Nueve industrias de Cantabria recibirán 3,38 millones de compensación de emisiones de CO2
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha destacado la concesión de 3.381.540 euros a nueve instalaciones industriales de Cantabria dentro del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha hecho pública la lista provisional de propuestas seleccionadas en la convocatoria de 2019, dotada con 61 millones y que ha distribuido a un total de 204 solicitudes.
Quiñones ha celebrado esta medida, con la que se apoya a la industria y se refuerza la competitividad de las empresas más intensivas en el consumo de electricidad y, por tanto, más sensible a los costes energéticos.
“Con esta convocatoria el Gobierno cumple su compromiso de apoyar a los sectores industriales más afectados por los costes de la electricidad”, ha señalado la delegada del Gobierno en Cantabria.
En el cómputo global, Cantabria es la séptima comunidad autónoma que recibe más fondos de este mecanismo, con el 5,54% del total nacional.
Las propuestas seleccionadas en Cantabria son las siguientes:
- Ferroatlántica de Boo S.L.U.: 819.000
- Global Steel Wire S.A. : 719.323 €
- Sidenor Forgings & Castings S.L.U. : 199.290 €
- Sidenor Aceros Especiales S.L. : 471.340 €
- Solvay Quimica S.L. : 164.700 €
- Textil Santanderina S.A.: 16,410 €
- Derivados del Flúor S.A. : 254.310 €
- Columbian Carbon Spain S.L. : 318.540 €
- Asturiana de Zinc S.A. : 882.270 €
TOTAL: 3.381.540 €
Quiñones ha indicado que estas propuestas de compensación se encuentran sujetas a las posibles alegaciones de las empresas, así como a la debida contestación a los requerimientos de información exigidos en algún caso.
Concluido el periodo de alegaciones, el gabinete dirigido por Reyes Maroto evaluará las mismas y la información recibida y propondrá propuesta definitiva de ayudas.
Estas ayudas están reguladas por el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se creaba el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, que fue prorrogado hasta 2020.
