El comité de empresa de Alcoa prevé presentar la cautelar contra el ERE esta semana

Inspección de Trabajo se reúne este jueves con los representantes de los trabajadores antes de que la empresa pueda aplicar los despidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14

El comité de empresa de la fábrica de Alcoa en Cervo (Lugo) prevé la presentación de la medida cautelar contra el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores esta semana, a la espera de dos informes que aporten unas «bases muy sólidas» al documento.

Pendientes también de una nueva reunión de la mesa multilateral con la Xunta y el Ministerio de Industria, el encuentro este jueves lo tendrán con Inspección de Trabajo, a las 16,00 horas, y «antes la compañía no puede hacer nada» en cuanto a la aplicación de los despidos.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, tener que recurrir a la vía judicial para frenar este despido colectivo para la factoría de A Mariña, ya que, según advierte, «esto ya es un problema político».

Así las cosas, urge la intervención por parte del Gobierno, y avisa que «los políticos tienen que hacer su trabajo y no decir a los sindicalistas lo que tienen que hacer».

En cualquier caso, su objetivo con la cautelar, que registrarán en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), es «sentar precedente» y para ello la medida cautelar «tiene que estar muy bien fundamentada».

VENTA E INTERVENCIÓN

Tras frustrarse la venta a Liberty House y también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la multinacional Alcoa anunció su intención de aplicar el despido colectivo para 524 empleados de la planta de aluminio, en la que quiere hibernar las cubas de electrolisis.

Este mismo martes, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, consideró que la impugnación del ERE presentado por Alcoa en su planta de aluminio de San Cibrao supondrá el «primer paso» para garantizar la viabilidad de la planta y el empleo.

Por su parte, el PSOE, el PP y el BNG pactaron en el Congreso una enmienda transaccional para instar al Gobierno a contemplar la intervención pública temporal «a la mayor brevedad posible» de la fábrica.