Piden 7 años para el administrador de dos empresas acusado de despatrimonializarlas en beneficio propio
La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel y multa de 12.000 euros para el acusado de despatrimonializar dos empresas que administraba, y que eran de varios socios, en beneficio propio, hechos por los que será juzgado desde el martes, 23 de febrero, en la Audiencia Provincial.
Se le acusa de, en su condición de administrador único de las dos mercantiles, desarrollar «una conducta tendente a obtener efectivo del patrimonio social y destinar lo obtenido tanto a su propio beneficio como al de sus familiares».
Según el escrito del fiscal, ambas empresas, que estaban participadas por un conglomerado de socios minoritarios y que adolecían de actividad
económica o comercial, tenían por activo una serie de inmuebles repartidos por el territorio nacional.
La Fiscalía sostiene que el acusado, «una vez ostentado el control efectivo de ambas sociedades y de los inmuebles», procedió a realizar compraventas de algunos de ellos por debajo de su precio de tasación.
Después, una vez que el dinero era ingresado en las cuentas de las
sociedades, el acusado procedió a realizar disposiciones en efectivo que
«adolecían de causa alguna, siendo simplemente un medio por el que el
acusado subvenía sus necesidades y acuciante situación económica».
Para justificar esas extracciones, la Fiscalía sostiene que el acusado confeccionó una serie de facturas de unas presuntas obras de rehabilitación en los inmuebles de la sociedad, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Además de todo ello, giró dos minutas informativas y 44 recibos de cobro para el pago de los servicios de un abogado que jamás había prestado ervicios en las sociedades; al tiempo que adquirió un vehículo para su hija y cargó el precio del mismo a las cuentas de las sociedades.
Finalmente, con la finalidad de encubrir su proceder ilícito, el acusado procedió a confeccionar unas cuentas anuales que omitían las operaciones de compraventa, presentando las mismas a los socios y depositándolas en el registro mercantil.
De este modo, «impidió», según el fiscal, que los socios pudieran llevar a cabo cualquier clase de control y conocimiento de la situación de despatrimonialización social que estaba desplegando el acusado.
Todos estos hechos son calificados por la Fiscalía como un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito de falsificación de documento mercantil, además de otro delito de falsedad contable.
La pena solicitada asciende a siete años de prisión y multa de 12.000 euros, así como una indemnización de 235.654 euros para las sociedades.
El juicio arrancará el martes, a partir de las 11.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe el miércoles, día 24, a partir de las 10.00.
