BBVA prevé una caída del PIB del 11% este año, nuevas olas antes de la vacuna y crecimiento del 6% en 2021

BBVA Research señala que España va a cerrar 2020 con la peor recesión económica desde el final de la Guerra Civil por la pandemia del Covid-19, con una caída del PIB de alrededor del 11% y siendo «muy probable» nuevas olas antes de la vacuna, si bien apunta que sus efectos pueden ser «más transitorios» y la «recuperación «más rápida», augurando un avance económico del 6% el próximo año.

Así lo señala el economista jefe para España de BBVA Research, Rafael Doménech, en un análisis sobre la economía española publicado este lunes, en el que indica que tras un descenso del PIB del 22,1% en el primer semestre, en el tercero creció un 16,5%, por lo que la actividad se sitúa ya un 9,1% por debajo de la observada a finales de 2019.

Doménech explica que aunque a corto plazo la recuperación se está viendo afectada por las restricciones de movilidad y de actividad asociadas a la segunda ola que está experimentado Europa, previsiblemente sus efectos económicos «no serán comparables a los de la primera».

Eso sí, advierte de que «una vez aplanada la curva de contagios y recuperada la senda de la recuperación, es muy probable que se tenga que hacer frente a nuevas olas» antes de que, previsiblemente, las vacunas contra la Covid-19 se distribuyan masivamente entre la población española y europea durante el primer semestre de 2021.

«Todavía quedan muchos riesgos por delante y la recuperación no será completa el próximo año», apunta Doménech, quien detalla que las previsiones de BBVA Research apuntan a que España crecerá un 6% en 2021.

REESTRUCTURACIONES Y RIESGOS GEOPOLÍTICOS

Junto al riesgo sanitario, considera que, en el terreno económico, habrá que gestionar bien los procesos de reestructuración de aquellas empresas con problemas de sostenibilidad de la deuda, y las tensiones financieras que puedan surgir en algunas economías emergentes.

También avisa de que se pueden materializar riesgos en el escenario internacional asociados a tensiones comerciales, geopolíticas, políticas y sociales, si bien «el entorno global permite que la recuperación de la economía española pueda proseguir y que su velocidad dependa casi exclusivamente del acierto con el que las políticas nacionales y las empresas y los hogares gestionen la salida de la crisis».

En este sentido, subraya que las expectativas apuntan a que se producirá una mejora gradual de la situación sanitaria a medida que se distribuyan las vacunas, a que los bancos centrales y las autoridades fiscales continuarán con los estímulos el tiempo necesario hasta que se recuperen los niveles de actividad anteriores a la crisis, y a que los mercados mantengan las tensiones financieras en niveles muy controlados.

CONSENSOS, FONDOS UE Y CONSOLIDACIÓN FISCAL

«Ante este contexto favorable, la recuperación de la economía española depende fundamentalmente de nosotros mismos», ha indicado, tras pedir alcanzar consensos que sean lo más amplios posibles sobre una agenda de reformas, en línea con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea a España, al ser una condición «imprescindible» para la solicitud de las ayudas europeas.

Asimismo, insta a maximizar los efectos de los fondos europeos con un «buen diseño» y una selección de proyectos, potenciando su multiplicador fiscal, la colaboración público-privada, la concurrencia entre proyectos y su ejecución rápida y eficiente.

Igualmente, demanda generar «confianza y certidumbre» con unos Presupuestos Generales del Estado «consistentes con una hoja de ruta a medio y largo plazo clara y transparente sobre la senda de consolidación fiscal y de tributos, que facilite la planificación de las decisiones de largo plazo de empresas y de agentes económicos».

A su juicio, el debate sobre la reducción del déficit público se centra habitualmente en la disyuntiva entre recortar el gasto y aumentar los impuestos, dejando al margen la estrategia de consolidación «más prioritaria y efectiva» a medio y largo plazo, que pasaría por aumentar el crecimiento potencial y reducir el desempleo estructural.

Por último, pide proteger el tejido productivo y facilitar una reestructuración «eficiente y ágil» de aquellas empresas viables que lo necesiten, con mecanismos extrajudiciales «flexibles y rápidos», y evitar generar incertidumbres con cambios en las regulaciones de los mercados de trabajo, bienes y servicios, que perjudican la inversión y la creación de empleo.