El Congreso reclama un nuevo régimen sancionador para VTC con castigos más duros

El PSOE respalda una iniciativa de Unidas Podemos que plantea al Gobierno revocar las autorizaciones si se reiteran infracciones

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha reclamado este martes al Gobierno que presente un nuevo régimen de infracciones y sanciones para los vehículos de alquiler con conductor VTC, con multas más duras por su «intrusismo» frente al taxi, y estudiar como posibles medidas la inmovilización del vehículo o la revocación de la autorización para circular.

Así, la Comisión ha aprobado sin votos en contra una proposición no de ley de Unidas Podemos, respaldada por el PSOE, Esquerra Republicana y Junts. El PP, Vox, Ciudadanos y el PNV han optado por abstenerse.

La iniciativa llama al Gobierno a cumplir con el decreto ley de septiembre de 2018 y presentar ante las Cortes un proyecto de ley para modificar el régimen de infracciones y sanciones para las VTC que «permita perseguir las conductas que ponen en riesgo el servicio público de taxi por medio del intrusismo y de prácticas monopolistas».

Asimismo, reclama analizar las sentencias del Tribunal Supremo que anularon la obligación a las VTC de notificar sus servicios en un registro electrónico para endurecer las infracciones y tipificar nuevas en relación al incumplimiento de otras condiciones del servicio.

En este sentido, el texto aprobado por la Cámara Baja pide estudiar la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Finalmente, exige garantizar que los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones competentes «puedan sancionar adecuadamente» posibles incumplimientos de estos vehículos VTC sobre hoja de ruta, el retorno a la base, la restricción de circulación, su pre-contratación, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios, y especificaciones técnicas del vehículo.

Para defender la iniciativa, el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral ha reivindicado la necesidad de «reforzar el régimen sancioandor de este tipo de empresas» y garantizar que estas «se van a aplicar», pues estas «empresas disruptivas» cometen, ha dicho, «abusos sistemáticos» y «se niegan sistemáticamente a cumplir la legalidad».

Daniel Viondi, del PSOE, ha criticado que las prácticas de determinadas empresas de VTC se han amparado en la «alegalidad e intrusismo» por la «dejación de funciones» de gobiernos autonómicos, señalando la Comunidad de Madrid –concentra el 50% de las autorizaciones , ha dicho–. Asimismo, ha dicho que estos servicios «actúan sin normas, sin precios ni horarios» y sus trabajadores «sin derechos, porque viven en una situación de indefensión ante la patronal».

Por parte del PP, la diputada Elena Castillo ha reconocido compartir «en gran medida» el contenido de la iniciativa presentada por Unidas Podemos, pero ha lamentado las alusiones al «intrusismo» o a la «elusión fiscal», aseveraciones que María Muñoz, de Cs, ha calificado encuadrado en una «criminalización de las VTC». «No conseguiremos un taxi potente y competente levantando barreras y echando competidores», ha esgrimido.

Ferrán Bel, de Junts, ha señalado que Unidas Podemos presenta esta iniciativa estando en el propio Gobierno: «¿Cuántas veces ha planteado en el Consejo de Ministros un ministro de Podemos la necesidad de modificarlo?», se ha preguntado, señalando que, respecto a la obligación de hacerlo, se está «fuera de plazo», pero pidiendo «que no se engañe al sector»: «La patata caliente está donde tiene que estar y se tiene que resolver», ha concluido