La Cámara restablece su equilibrio financiero sin vender la sede y prepara elecciones
Parte del edificio se transformará en un coworking para emprendedores
Dentro de unas pocas semanas, las Cámaras de Comercio de Cantabria iniciarán un proceso electoral en el que probablemente no cambien muchas caras –tampoco las de los presidentes, que volverán a presentarse– pero que va a dejar constancia de una nueva época. Después de un severísimo ajuste de plantilla, a través de bajas voluntarias, Cámara Cantabria ha recuperado el equilibrio financiero, sin necesidad de vender su sede, lo que por otra parte resultaba muy difícil, ya que no se podían modificar los usos. La entidad tratará de sacar más partido al edificio, creando un espacio empresarial de coworking en las dos plantas que ahora no utiliza. Algo parecido a lo que promueve la Cámara de Torrelavega en un inmueble que posee en La Llama.
La Cámara de Comercio de Santander y Cantabria tenía una situación económica saneada hasta que la desaparición en 2010 del recurso cameral que se cobraba a las empresas a través del Impuesto de Sociedades redujo bruscamente sus ingresos. Con la llegada al poder del Partido Popular, y su intención de redefinir su campo de actuación, parecía que volvería la normalidad financiera, por una u otra vía, pero la redacción de la Ley de 2014 acabó resultando tan contradictoria que no satisfizo a nadie. Las Cámaras seguían siendo corporaciones de derecho público –y, por tanto, entidades públicas– pero se quedaban sin más financiación que la pudiesen recabar de la venta de sus servicios, es decir que, siendo públicas, tenían que comportarse como empresas privadas.
Aunque tiene que ir devolviendo el crédito que pidió para pagar las bajas, este año cerrará con números negros
En mitad de una gravísima crisis económica general, las Cámaras se encontraron sin el respaldo de la Administración y con la necesidad de convencer a su clientela para que pagase por unos servicios que tradicionalmente recibía gratis. Con el agravante de que tanto las autonomías como el Estado y la propia CEOE daban cada día más mordiscos sobre aquellos territorios que tradicionalmente eran de su exclusiva competencia: comercio exterior, orientación de emprendedores, jornadas técnicas…
La Cámara cántabra había gastado buena parte de sus reservas en reformar su sede justo antes de la crisis, y el cambio legal acabó de vaciar sus alforjas. La entidad se vio obligada a ajustar su plantilla (prescindiendo de muchos servicios que ofrecía a las empresas) y de las 32 personas que tenía en plantilla ha pasado a tan solo 13, a través de salidas voluntarias indemnizadas que acabaron con todo su músculo financiero, hasta quedar en una situación tan precaria como para necesitar préstamos bancarios para poder pagar la nómina. Cuando el último cambio de Gobierno redujo el importe de los convenios que mantenía con varias consejerías de la Administración regional de 525.000 euros al año a 275.000 ya no vio más solución que poner en venta su sede.
El inmueble atrajo el interés de varios compradores, dado que se trata de un edificio de seis plantas en el centro de Santander, con una superficie total de 2.550 metros cuadrados. Pero los usos estaban muy limitados y tampoco en esto tuvo suerte la Cámara. Cuando el Ayuntamiento amplió el abanico de actividades para las que podría utilizarse, el Tribunal Supremo tumbó su nuevo Plan General, lo que ha vuelto a dar vigencia al anterior, con el que ni siquiera resulta fácil alquilar las plantas vacías, ya que, con una plantilla tan reducida, sus necesidades de espacio son mucho menores.
Descartada la venta de la sede
Las circunstancias parecían empeñadas en poner a la Cámara cántabra contra las cuerdas pero, dos años después, la entidad ha recuperado la normalidad en los pagos gracias a la drástica reducción de los gastos salariales y va a concluir el año con superávit, según su nuevo director, Jesús Tortosa.
Los ingresos de la Cámara
La entidad cubrirá el presupuesto anual, que es de algo más de 1,1 millones de euros, con los 275.000 que le llegan a través de los servicios que le contrata el Gobierno regional (la entidad no recibe subvenciones, como tales); otro 10% de los ingresos proviene de la asignación anual que recibe de Cámara España y unos 90.000 euros le llegan de una aportación voluntaria especial que hace el Banco Santander –como otras grandes empresas– al Consejo Superior de Cámaras y del que éste comparte un 30% con las comunidades en las que están asentadas estas empresas colaboradoras.
El resto de los ingresos son por cobros de los servicios que presta a las empresas y que ya no tiene más remedio que facturarles, o de los programas europeos en los que participa. Ambos conceptos plantean disfunciones en el día a día, que indican el limbo en el que se encuentran las cámaras españolas ahora mismo. Han de competir en el ámbito privado, vendiendo sus servicios, pero intentando no colisionar nunca con los intereses de las empresas privadas que están en esos sectores (por ejemplo, las consultoras) puesto que las cámaras son organismos públicos, lo que acaba por desdibujar complemente su papel. La segunda paradoja es que para participar en muchos programas de la comunidad autónoma, del Estado o de la Unión Europea, la Cámara ha de justificar los gastos en que incurre. Al haber reducido la plantilla, cada vez puede imputar menos gastos y, por tanto, no puede participar en tantos programas como quisiera, de forma que la austeridad acaba por inducir una pérdida de ingresos.
Eso no va a empujar a la Cámara a hacer más contrataciones, porque después de haber superado la enfermedad antes que otras, cree haber encontrado la receta de la supervivencia. Un camino que lleva avanzado, porque otras cámaras siguen cerrando los ejercicios con grandes pérdidas, especialmente las que tenían más reservas, que han venido echando mano de ese dinero para cubrir los déficits y no se han visto tan forzadas a hacer grandes ahorros. Serán las que ahora tengan más dificultades para adaptarse, salvo que el nuevo Gobierno nacional tome alguna decisión para recomponer el espacio de juego de las cámaras y dejen de vivir en la precariedad.
Elecciones
La Ley de 2014 dio un periodo para su adaptacioón a las autonomías, tutelantes de las Cámaras, pero ese plazo ha resultado mucho más largo de lo previsto. El pasado mes de octubre, el Ministerio de Economía abrió el periodo electoral, pero en la mayoría de los lugares estaba aún por producirse la adaptación. Por eso, no es del todo seguro que en las dos cámaras cántabras, la de Santander y la de Torrelavega, el proceso electoral pueda concluir antes del 30 de septiembre, que es, en teoría, la fecha máxima.
Cantabria dictó el 25 de enero el decreto que regula la organización y composición de los órganos de gobierno de las cámaras locales. Los cambios no son muy significativos y los más relevantes se refieren a la composición del pleno. En el próximo habrá 32 vocales (16 en la de Torrelavega) elegidos por votación entre todo el censo de empresas, agrupados según su actividad. Esto supone que los dos tercios del pleno se elegirán por votación, un porcentaje ligeramente inferior al anterior. Se reserva un tercio del pleno para las empresas que hacen aportaciones económicas voluntarias a la Cámara y cuatro puestos para las personas que decidan las organizaciones empresariales (una representación que probablemente dé lugar a conflictos, porque no será fácil para la Consejería de Industria y Comercio decidir cuáles son las patronales más representativas de la región ni en qué proporción).
Las Cámaras han tenido que remitir un reglamento de funcionamiento a la Consejería que, en cuanto sea aprobado, y sometido a exposición pública, se convertirá en el pistoletazo de salida del proceso electoral. Si el visto bueno de la Consejería se produce en las próximas semanas, como parece probable, y teniendo en cuenta los plazos legales previstos, las elecciones se celebrarían en agosto o comienzos de septiembre e inmediatamente quedaría constituido el nuevo pleno, que ese mismo día elegiría al presidente que va a gobernar cada Cámara durante los cuatro próximos años.
El nuevo reglamento introduce un cambio significativo: será el presidente el que conforme, a su gusto, el comité ejecutivo, con el único condicionante de que todos los miembros deben pertenecer al plenario. Anteriormente, tambén eran electivos, por lo que podía ocurrir que parte de ellos no fuesen cercanos al presidente o que fuesen integrantes de una lista rival.
En el caso de la Cámara de Cantabria, Modesto Piñeiro parece más decidido que tiempo atrás a presentarse a la reelección. Ocupa el cargo desde 1998, cuando sucedió inesperadamente a Jesús de las Cuevas, que murió en plena campaña electoral.
Piñeiro, nacido en 1953, es el responsable de la consignataria familiar que lleva su nombre y que ha superado el siglo y medio de vida, además de presidir la Zona Franca de Santander y ser vicepresidente 3º de la Cámara de España.
Fernández Rincón también se presentará a la reelección
La plantilla de la Cámara de Torrelavega lleva un quinquenio con EREs para poder ajustar los gastos a los ingresos, a pesar de lo cual ha tenido que echar mano de los remanentes acumulados en los años de bonanza. La entidad también tendrá que renovar ahora sus órganos de gobierno, conforme al decreto regional de febrero, y previsiblemente se volverá a presentar a la reelección como presidente de Antonio Fernández Rincón, aunque condiciona su decisión a los movimientos de candidaturas que se produzcan en las próximas semanas, “porque lo que más me preocupa es garantizar la continuidad de la Cámara. Después de veintitantos años, es como si fuese parte de mí”, dice.
La Cámara de Torrelavega conserva una plantilla de cinco trabajadores, y se ha reactivado en los últimos tiempos con actividades de coworking, como una reunión semanal de empresarios, que tiene un amplio seguimiento. Aunque sus ingresos y tesorería sean precarios, la entidad no tiene créditos y cuenta con un importante patrimonio en inmuebles: el edificio que ocupa su sede, frente al Palacio Municipal, y otro de grandes dimensiones en la plaza de La Llama que va a convertir en un centro de emprendedores, incluida una escuela para que estos nuevos empresarios tengan un conocimiento más real del mundo en el que se adentran.
