Una caravana de 300 coches recorre Santander para pedir fijeza en el empleo público
Una nueva protesta contra la alta tasa de interinidad en las Administraciones Públicas ha recorrido este domingo las calles de Santander, iniciativa en la que, según sindicatos convocantes han participado más de 300 coches con una mil personas a bordo.
Los participantes han hecho sonar sus bocinas como queja ante la situación por la que atraviesa los más de 8.000 trabajadores temporales de las Administraciones Públicas en Cantabria, ha explicado en un comunicado USO, sindicato convocante de la protesta junto a TU y ASIJ.
Además de en Santander, la protesta se ha reproducido de formar simultánea en otras 30 ciudades de España, donde también ha habido caravanas de coches bajo los mismos eslóganes.
Según ha explicado USO, la manifestación en vehículos comenzó las 10.15 horas en los Campos de Sport del Sardinero, con la lectura de un manifiesto, para posteriormente recorrer las principales arterias de Santander. La protesta ha terminado sobre las 12.30 horas «no registrándose incidente alguno».
Los organizadores de la protesta han advertido que si el Gobierno de España quiere las ayudas de Europa debe cumplir la Directiva 1999/70 con sus empleados públicos «en abuso de temporalidad y respetar la primacía del Derecho comunitario».
Además, han demandado al nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, el socialista Miquel Iceta, para que «apliquen de una vez» la Directiva y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pongan fin al incumplimiento de las Administraciones españolas, «sancionando el abuso de la temporalidad en las mismas».
También le han advertido que él «tiene la herramienta» para cumplir las directrices de la Directiva, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, el cual –han dicho– «las Administraciones Públicas llevan décadas incumpliéndolo». «No hace falta cambiarlo, solo hay que cumplirlo», han apostillado.
«Cumplan con los puntos 97 a 101 de la Sentencia del 19 de marzo del TJUE: las OPES no son una solución al abuso de temporalidad. Inspeccionen la contratación temporal de cada empleado público y si se detecta abuso, en un acto administrativo, regularicen su situación. Tienen los medios legales para ello», han concluido.
