales, así como una modernización de los servicios públicos de empleo y una mayor colaboración público-privada.

A su vez, ha rechazado realizar «contrarreformas», sino mejorar lo que se hizo en la reforma laboral de 2012.

En cuanto al ingreso mínimo vital, ha cuestionado la «premura» en su implementación al introducirse un sistema «permanente» y haberse postergado la definición de los incentivos para el trabajo ni haberse clarificado las obligaciones de los perceptores para incorporarse al trabajo, como tampoco sus derechos.

De su lado, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha pedido «adaptar y prolongar lo que haga falta» tanto los ERTE como los avales del ICO y ha pedido unidad, fomentar la internacionalización y avanzar en digitalización y formación, al tiempo que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Pedro Fernández, ha reclamado un programa «ambicioso» de inversión publica.

En materia sanitaria, Javier Vega de Seoane (DLV Seguros) ha instado a dar un salto en transformación digital, potenciar la colaboración público-privada y crear una agencia independiente de evaluación de resultados, así como otra de «muchos más medios» al sistema público de salud, al ser el «principal fallo» en la gestión de la pandemia.