El Gobierno sacará a concurso nuevamente uno de los permisos de investigación de zinc

El Gobierno de Cantabria volverá a sacar a concurso el permiso de investigación de zinc de 120 cuadrículas mineras en los municipios de Reocín, Cartes, Suances, Santillana del Mar, Mazcuerras y Torrelavega, denominado permiso Salia, pero lo hará cuando se resuelvan todos los recursos judiciales (el de Atalaya contra la adjudicación del permiso a Cantábrica del Zinc y el de este grupo por la rescisión de la concesión) porque considera «sensato esperar».

Así lo ha señalado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Francisco Martín, quien ha explicado que mientras tanto, la empresa Slipstream, que ha ubicado su sede en Alfoz de Lloredo, tiene tres años por delante, continúa desarrollando su plan de investigación y para el año 2021 plantea una inversión de 1,5 millones de euros del total de cuatro previstos.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado del PP Roberto Media, que ha acusado al Gobierno de «mentir como bellacos» y «vendernos una moto que no tiene ni ruedas», generando falsas expectativas en torno a la explotación de zinc en la comarca del Besaya y la creación de 2.000 puestos de trabajo.

Martín ha defendido que «el zinc sigue estando ahí», aunque los primeros sondeos no hayan respondido a las expectativas de AZSA, y que sigue habiendo interés de las empresas por hacerse con permisos de investigación.

Ha añadido que el Gobierno hizo un concurso «absolutamente legal», al que concurrieron siete empresas, y ha actuado «con diligencia» al retirar el permiso Salia a Cantábrica del Zinc por incumplimiento de las obligaciones de la concesión.

El consejero ha argumentado que el Gobierno «hizo lo que tenía que hacer» ante el interés de las empresas por explotar este mineral en el subsuelo de Cantabria y lo que podía suponer para la comarca del Besaya y para el puerto.

«El Gobierno trabajó con mucha ilusión y mucho riesgo, pero no le ha costado ni un solo euro; el zinc sigue estando ahí y el tiempo dirá», ha añadido tras defender que se trata de una «potencialidad» de Cantabria y que «no es una cuestión de una legislatura».

El Gobierno denegó la prórroga del permiso Salia a Cantábrica del Zinc, sociedad formada por la empresa canadiense Emérita Resources, la española Aldesa, y otros socios minoritarios, porque de los 125 sondeos previstos, había realizado seis en el momento de la solicitud de la prórroga, y de los 17 millones de inversión comprometidos, había ejecutado 1,2 millones.

Transporte por carretera

En el Pleno, el consejero también ha hablado del estado de las líneas de transporte por carretera concesionadas en Cantabria a raíz de una interpelación del grupo mixto-Vox sobre la de Castro Urdiales-Laredo-Santander.

Vox se ha quejado del servicio que presta esta línea, con horarios que, a su juicio, no favorecen la demanda y que, según ha señalado su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, hacen, por ejemplo, que sea «materialmente imposible» que los castreños puedan ir por la mañana a una consulta al hospital Valdecilla y volver a su municipio al mediodía.

Tampoco, a su juicio, el servicio que se ofrece permite que el personal del hospital de Laredo puedan ir y volver en autobús al trabajo o que una persona pueda acudir a visitar a un enfermo por la tarde y volver por la noche.

El consejero ha indicado que se mantienen 24 expediciones semanales en la línea Santander-Laredo-Castro Urdiales y 56 en la de Castro-Laredo-Hospital de Laredo y ello pese a la caída de pasajeros que han sufrido esta y el resto de líneas a raíz de la pandemia del COVID-19.

Martín ha explicado que «a día de hoy no se ha recuperado», lo que –ha dicho– está generando un «problema de recaudación importante» en las compañías operadoras, que sufren, según ha dicho, un «desequilibrio patrimonial brutal» en las compañías operadoras que están poniendo incluso en peligro su supervivencia si no reciben ayudas.

De hecho ha asegurado que «no sabe» si algunas «llegarán a final de año» si no se aplican ayudas directas.

«El problema gordo es de millones, no de frecuencias», ha afirmado Martín, que ha recordado que por parte del Gobierno de España se ha anunciado que se destinará un fondo de 800 millones de euros para compensar las pérdidas del transporte, de los que a Cantabria le corresponderán unos 6.

Sin embargo, ha explicado que no se trata de fondos finalistas, algo que, a su juicio, ha sido un «error grave». Por eso, Martín ha señalado que ahora Cantabria está a la espera de que el Gobierno de España les indique cómo hacer que esos millones se traduzcan en ayudas que lleguen al sector.

Respecto al futuro del sistema de transportes por carretera en Cantabria, Martín ha abierto la puerta a uno en que haya un «equilibrio» entre un transporte regular y otro «a demanda», sobre todo para atender las necesidades de las zonas con riesgo de despoblación.

En este sentido, ha señalado que en el diseño del Plan de Movilidad Sostenible de Cantabria se tratarán de identificar las necesidades existentes y las formas de darles respuesta.

Por otra parte, el consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, ha anunciado en el Pleno que su departamento adelantará el 70% de las ayudas de la PAC a todos los solicitantes con derecho a recibirlas en la primera quincena de noviembre.

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta del PP, que critica que el Gobierno de Cantabria «siempre paga tarde y mal».

El consejero ha replicado que «estamos en plazo» hasta el 30 de noviembre, y ha destacado que a diferencia de otras comunidades autónomas, que «se apuntan a pagar a unos pocos», Cantabria va a adelantar el 70% de las ayudas «a todos al tiempo».