Unión de Uniones denuncia que el precio de los alimentos no elaborados aumenta cuatro veces más que el IPC

Cree que la Ley de la cadena alimentaria debe incluir la definición de posición de dominio y la reventa a pérdidas

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la publicación de los datos del INE sobre el IPC del mes de enero, ha denunciado el mantenimiento de los altos precios de la alimentación durante la pandemia, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria señala que los precios de los alimentos sin elaboración en enero muestran un incremento de 2,5 puntos respecto al año pasado, lo que implica una diferencia más de cuatro veces superior respecto al índice general, que muestra un incremento de 0,6 puntos. Por su parte, los alimentos elaborados se sitúan en 0,8 puntos por encima del año pasado.

Estos datos, que coinciden con la tercera ola de la pandemia, constatan, según Unión de Uniones, con la tendencia alcista de los precios de la alimentación desde que se decretase el estado de alarma y que llegaron a situarse en abril en valores cercanos a los 7 puntos en el caso de los alimentos no elaborados.

Canarias (2,9 puntos), Galicia (2,7 puntos) y País Vasco (2,6 puntos) fueron las comunidades autónomas con los precios de los alimentos no elaborados más altos en 2020 respecto a las cotizaciones del año anterior (datos de diciembre).

Por el contrario, la organización ha destacado que solo en La Rioja y Murcia los precios de los alimentos no elaborados se mantuvieron por debajo de la tendencia del IPC general regional.

Unión de Uniones ha asegurado que debe «ponerse coto de una vez a la especulación» en los mercados agroalimentarios para así proteger tanto a los consumidores como a los productores, que son los dos eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria y evitar que sigan incrementando sus beneficios incluso en las circunstancias más adversas para los ciudadanos y en situación de crisis para la agricultura y la ganadería.

En este sentido, la organización considera que la ley sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria debe incluir, entre otras cuestiones, la definición de posición de dominio y la reventa a pérdidas.