UNA ECONOMIA INSOSTENIBLE
EL MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES
Torrelavega es la novena ciudad española donde menos personas con edad de trabajar lo hacen. Santander es la décima. Apenas 52 personas de cada cien que tienen más de 16 años y menos de 65, cuando hay ciudades de la periferia de Madrid en las que se alcanzan las 74 y en varios países europeos se supera el 70%. En total, la comunidad autónoma apenas tiene 220.157 ocupados, si incluimos a quienes están en ERTE a consecuencia de la crisis del coronavirus y que presumiblemente volverán a sus empleos.
Ni siquiera en condiciones normales, esos trabajadores pueden sostener con sus impuestos y cotizaciones sociales (también de las empresas) a nada menos que 141.356 pensionistas, 32.232 empleados públicos, casi 10.000 desempleados que cobran prestación, 5.863 familias que reciben el salario social y que presumiblemente recibirán el Ingreso Mínimo Vital… Para conseguirlo, cada trabajador de la región tendría que generar riqueza para sostener a su familia y a otra más vía impuestos, una productividad por empleo totalmente inviable. Solo se mantiene generando deuda pública.
La crisis ha multiplicado la constelación de beneficiarios del dinero público, con los ERTEs, las ayudas a los autónomoss, a los fabricantes y vendedores de coches, a las familias que no pueden pagar la calefacción…
Cuando en el futuro se analice esta época quizá no les llame la atención cómo podía sostenerse económicamente una comunidad con tan escaso porcentaje de población productiva, porque para entonces es muy probable que trabajen unos pocos (o quizá los robots) y cobre la mayoría de las familias, pero a día de hoy es el milagro de los panes y los peces. En Santander y Torrelavega solo trabajan, o tienen intención de hacerlo si encuentran un empleo, 52 personas de cada cien con más de 16 años. El porcentaje aún sería inferior si se excluyen los inmigrantes extranjeros, que tienen una tasa de actividad mucho más elevada.
Con esas condiciones de partida, cuando, en lo más duro de la crisis del coronavirus, Cantabria ha llegado a tener 40.000 personas en ERTE, cada trabajador que seguía en su puesto físico o por vía telemática debía, en teoría, generar dos salarios, el suyo (tanto el presente como el futuro, en forma de cotización para su pensión) y el de otra persona o familia cuyos ingresos procedían de las arcas públicas.
Los 220.000 ocupados cántabros tenían que generar rentas para pagar a 141.000 pensionistas, 50.000 perceptores del desempleo (40.000 por ERTEs), 32.000 trabajadores públicos (que también se incluyen entre los ocupados), casi 6.000 familias que perciben la renta social básica, 17.000 prestaciones de dependencia, los más de 6.000 trabajadores que los ayuntamientos contratan con los 27 millones de euros que les subvenciona el Gobierno de Cantabria, a los trabajadores que se encuentran de baja, el mantenimiento de los reclusos…
Es dinero que sale de lugares diferentes pero siempre del erario público, a través de impuestos o cuotas a la Seguridad Social, y no hay que hacer muchos cálculos para concluir que ese milagro solo es posible generando deuda a una velocidad asombrosa.
Quizá era lo único que se podía hacer, pero a esa fiesta del gasto público se han sumado con enorme entusiasmo otras administraciones. Probablemente sea la única política en la que no ha habido ningún tipo de debate ideológico, porque resulta políticamente incorrecto oponerse a las ayudas. Todos los ayuntamientos y todos los partidos han querido significarse en sus acciones de socorro y tanto las administraciones autonómicas como las locales han arrimado el hombro.
Todo un vademécum de ayudas
La empresa pública Sodercan ha lanzado dos campañas de ayudas a los autónomos, que han cobrado un cheque cada semana mientras han estado cerrados e incluso cuando han abierto. Para el llamado Cheque Resistencia ha reservado 10 millones de euros, con los que entrega entre 150 y 300 euros semanales a cada autónomo (la cuantía varía según el número de trabajadores a su cargo) que a finales de mayo estaban cobrando casi 5.000 solicitantes. La segunda línea, el Cheque Autónomo, lo podrán recibir los aproximadamente 30.000 trabajadores por cuenta propia de la comunidad, y se trata de una paga única de 286 euros.
Cantur ha regalado a los hoteleros entradas a sus establecimientos por valor de varios millones de euros, para que incentiven con ellas a sus clientes; casi todos los ayuntamientos han aprobado ayudas para los autónomos. El de Santander ha cedido gratuitamente sus aceras a los hosteleros y ha establecido cheques de hasta 1.200 euros para que los autónomos puedan afrontar parte del pago de los alquileres; otros, como Piélagos, subvencionan con un euro cinco de compra que los particulares realicen en tiendas de su municipio.
Una ayuda histórica
Nada de eso es comparable con el gasto que han asumido el Estado y la Seguridad Social, a pesar de que hace tiempo solo puede pagar las pensiones pidiendo créditos. Un esfuerzo histórico, al acoger temporalmente a casi tres millones de trabajadores en ERTE y exonerar en la mayor parte de los casos a las empresas de seguir pagando cotizaciones sociales por ellos, al contrario de lo que ocurre en los ERTEs habituales. En Cantabria llegaron a rozarse los 40.000 trabajadores con el contrato suspendido, que cobraban el desempleo y por los que la Seguridad Social también dejó de ingresar. De ellos, unos 30.000 ya se habían reincorporado al trabajo en julio, pero las empresas están preocupadas por el otoño, y la propia patronal está pidiendo que se extiendan los ERTEs. En hostelería ya hay quien reclama que se mantengan hasta el verano próximo, lo que supondría que el Estado se hiciese cargo durante todo un año de las plantillas del sector.
Los ERTEs probablemente hayan sido el mecanismo económico extraordinario más caro que se ha puesto en marcha en la historia de España (en Cantabria han supuesto un coste hasta ahora de más de 150 millones de euros), pero han tenido un efecto salvífico para la paz social y para el mantenimiento de las empresas. Los trabajadores regulados han seguido cobrando y las empresas, que habrían quebrado por decenas de miles, han superado una situación crítica, hasta el momento. Todavía está por ver lo que ocurra al finalizar los ERTEs.
Aunque la merma económica del trabajador afectado no ha sido elevada y el desempleo consumido no se le computará en caso de perder el empleo en el futuro, el Gobierno de Cantabria ha añadido una ayuda complementaria de hasta 200 euros a la mayoría de estos trabajadores, que prácticamente allanará del todo ese bache económico familiar, y que le han supuesto otro desembolso de 5,2 millones de euros.
Las ayudas para los autónomos
Durante las primeras semanas del confinamiento los partidos y los medios de comunicación pusieron el foco en la situación preocupante de los autónomos, y son los empresarios en los que más parecen haber pensado las distintas administraciones, porque se han establecido varios tipos de medidas de socorro que, por lo general, son acumulables.
La Seguridad Social ha pagado, a través de las mutuas, una prestación a los autónomos que, desde que se declaró el estado de alarma, perdieron todos sus ingresos o se redujeron en un 75%. De los primeros, han sido beneficiarios de estas pagas mensuales 10.378 autónomos cántabros y entre los segundos, 8.230. De media han cobrado por esta prestación (que no es incompatible con las recibidas de Sodercan) 1.182 euros al mes, frente a los 897 de media nacional. La factura para las arcas públicas (las mutuas, que han hecho el desembolso, son unas meras entidades colaboradoras) ha sido de 22 millones de euros al mes solo en Cantabria.
Las ayudas se han concedido en esta ocasión con muy poca tramitación y menos control, porque la premura para socorrer la economía de estas personas impedía hacer otra cosa. El dato divulgado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a comienzos de junio, en el que aseguraba que el 91% de los autónomos cántabros nunca dejó de trabajar o lo estaba haciendo en esa fecha, parece incompatible con el porcentaje de personas que estaban cobrando la ayuda, pero nadie ha puesto mucho empeño en averiguarlo.
Por qué las pensiones son más altas
El último día de mayo había en la comunidad autónoma de Cantabria 141.356 pensionistas, un número que crece deprisa en una comunidad que, sin embargo, no gana población, lo que significa que cada vez es mayor la proporción de pasivos. Cada uno cobra de media 1.067 euros, pero hay que tener en cuenta que en el cálculo de este promedio se incluyen las pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar, que son de menor cuantía, y las de incapacidad permanente. Si se tuviesen en cuenta únicamente las pensiones de jubilación, la media en Cantabria sería de 1.236 euros mensuales, una de las más altas de España, porque la mayor tradición industrial del norte del país también dio lugar a contribuciones más elevadas y en la industria se empezó a cotizar antes que en otras ramas de la economía.
Las empresas no han recibido ayudas directas pero el Estado se ha volcado en autorizarles ERTEs, para descargarles temporalmente del coste de las plantillas, y un auténtico manguerazo de liquidez, a través de los créditos ICO. En Cantabria, a comienzos de junio ya se habían concedido 4.580 créditos de este tipo, por importe de 563 millones de euros. Hay empresas que han pedido uno en cada entidad financiera que se lo ha concedido.
Frente a las subvenciones a fondo perdido a los autónomos, es un dinero que habrá que devolver, aunque con unas condiciones extraordinariamente favorables, tanto en tiempo como en tipo de interés. Pero a la vista de lo ocurrido en el pasado, caben serias dudas sobre cuánto se devolverá. Según un informe del Banco de España sobre los créditos ICO que puso en marcha Zapatero en 2010 y continuó Rajoy hasta 2012 para soslayar las penurias de liquidez que pasaban las empresas al cerrar los bancos el grifo de los créditos, el 83% fueron fallidos. Es decir, que solo se devolvieron uno de cada cinco.
En aquella ocasión, el Estado asumió el riesgo al 100%, porque eran operaciones que la banca había rechazado. Esa la mala experiencia –unida a una situación de endeudamiento privado mucho menor– le ha llevado ahora a implicar a la banca en el riesgo, aunque sea con un modesto 25%. Con toda seguridad, los bancos pondrán más empeño en evitar el escandaloso porcentaje anterior de fallidos.
En Cantabria, a su vez, el Gobierno regional ha habilitado otra línea de préstamos específicos para las empresas culturales, por importes de entre 6.000 y 24.000 euros, que afianzará en un 80%.
La catarata de ayudas, en un momento en que en las administraciones públicas aún se teletrabaja y están muchos funcionarios de vacaciones, ha tenido una gestión muy dificultosa y una verificación escasa.
No es fácil que se repita un descontrol como el la catástrofe del Prestige, cuando Cantabria gastó cinco veces más que Asturias, a pesar de tener menos costa, pero se ha creado un enorme globo que todo el mundo espera resolver con el dinero que llegue de Bruselas. El problema es que nadie sabe a día de hoy cuánto le corresponderá a cada autonomía y hasta qué punto ese dinero estará condicionado a un fin concreto. La estadística del PIB invita a pensar que a Cantabria llegarán unos 1.000 millones de euros a fondo perdido (el 1,2% del total), pero es evidente que el Estado (que es el que más gasto extraordinario ha hecho) se va a quedar con gran parte de los 70.000 millones que Bruselas entregará a fondo perdido. Y el cuento de La Lechera sobre lo que iba a llegar a Cantabria ya salió muy mal con el Prestige. El gasto entonces fue de 30 millones de euros. La factura que deje la Covid hará que esa cantidad parezca insignificante.
