Museos, La Pasiega, digitalizaciones, sustitución de tuberías y muchos proyectos energéticos

La Unión Europea trata de evitar que los gobiernos utilicen el dinero del fondo para recuperar parte de los gastos en que se han visto obligados a incurrir como consecuencia de la pandemia. No se trata de pagar facturas (para eso ya se han ampliado los límites de déficit) sino de impulsar la economía real y transformarla.

Europa ha sido a lo largo del siglo XIX y en el primera mitad del XX la avanzadilla tecnológica del mundo, una prevalencia que ha perdido y, Con la pandemia, parece dispuesta a hacer de la necesidad virtud. Su Plan Marshall parece dirigido a aprovechar esta crisis económica para hacer un reseteo del sistema, que le permita recuperar un liderazgo que se ha trasladado a las regiones del Pacífico.

Para Bruselas, el momento de tomar la delantera en la búsqueda de un modelo productivo más amable con el planeta, a la vista de que lo que hasta hace no mucho parecía un objetivo romántico, empieza a ser una exigencia de los consumidores.

Una cosa son las intenciones y otra muy distinta serán los hechos. Por lo pronto, las Administraciones que van a intervenir en el reparto, ya han mostrado bien a las claras que están dispuestas a quedarse con la mayoría del dinero. En esta comunidad, tanto el proyecto Cantabria ReActiva, que ha enviado el Gobierno regional a Madrid como el primer reparto, el del Plan React reservan la mayor parte del dinero para actuaciones del Gobierno, que no ha dudado en sacar todos los proyectos que tenía en el cajón, desde el polígono logístico de La Pasiega al Museo Prehistórico o al Centro de Interpretación del Paleolítico que se ha empezado a levantar en Puente Viesgo. También ha incluido el despliegue de la banda ancha, un proyecto que la empresa Adamo lleva ya muy avanzado, y la rehabilitación de La Lechera en Torrelavega como centro de artes.

300 millones en infraestructuras

Europa ya pagó las autovías de la región, y se pretende que el dinero que ahora nos envíe financie otro buen paquete de infraestructuras, aunque serán menos relevantes, porque la comunidad ya ha cubierto la mayor parte de sus necesidades en este capítulo, con la excepción del AVE.

Los proyectos relacionados con infraestructuras, transportes y comunicaciones presentados por Cantabria suman más de 300 millones de euros, de los que casi la mitad, unos 140, serán para estrategias frente al cambio climático y para obras de saneamiento y abastecimiento, en las que se sustituirán muchas de las conducciones, especialmente las de fibrocemento que se instalaron hace 30 y 40 años.

De cara al fomento del transporte sostenible se han previsto actuaciones por valor de cerca de 65 millones. El resto va destinado a la eficiencia energética y rehabilitación de edificios públicos. En este último apartado destaca un proyecto en el que trabajan las consejerías de Economía y Políticas Sociales para habilitar un ‘cohousing’ junto a la Universidad Pontificia de Comillas, un espacio en el que personas mayores puedan compartir vivienda y los servicios que necesiten.

La idea es que los residentes puedan ayudarse unos a otros con servicios de carácter comunitario. También serviría para rehabilitar un edificio hasta ahora sin destino.

En 2015 se inauguraba el Centro de Procesos de Datos de Valdecilla, sobre cuya capacidad se hacían estimaciones para muchos años. Tanto que también se ofrecía para albergar también los datos del Gobierno. El error de cálculo fue manifiesto. Antes de transcurrir cinco años, ya se había quedado pequeño y ahora el Ejecutivo regional quiere aprovechar los fondos europeos para ampliar el actual CPD (propiedad de la empresa Smart Hospital Cantabria) y construir otro más.

A la vista de la cantidad de actuaciones que aparecen en el Plan del Gobierno acompañadas de la palabra digitalización, parece claro que harán falta muchos servidores informáticos y redes. No obstante, el proyecto más caro será la renovación del programa informático Yedra, utilizado por el profesorado, hasta ahora con bastante satisfacción. Renovarlo costará 22 millones de euros.

En el ámbito del medio ambiente, hay interés por recuperar los suelos contaminados por prácticas mineras o industriales (hay más de mil en la región identificados con este problema), aunque obviamente solo se podrá actuar sobre una parte de ellos. El más extenso de todos, el de la mina de Reocín, será objeto de una actuación singular, ya que la asociación Amica pretende utilizar parte de los terrenos para hacer un parque temático el Cuaternario vinculado a Altamira, con financiación del fondo.

Hay otro proyecto público se mueve entre la rehabilitación de suelos mineros y la explotación turística de un espacio sin uso. Se trata de la ampliación del parque de Cabárceno hasta Peña Cabarga. Un proyecto de 9 millones de euros que duplicará la superficie que ahora tiene el parque, hasta alcanzar las 1.600 hectáreas. En este nuevo espacio no está previsto hacer nuevos recintos de animales sino, simplemente, un espacio de disfrute de la naturaleza.

También se implantará la recogida selectiva de los residuos orgánicos (el contenedor marrón) y se renovarán los camiones de MARE, probablemente por vehículos híbridos o eléctricos.

En el Centro Ambiental de Meruelo está previsto mejorar la planta de tratamiento de residuos orgánicos, ya que con la nueva normativa no pueden utilizarse. Además, se ha propuesto la construcción de una planta convertir en sustratos los lodos de depuradora.

Transporte sostenible

También se persigue la mejora del transporte sostenible mejorando la infraestructuras municipales, con aparcamientos disuasorios, algunos en altura, como los planteados en Santander, Torrelavega o Santoña, conectados con transporte urbano y carriles bici. Cantabria se va a apuntar a la moda de los paneles fotovoltaicos y se hará una red tupida de puntos de recarga eléctrica para impulsar el uso de este tipo de vehículos en la región.

En el campo de los transportes, figura otro proyecto para unir Barreda y Suances a través de la Ría de Requejada con una embarcación eletrosolar que se acometerá mediante colaboración público-privada.

Se trata, en todos los casos, de propuestas que aún tendrán que pasar varios filtros. Menos en el caso de las realizadas por Gobierno regional, que parece dispuesto a ser el primer beneficiario y el más activo. De los 96 millones de euros asignados a la comunidad autónoma en el Plan REACT EU, la primera financiación en llegar, y que están destinados a políticas de cohesión, 45 se utilizarán en la instalación de una Unidad de Protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El Ejecutivo regional ha reservado otros 35 millones para la digitalización del sistema educativo, por si aparecen nuevas circunstancias como las vividas con el Covid-19, y para la mejora de la red de centros de FP.

La cuantía restante de este fondo tampoco a ir a la economía privada, porque la Consejería de Economía y Hacienda se reserva 3,8 millones por los gastos que al parecer le va a originar la coordinación de los fondos europeos; además, 5 millones se dedicarán a acciones de empleo; 2 millones a Protección Civil y solo 5,2 millones a proyectos de pymes y autónomos, fundamentalmente del sector turístico y la hostelería. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que este fondo apenas supone una pequeña parte de todo lo que ha de llegar.

Colaboración público-privada y proyectos privados

Una parte significativa de los proyectos se van a realizar por el sistema de colaboración público-privada. El Gobierno ha incluido una Estrategia de Transición Ecológica de Cantabria, en las que colaborará con las principales industrias de Cantabria como Solvay, Ferroatlántica, Viesgo o ENSA y así se construirá, por ejemplo, una planta de producción de combustible derivado de residuos recogidos en los puntos limpios y en empresas y otra planta de tratamiento de purines que se ubicará en Soba.

Solvay pretende sustituir una de sus calderas de carbón por otra de CDR (residuos industriales y urbanos). Una iniciativa que la empresa sólo está dispuesta a abordar si encuentra apoyo financiero público y que costará 130 millones de euros. Con ello, la región se ahorrará la emisión de 170.000 toneladas de CO2 cada año.

Muchos proyectos en energías alternativas

Las grandes empresas ya son plenamente conscientes del cambio energético que se avecina y el número de proyectos que han presentado, lo confirma. Hay un extraordinario interés por sustituir las energías vinculadas al carbón por otras ambientalmente sostenibles y otro de los proyectos destacados en este ámbito es la repotenciación de la central de bombeo de Aguayo, ahora propiedad de Repsol, que supondrá una inversión de alrededor de 700 millones de euros.

Además de reducir la dependencia de las industrias de los combustibles fósiles, está previsto fomentar el uso de las energías renovables en el ámbito doméstico y la adaptación del parque de viviendas de Cantabria a modelos más eficientes y sostenibles.

En el terreno energético van a aparecer muchas más iniciativas, como la de tejer una red tupida de puntos de recarga para coches eléctricos. Por su parte, el puerto va a instalar un deposito de gas licuado para suministrar a los barcos que empiezan a utilizar este combustible, mucho menos contaminante. Lo explotará Repsol Lng Holding y ya antes de la pandemia había conseguido una subvención europea de 6,3 millones.

Hidrógeno verde

El Gobierno de la nación   ha establecido un proyecto estratégico tractor (una especie de plan prioritario), al que pretende dedicar 600 millones de euros, que ha levantado un interés muy llamativo en todas las autonomías. Se trata del llamado ‘hidrógeno verde’. El clúster de energías marinas  Sea of Innovation Cantabria (SICC) ha remitido una de las propuestas bajo el nombre ‘Bahía H2 Offshore’. El objetivo es desarrollar un sistema innovador de generación de combustibles en forma de hidrógeno y amoniaco, mediante la energía que se obtendría en plataformas solares flotantes.

El combustible verde generado irá destinado a buques y equipamientos de líneas y operadoras del Puerto de Santander.

Según el clúster, los nuevos combustibles verdes, como el hidrógeno y el amoniaco, van a ser uno de los pilares para la descarbonización del sector marítimo. «Resultan los combustibles alternativos más interesantes, tanto en términos de emisiones de gases nocivos, como de contaminación acústica», señala.

Este proyecto cuenta con la participación de IHCantabria, Ariema Energía y Medioambiente, I-Deals, el Centro Nacional del Hidrógeno CNH2 y la UC, además del clúster y la Autoridad Portuaria de Santander.

Por su parte, la multinacional británica Highview, que preside el cántabro Javier Cavada va a presentar dos proyectos para el almacenamiento de energía eléctrica a través de un sistema innovador basado en la compresión del aire. La empresa Hidrocaleras, en la que también está Cavada, impulsa por su parte un sistema de almacenamiento de bombeo en las proximidades de Castro Urdiales. Durante la noche elevará agua de mar a un embalse ya existente, con la energía eléctrica de la red que no encuentra comprador a esas horas, y recuperará la energía durante el día dejando caer de nuevo el agua hasta el mar.

En la bahía de Santander, un amplio consorcio encabezado por Metaltec está dispuesto a transformar tanto el transporte de personas como el de paquetería, con barcos electrosolares. Un proyecto muy ambicioso cuya inversión –si se desarrolla por completo– se situará en el entorno de los 50 millones de euros.