El PP plantea incentivos fiscales y agilizar trámites para aumentar la oferta de vivienda y bajar el alquiler

El PP ha planteado en el Congreso una batería de medidas con incentivos fiscales, cambios normativos y agilización de trámites para movilizar toda la oferta de vivienda y aumentar el parque de vivienda de alquiler.

Todo ello en una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, recogida por Europa Press, en la que atribuyen a la escasez de oferta los elevados precios, y piden al Gobierno analizar por qué persiste un problema cuando la crisis turística provocada por la pandemia de Covid-19 ha aumentado la disponibilidad de viviendas.

Ante ello, llaman a incorporar con incentivos como seguros de alquiler o incentivos fiscales estos inmuebles vacíos y vacantes que se dedicaban al alquiler y aumentar las deducciones para los propietarios por el alquiler de vivienda para residencia habitual, especialmente a jóvenes o mayores de 65 años con bajos ingresos.

También abogan por aumentar las deducciones por inversiones en obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en viviendas de alquiler y fraccionar el pago del IVA para la compra de primera vivienda para incentivar la compra.

AGILIZAR TRÁMITES EN CONCESIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

Junto a ello, el PP presenta una batería de propuestas para configurar un nuevo marco urbanístico y agilizar los trámites administrativos, y plantean reforzar la seguridad jurídica con una política de lucha contra la ocupación ilegal, particularmente de las viviendas sociales.

En este sentido, el PP pide cambios normativos para agilizar el otorgamiento de licencias de obras «de manera inmediata» en «áreas tensionadas» para que «las obras que estén en construcción produzcan viviendas de rápida incorporación al mercado» y agilizar los cambios de uso que afecten a áreas destinadas a vivienda «sin modificaciones engorrosas de planes generales municipales».

Asimismo, propone reducir plazos en los procesos urbanísticos previos a la concesión de licencias de obras, permitiendo obtener todos los permisos en un sólo acto administrativo y una Ley de Seguridad Jurídica del Planteamiento Urbanístico para «impedir la nulidad total del planteamiento y sus instrumentos de desarrollo».

Finalmente, llaman a «desbloquear» todo suelo patrimonio de las administraciones públicas que pueda estar destinado a vivienda social y convenios para incorporar vivienda construida en colaboración público-privada para su adjudicación como vivienda social o alquiler asequible en concurso público.