El consejero de Industria, Javier López Marcano, ha recibido en su despacho del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) al director de la fábrica de Boo, Alberto Fuentes, y a quien a partir del lunes le sustituirá en el cargo, Juan Luis Bernardo, que han informado de este proyecto que prevé una inversión de 14,5 millones de euros.

Fuentes y Bernardo también han trasmitido a Marcano el «grave problema» que padecen las empresas electrointensivas y la necesidad «urgente» de mejorar la competitividad del suministro eléctrico, que en Ferroatlántica supone el 30 por ciento del coste de producción.

Los responsables de Ferroatlántica proponen desarrollar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo con dotaciones económicas, aplicaciones con reducciones del 90 por ciento a peajes de acceso y cargos para los consumidores electrointensivos.

También proponen compensar el cien por cien de los costes indirectos del CO2, eliminar de forma permanente medidas fiscales, como el impuesto del 7 por ciento a la producción de electricidad, y consolidar y reforzar el Servicio de Gestión de la Demanda de Interrumpibilidad.

El consejero ha trasmitido a Fuentes y a Bernardo el apoyo del Gobierno a estas reclamaciones ya que, de mantenerse el diferencial del precio final de la electricidad con respecto a los países del entorno europeo, «pueden producirse traslados de producción a otros países» donde se tienen instalaciones con costes de energía inferiores.

El precio de la electricidad constituye el principal elemento diferenciador de Ferroatlántica con el resto de las empresas europeas con las que compite, ya que en España es «mucho más alto» debido a la disminución de las ayudas que estaban establecidas, como la retribución por interrumpibilidad, que se ha reducido en un 99,14 por ciento.

En la reunión con Marcano, Fuentes y Bernardo han informado de que el proyecto de descarbonización de los gases de salida de los hornos será presentado ante el Gobierno de España como ‘Expresión de interés relativa a energías renovables’, primer paso para que pueda ser financiado con fondos europeos.

PROYECTO

El proyecto, con una inversión de 14,5 millones de euros y un plazo de ejecución entre 25 y 30 meses, propiciará un aumento de la resiliencia económica y social, ya que mejoraría la competitividad de la empresa a largo plazo, así como la del empleo.

La idea es aprovechar el poder calórico de los gases de los hornos que se pierden al quemarse en la atmósfera sometiéndoles a un proceso de combustión con el gran calor generado para producir vapor que se aprovecharía en una turbina para generar electricidad.

Según los datos de la empresa, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono se elevaría a 300.000 toneladas de CO2, además de la disminución de emisiones de partículas. El proyecto, con un componente de I+D+i, tiene la colaboración directa de la Universidad de Cantabria para desarrollar mejoras y nuevas aplicaciones.

Los directores generales de Innovación, Jorge Muyo, y de Industria, Daniel Alvear, también han estado presentes en la reunión y estudian las características del proyecto para intentar aplicar al mismo las diferentes ayudas económicas establecidas en las convocatorias destinadas a las empresas de Cantabria.

«VULNERABLE» AL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

Los directores saliente y entrante de Ferroatlántica han explicado a Marcano que con una facturación de 100 millones de euros, una plantilla de 170 trabajadores y un empleo indirecto que afecta a 450 personas, la empresa contribuye «de forma significativa» al desarrollo económico y social de Cantabria, así como a la eficiencia energética, seguridad y flexibilidad del sistema eléctrico nacional.

Pero como consumidor electrointensivo es «vulnerable al precio de la energía eléctrica» y está expuesta a una competencia internacional con un coste energético «mucho más barato», que junto a «la enorme incertidumbre regulatoria hace imposible adoptar estrategias a largo plazo, tanto en el suministro de energía eléctrica como en las relaciones con los clientes».

Ambos directivos han señalado que el estatuto del consumidor electrointensivo no soluciona el problema al ofrecer una «mínima» bonificación y que es «urgente» aplicar políticas de apoyo a la industria electrointensiva similares a las de Francia y Alemania, que disponen de esquemas de exención compatibles con las directrices de la Unión Europea.