ROSA INES GARCÍA: La mujer que cambió Mare
La empresa pública lleva dos años con un beneficio operativo de 9 millones y no tendrá que hacer frente a una multa de Hacienda de 6 millones
Vicente del Bosque tuvo que abandonar la dirección técnica del Real Madrid después de ganar todos los títulos y Rosa Inés García se vio forzada a dimitir después de haberle dado la vuelta a Mare, una empresa pública de 282 trabajadores que ha sido, tradicionalmente, un agujero negro para las cuentas regionales. En cada uno de los dos años de gestión que pueden atribuírsele, Mare ha tenido un beneficio operativo de 9 millones de euros y ha pasado de ser una empresas regionales con más pérdidas a una de las más rentables. Sin los ingresos ocasionales generados por el acuerdo con GHK, queda en disposición de tener un beneficio recurrente de 4 millones de euros.
En agosto de 2015 Mare tenía una estimación de pérdidas para el final del ejercicio de casi cuatro millones de euros. Una situación relativamente normal para la empresa pública y para el Gobierno cántabro, acostumbrado a tener que recapitalizar la compañía a cada poco para restablecer su solvencia. Por definición, era una empresa muy deficitaria desde su creación hace ya tres décadas y si algo no cabía esperar de ella es que algún día generase beneficios.
La designación de Rosa Inés García como directora en esa fecha no tenía visos de cambiar nada. Menos aún por su perfil claramente político, aunque García nunca haya ocupado un cargo institucional desde sus tiempos como concejala de Santander. Ella fue la secretaria de Organización del PSOE por antonomasia, que gobernó con mano firme el interior del partido en los años 80 y 90, pero su presencia en MARE resultaba una consecuencia de los juegos de poder, si se dan por buenos los argumentos del nuevo secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, que exigió su cese, junto con el del consejero de Educación, Ramón Ruiz para escenificar el vuelco en la cúpula del socialismo regional.
Zuloaga no escogió el mejor momento ni a la mejor víctima para escenificar su victoria en el PSOE, porque en poco más de dos años de mandato, Rosa Inés García ha dado la vuelta a la empresa pública como un calcetín. En 2016 no solo no repitió las pérdidas que venía teniendo la empresa con el PP, sino que declaró un beneficio operativo de 9 millones de euros, si bien 6 de ellos habían llegado como consecuencia de un acuerdo con la Diputación de Guipúzcoa por dejarles depositar sus vertidos durante algunos meses, en tanto tenían operativo su nuevo vertedero. Un favor vendido a precio de oro, por las tarifas que se exigieron, y que fue un salvavidas para el Gobierno cántabro en un año difícil, ya que sus previsiones de gastos se vieron desbordadas por la obligación de imputarse el coste de toda la obra de Valdecilla en una sola vez y por las vacunas de la Hepatitis C.
18 millones de beneficio en dos años
Poco antes de dimitir como directora de Mare, por las enormes presiones impuestas desde la dirección de su partido a la vicepresidenta regional Eva Díaz Tezanos, García hizo un cierre de ejercicio a mes de octubre en el que anticipaba un beneficio anual de 9.047.811 euros, prácticamente el mismo que el año anterior. Sin los ingresos aportados por GHK (la Diputación de Guipúzcoa), Mare aún hubiese tenido unos beneficios el año pasado de 3.983.080 euros, que contrastaban radicalmente con los casi cuatro millones de pérdidas anuales con que cogió la compañía.
Mare tenía otra incertidumbre aún más preocupante para el Gobierno. Al llegar al cargo, García se encontró con una inspección de Hacienda que reclamaba 6.074.000 euros a la empresa pública cántabra por discrepancias con las cantidades declaradas por IVA y por Impuesto de Sociedades en 2012 y 2013. La exgerente de Mare cambió de compañía de gestión tributaria y después de unos largos debates con la Agencia Tributaria el asunto se ha cerrado con un acuerdo muy beneficioso para la empresa de residuos, ya que únicamente tendrá que pagar 276.000 euros, veinte veces menos de lo exigido y se le reconoce en lo sucesivo la bonificación de la cuota del Impuesto de Sociedades, que venía defendiendo.
Con las cuentas saneadas y despejada la incertidumbre que suponía la elevada sanción de Hacienda, Rosa Inés García volvía a su plaza en el Laboratorio de Bioquímica de Urgencias de Valdecilla, que sacó por oposición en 1976.
García atribuye el éxito a los cambios introducidos en la gestión, sobre todo en el sistema de compras, que resultaba muy discutible, por su opacidad. Ya durante el gobierno del Partido Popular, el Informe de Auditoría de la Intervención General puso de relieve la existencia de graves irregularidades en los mecanismos de contratación aplicados por la Consejería de Medio Ambiente, que dirigía Javier Fernández y su hombre de confianza en Mare, Antonino Zabala.
A la vista de este informe fiscalizador tan duro que encontró a su llegada sobre la mesa, García buscó, nada más llegar, la ayuda de una asistencia exterior para implantar un sistema de contratación mucho más transparente y racionalizado (por ejemplo, todos los pliegos de concurso para la gestión de las depuradoras ahora son iguales).
El nuevo método se ha implantado con tanto rigor que la propia Intervención felicitó a la empresa por el cambio radical que se había producido en el funcionamiento interno.
Reorganización interna
Mare es una compañía muy condicionada por sus circunstancias históricas, con una base de personal no cualificado muy amplia, mucho del cual entró cuando el PP forzó la incorporación a la plantilla de todos los parados que habían sido contratados para la recogida del chapapote del ‘Prestige’. Al mismo tiempo, tiene una estructura de cuadros muy estrecha, aunque García asegura agradecida que allí ha encontrado personal cualificado “como hacer un gobierno”.
La situación de la plantilla también ha cambiado mucho en este tiempo. A su llegada, se anunciaba un ERE para 80 personas y el convenio colectivo llevaba sin negociar desde hacía varios años; no había una estructura organizativa ni de los puestos de trabajo; no contaba con un Plan de Igualdad y tampoco tenía un Servicio propio de Prevención de Riesgos. Ahora hay una estructura organizativa y un Plan de Igualdad y se han puesto en marcha la negociación colectiva y el Servicio de Prevención.
La exdirectora también se muestra satisfecha de haber iniciado los trámites para ampliar la vida útil del vertedero hasta 2043, fecha en la que finaliza la concesión a TIR Cantabria, lo que resolvería el tratamiento y la gestión de los residuos de la región durante los próximos 25 años.
Una operación poco grata pero muy rentable
La operación firmada con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para el depósito puntual de sus residuos ha representado unos ingresos de 14.579.797 euros entre 2016 y 2017, que no solo han sustentado buena parte de los beneficios de Mare sino que supusieron un alivio económico para el Gobierno cántabro. Eso sí, el vertedero de Meruelo se vio forzado a incurrir en unos gastos de 1.937.936 euros, por lo que la operación dejó un saldo positivo de 12.641.61 euros, de los que aproximadamente unos 10,7 pasaron a beneficios. Además, el Gobierno cántabro recibió otros 337.954 euros por el impuesto que cobra por los vertidos.
Plantas experimentales de energía marina
El empuje de la exdirectora también se ha notado en otras áreas, como la investigación, un aspecto al que Mare le prestaba muy poca atención. Ella ha puesto en marcha un proyecto pionero para tratar de usar el gradiente salino (la diferencia de salinidad entre el agua marina y la fluvial) que se produce en los vertidos de las aguas depuradas para producir energía eléctrica, con el fin de reducir entre un 15 y un 25% la factura energética de las 69 estaciones depuradoras que tiene la región, y que ocasionan un consumo eléctrico de 3,5 millones de euros al año. El proyecto se desarrollará en cinco grandes EDAR (San Vicente de la Barquera, San Pantaleón, Comillas, San Román de la Llanilla y Castro Urdiales) durante dos años y con una inversión de algo más de 460.000 euros.
Si tiene éxito, este sistema de generación eléctrica se extendería a las 25 depuradoras que prestan servicio en municipios de más de 5.000 habitantes.
Otra de las iniciativas ha sido llegar a un acuerdo para tratar de solucionar la enojosa presencia de plásticos agrícolas abandonados en los campos. Gracias a un acuerdo con la empresa Aspla, principal fabricante de estos plásticos, los sindicatos ganaderos y tres ayuntamientos de distintos signos, se han empezado a recoger en contenedores de 15 metros cúbicos para su reciclaje, algo que está previsto extender este año a 45 municipios más de la región. Se calcula que en Cantabria se generan unas 800 toneladas al año de residuos plásticos agrícolas (la mayoría de ensilados) que hasta ahora no tenían un canal específico para su retirada de los campos.
También llegó a un acuerdo con varias empresas industriales para tratar de convertir en fertilizantes los lodos de las depuradoras (unas 16.000 toneladas al año), lo que evitaría seguir gastando los 600.000 euros anuales que cuesta enviarlos a plantas de tratamiento de regiones vecinas. Los lodos se mezclarán con subproductos industriales como las arenas de Solvay o las cenizas del Grupo Álvarez para comprobar su eficacia como sustratos de cultivo y fertilizantes.
No todo son buenas noticias en este terreno, porque la región se enfrenta a la decisión comunitaria que impide, desde enero, el uso de los fertilizantes obtenidos del compost de productos orgánicos de Meruelo y de cualquier otra planta de tratamiento en la que estos residuos no lleguen ya separados a la planta –lo que ocurre en la inmensa mayoría–. Un problema grave, ya que el proceso de separación en origen (el quinto contenedor) es costoso de implantar y va a llevar tiempo, porque las circunstancias de recogida son muy distintas a lo largo de la región.
