El Gobierno y sindicatos se reúnen este jueves para negociar el teletrabajo en la Administración

UGT reclamará una ley de carácter básico y que se compensen los gastos

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado el próximo jueves una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo en el ámbito público, mientras que para la nueva Ley de trabajo a distancia los sindicatos siguen a la espera de que el Ministerio de Trabajo les remita la respuesta a las alegaciones que realizaron al último borrador.

CSIF ha denunciado que actualmente hay una aplicación «restrictiva» y disparidad de criterios en la aplicación del teletrabajo en los diferentes departamentos, y añade que algunas comunidades autónomas están pendientes de que se establezca una regulación a nivel nacional para legislar el teletrabajo.

El Gobierno ha anunciado que aprobará en breve la nueva ley de teletrabajo, que no incluye a los funcionarios públicos, por lo que los sindicatos de la Función Pública han reclamado que se extienda esta normativa a los empleados de la Administración.

La Federación de Empleados de Empleadas y Empleados de los ServiciosPúblicos (FeSP) de UGT planteará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que se regule el teletrabajo en las Administraciones Pública con una ley de carácter básico.

UGT denuncia que la reunión llega con un «incomprensible retraso» y tras el incumplimiento de Darias, quien asegura que se comprometió a crear grupos de trabajo durante el mes de julio para avanzar en un acuerdo de teletrabajo en Función Pública.

El pasado 17 de junio, en plena pandemia, los sindicatos alcanzaron un acuerdo de resolución con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios.

Este acuerdo contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus. Esta modalidad siempre será voluntaria y reversible. Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de trabajar desde casa 1 día a la semana.

Para UGT, será «imprescindible» que las administraciones sehagan cargo de los costes del teletrabajo, tal como se plantea en el ámbito privado. En una encuesta realizada por este sindicato a cerca de 2.000 empleados públicos de la Administración General del Estado, el 92% ponía de relieve que no había recibido en ningún momento de su carrera profesional la formación necesaria para teletrabajar y que no disponían de los medios adecuados.

Además, UGT reclama que se inicie urgentemente la negociación de Estatuto Básico del Empleado Público para abordar cuestiones pendientes como la temporalidad en las administraciones públicas y la jubilación parcial.

ÚLTIMOS PASOS PARA LA LEY DE TRABAJO A DISTANCIA

En cualquier caso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aclaró que la regulación del teletrabajo en la Administración pública no compete en el marco de la nueva Ley de trabajo a distancia que se está ultimando para el ámbito privado.

Sobre esta negociación, los sindicatos están a la espera de la respuesta del Ministerio de Trabajo a sus observaciones al último borrador del Ministerio, en el que el Gobierno eleva del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa.

Dicho borrador también apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad «solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa» y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Igualmente, recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos.