La nueva Ley de Contratos públicos abre una pequeña puerta a las pymes

La entrada en vigor de una nueva Ley de Contratos va a dar más transparencia a los procedimientos de contratación con las administraciones públicas. También va a dar un poco más de juego a las pymes al establecer como norma la licitación por lotes e incluir nuevos criterios en la valoración de las ofertas, en vez de tener en cuenta únicamente la más ventajosa económicamente.

Aunque con retraso, España cuenta desde el pasado mes de marzo con una poderosa herramienta para luchar contra la corrupción y dar entrada a nuevos actores en la contratación con la Administración, una Ley de contratos públicos basada en una directiva europea de 2014. La nueva regulación aporta más transparencia, más competitividad y elimina las fórmulas de contratación que han levantado más sospechas en cuanto a la limpieza de los procesos de adjudicación.

La Ley también introduce nuevos criterios en la adjudicación de contratos públicos que van más allá de cuál sea la oferta económica más ventajosa. Ahora se valorarán, además, criterios sociales, medioambientales, de calidad y de fomento de la innovación. Un cambio que convierte la contratación pública en una vía para incentivar a las empresas a que desarrollen una gestión responsable en distintos ámbitos de interés para el progreso del país.

Más transparencia

Una de las críticas que la Administración pública española ha recibido habitualmente desde los órganos de vigilancia de la Unión Europea ha sido por abusar de figuras como el procedimiento negociado sin publicidad, permitida por la anterior Ley de Contratos. Por esta hermética vía se podían llegar a efectuar contratos de servicios de hasta 100.000 euros y, si se trataba de una obra, la adjudicación discrecional podía alcanzar hasta los dos millones de euros. Bastaba con armar el expediente con tres ofertas de empresas invitadas por la Administración a participar, que ni siquiera se presentaban en sobre cerrado, con lo que podía filtrarse la cuantía de las ofertas en favor de la empresa previamente elegida.

Ahora se crea una nueva figura, la del procedimiento abierto simplificado, para acelerar la tramitación de los contratos, pero salvaguardando la publicidad. Sin embargo, para cumplir con este último requisito la ley contempla que basta con que las licitaciones, en esos procedimientos simplificados, se publiquen en la página web de la Administración convocante, lo que crea una complicación nueva. Para las empresas que licitan habitualmente con la Administración ya no será suficiente con consultar los boletines oficiales, ahora también deberán hacer un seguimiento de las páginas web de ayuntamientos y administraciones autonómicas, una tarea prácticamente inabordable. Además, se quiebra otro principio esencial que recoge la Ley de Contratación, como es el de competencia.

En aras de una mayor transparencia, también se rebaja la cuantía de los contratos llamados menores, que se resuelven por adjudicación directa. Hasta ahora, los contratos de servicios y suministros se podían adjudicar sin convocatoria abierta cuando su importe fuese inferior a 18.000 euros, una cantidad que se ha rebajado hasta los 15.000; en el caso de los contratos de obra, el límite se sitúa en 40.000 euros, frente a los 50.000 de la anterior Ley.

Impulso a la innovación

Otra de las novedades que recoge la nueva Ley es la creación de un procedimiento de contratación que no existía hasta ahora, el llamado de ‘asociación para la innovación’. Está pensado para la realización de obras y servicios para los que resulta necesario realizar actividades de I+D, porque las soluciones que existen en el mercado no satisfacen las necesidades del organismo contratante. Esto permitirá acometer proyectos novedosos, que tendrán como primer destinatario a las administraciones licitadoras pero que, convertidas en productos, pueden tener después un desarrollo comercial.

Una oportunidad para las pymes

Un cambio que va a marcar una nueva época para las pequeñas y medianas empresas es el que trata de facilitar su acceso a la contratación pública. Hasta ahora el tamaño de los proyectos, los requisitos de solvencia técnica y económica y la complejidad de los procesos hacían casi imposible su presencia en las licitaciones públicas. Eso les condenaba al papel de subcontratistas, en el mejor de los casos, y frecuentemente, conllevaba afrontar problemas de retrasos en los pagos por parte de los contratistas.

La nueva Ley establece la obligatoriedad de dividir en lotes los contratos siempre que  cada lote se pueda entregar de forma independiente. Al reducir, por este procedimiento, la cuantía de cada licitación, se reduce también la solvencia económica exigida para poder licitar.

También puede favorecer la participación directa de las pymes la inclusión de criterios de adjudicación sociales, medioambientales, etc., de forma que no solo se valorará la oferta económica más ventajosa. Se evitarán así las bajas temerarias, en las que el precio ofrecido se llega a situar por debajo del coste.

Para reforzar los objetivos de transparencia que persigue la Ley, se crea una Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Su cometido será velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia, y combatir las posibles ilegalidades.

En definitiva, la nueva Ley supone un paso en la búsqueda de un modelo de contratación pública más justo, aunque,  como advierte una especialista en este campo, la abogada Gema Uriarte, «es verdad que en la Ley de Contratos se habla de transparencia y de integridad en la contratación pública y parece que son principios que han hecho reflexionar al legislador, pero solamente lucharán contra la corrupción aquellas administraciones que verdaderamente quieran hacerlo, porque la Ley tiene quiebras y depende de quienes estén al frente de las administraciones que hagan uso de ellas o que apliquen esta Ley».