Pensionistas se movilizan en Euskadi y critican los «límites de los PGE a una subida general»

Realizan marchas en las tres capitales vascas contra las recomendaciones del Pacto de Toledo y anuncian que seguirán «en la lucha»

BILBAO, 5

Los pensionistas vascos se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas y en decenas de localidades de Euskadi para reclamar unas pensiones «dignas, justas y suficientes» y denunciar, tanto las recomendaciones del Pacto de Toledo que consolidan «recortes», como los «límites» que establecen los Presupuestos Generales del Estado a la «subida general de las pensiones».

En Bizkaia, la principal movilización se ha desarrollado en Bilbao, donde a las doce del mediodía ha partido una manifestación desde la plaza Moyúa, que ha concluido ante el Ayuntamiento de Bilbao, el lugar en el que habitualmente se concentran los pensionistas todos los lunes.

La marcha de Bilbao, que ha congregado a casi 3.000 personas, según datos de los organizadores, ha sido la más multitudinaria de las celebradas este sábado, una jornada de frío y lluvia en Euskadi. Junto a Bilbao, otras localidades vizcaínas han sido escenario de manifestaciones, como Balmaseda, Sodupe, Trapagaran, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Mungia, Gernika, Ondarroa, Basauri, Galdakao, Durango y Elorrio.

También a las doce del mediodía ha partido la marcha convocada por los pensionistas alaveses, en este caso desde el Artium hasta la plaza de la Virgen Blanca, con la participación de alrededor de 300 personas. En San Sebastián, se han dado cita en el Ayuntamiento donostiarra, de donde han partido los manifestantes por las calles de la capital guipuzcoana.

En el transcurso de las marchas, se han podido escuchar gritos de «un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar», las pensiones «se defienden» y denuncias de «miseria laboral». Los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer: «No a los recortes del Pacto de Toledo» o «pensiones públicas dignas».

Con estas nuevas movilizaciones, los pensionistas han manifestado su rechazo a la decisión adoptada en el Congreso de ratificar las Recomendaciones del Pacto de Toledo y rechazar los votos particulares de partidos como ERC, EH Bildu, BNG, Compromís o Más País Equo.

A su juicio, las recomendaciones del Pacto de Toledo han puesto en evidencia «la gran mentira» de que la Seguridad Social Pública es «insostenible y la imposibilidad de revalorizar las pensiones con el IPC».

Según han denunciado los pensionistas, se trata de un discurso que ha sido «magnificado interesadamente por los grandes poderes económicos alentando, al mismo tiempo, el impulso de los fondos privados de pensiones individuales o colectivos».

Sin embargo, han criticado que, entre esas recomendaciones, no se recogen algunas de sus reivindicaciones como una pensión mínima de 1.080 euros; derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados; medidas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, o el aumento hasta el 100% de la base reguladora de la pensión de viudedad como única fuente de ingresos.

Asimismo, han criticado que no se recojan «medidas imprescindibles» para promover «empleos dignos, que garanticen pensiones dignas». «No se derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 ni se establece un SMI de 1.200 euros previsto en la Carta Social Europea. Siguen vigentes el factor de sostenibilidad y la reforma de pensiones de 2011 e incluso se abre la puerta a nuevas reformas; a penalizar la jubilación anticipada y endurecer las condiciones de acceso al 100% de la pensión y a impulsar planes privados de pensiones con dinero público», han denunciado.

PGE

Asimismo, se han mostrado críticos con los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado jueves en el Congreso y, al margen de las «consideraciones del contexto político en el que se dan», han mostrado su «insatisfacción».

En concreto, han criticado los «límites» que, a su juicio, se establecen en las cuentas estatales a una «subida general de las pensiones, y que son, en el caso de las más bajas contributivas, un 0,8% y para las no contributivas un 1,8%, «quedando así reducidas estas a 402,70 euros mensuales». Ademas, han denunciado que, de igual modo, el SMI «queda de momento tal como está en 950 euros al mes».

Los pensionistas han señalado que «la pelota de esta lucha» está en los Gobiernos. «Los Gobiernos lo puede hacer, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, pero no lo quieren hacer porque no hay voluntad política», han añadido.

Ante esta situación y después de 34 meses y medio de movilizaciones ininterrumpidas, los pensionistas han anunciado que seguirán realizando, en las próximas semanas e incluso meses «si es preciso», concentraciones todos los lunes, manifestaciones y otras iniciativas de protesta social «aún más fuertes», buscando «la colaboración y apoyo social más amplio posible en defensa de unas pensiones públicas, empleos y salarios dignos».