la Agencia Cántabra de Administración Tributaria rebaja a 62 los afectados por la «fuga de seguridad»

El director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), César Aja, ha rebajado a 62 el número de afectados por la «fuga de seguridad» en este ente autonómico que provocó que sobres con notificaciones fueran depositados junto a unos contenedores en una céntrica calle de Santander el pasado 8 de abril con información personal a la vista de los contribuyentes.

Aja, que ha comparecido este jueves, a petición del PSOE, en el Parlamento de Cantabria para explicar, según ha dicho, este incidente «inédito» y «absolutamente aislado», ha explicado que el día de los hechos fueron depositados en la vía pública, junto a unos contenedores de la calle Ataulfo Argenta de Santander, 133 documentos en sobres «cerrados» procedentes de la ACAT con información a la vista sobre algunos contribuyentes.

Ha detallado que esos documentos eran notificaciones postales devueltas por parte de Correos al no poder ser comunicadas a los contribuyentes, los cuales fueron depositados por parte del personal de la empresa que presta el servicio «de limpieza» (Bedunde) en la ACAT junto a dichos contenedores.

Aunque ha asegurado que en la ACAT están «convencidos» de que en la actuación de los operarios «no existió ni premeditación ni mala fe», y cree que ello se debió a la «falta de comunicación interna» de una empresa «sin experiencia» en el servicio, Aja ha afirmado que la forma de proceder por parte del personal de la adjudicataria supone una «irregularidad manifiesta».

Y es que, según ha afirmado, la actuación «no se ajustó en ningún caso» a lo establecido en el pliego de contratación suscrito por la empresa.

Aunque ha reconocido que dicho pliego es «mejorable», sobre todo en lo que tiene que ver con la «rigurosidad» en la destrucción de este tipo de información con datos sensibles, Aja ha precisado que en él sí se establece que los residuos que se retiren deben ser depositados en un «punto limpio» autorizado, con lo que esos sobres con notificaciones «jamás deberían haber llegado a un contenedor» a pie de calle.

Aja, que ha reiterado las «disculpas» por el incidente que tiene «consternados» a los trabajadores de la ACAT, ha detallado que, de esos 133 sobres con notificaciones, 103 pertenecían a las 62 personas citadas –que son las que, a su juicio, las que realmente afectadas por lo ocurrido– y las otras 30 «ya habían sido notificadas por edicto en el BOE». «Podemos concluir que los afectados finales son 62 personas, en ningun caso, cientos», ha afirmado.

DATOS NO ESPECIALMENTE SENSIBLES DE LOS CONTRIBUYENTES

Ha insistido en que los sobres con las notificaciones estaban «cerrados» y solo quedaba a la vista el nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes.

«Los datos revelados no son considerados especialmente sensibles por la propia Agencia Española de Protección de Datos», ha subrayado Aja, que ha afirmado que éstos son «meramente identificativos» y su exposición «no producirá consecuencias para las personas» afectadas.

Además de relatar el hecho en sí, Aja se ha referido a las actuaciones llevadas a cabo por la ACAT desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido tanto para retirar los sobres depositados en la calle, como para esclarecer lo ocurrido y para evitar que ello vuelva a acontecer.

Según ha señalado, desde que fue notificada a la ACAT la aparición de los sobres hasta su retirada pasó menos de una hora y en menos de 24 se informó de lo courrido a la Agencia Española de Protección de Datos y se comunicó a la adjudicataria su «incumplimiento».

Además, se está a la espera de los informes jurídicos solicitados para conocer hasta dónde puede llegar la ACAT en relación a su vinculación con la adjudicataria; se ha asumido desde la Agencia internamente el tratamiento de la documentación de especial protección hasta que se formalice el contrato con una «empresa especializada» y «certificada», y se estudia cómo «endurecer» los pliegos de los contratos.

También se va a llevar a cabo una auditoria de cumplimiento para monnitorizar el comportamiento de la propia Agencia y se va a editar un manual de instrucciones para todos los empleados públicos del organismo.

PIDE UN ACUERDO PARA «ACELERAR» LA MODERNIZACIÓN DE LA ACAT

Aja ha afirmado que la «crisis» generada por este incidente puede convertirse así en una «oportunidad» para mejorar.

Y es que, a su juicio, el hecho acontecido tiene su origen en un «problema estructural» en la ACAT, que, desde que se creó en 2009 «no ha evolucionado lo suficiente» en materia de modernización y digitalización y ha estado «lastrada», según ha dicho, por «recortes» realizados en la etapa de Gobierno del PP (2011-2015).

Aja ha expuesto algunos problemas de la ACAT que condicionan su actividad, como la «ineficacia» de la actual herramienta tecnológica que emplea –el sistema MOURO–, y un déficit en la plantilla. Y es que, según ha señalado, del máximo de 166 trabajadores que tiene consignada la ACAT en su Relación de Puestos de Trabajo, solo hay ocupados a día de hoy 103 (un 62,6%) y un 42% de los trabajadores actuales estarán en ocho años en edad de jubilación.

Por todo elo, ha aprovechado su intervención para pedir un acuerdo de todos los partidos del Parlamento para dotar a la Agencia de «un marco de colaboración» que permita «acelerar» su proceso de modernización y ofrecer «un servicio acorde a las necesidades del siglo XXI».

Aja ha explicado que la Consejería ha dado ya un «primer paso» al destinar 1,5 millones en 2021 a la digitalizacion y modernización de la ACAT, compromiso que contrempla una inversion plurianual que eleva el montante final hasta los 4,5 millones en los próximos años.

Para desarrollarlo, según ha explicado, la Consejería tiene un plan estratégico para este proyecto, que se ciñe fundamentalmente a la modernización tecnológica pero que lleva aparejado una actualización de la RPT dado que es necesario adaptarla a este proceso de modernizacion, contando con trabajadores usuario expertos y de un perfil más técnico.

Según ha indicado, los pliegos de licitación están ya listos para ser informados y se espera sacar el proceso en mayo.

Pero Aja ha defendido que es «necesario» conseguir un acuerdo entre partidos que garantice que este proceso se va a sostener durante las legislaturas siguientes y que la ACAT no vea cortada su evolucion.

«La disyuntiva está en si aspiramos a equiparar a la agencia con el modelo de la agencia estatal o si pensan dejarla morir de inanición», ha afirmado que la AEAT es el «espejo» en el que hay que mirarse.

GRUPOS

Por su parte, casi todos los grupos han aceptado y agradecido las «disculpas» de Aja por lo ocurrido pero varios han reconocido que esto no es «suficiente» si no va acompañado de otras acciones.

La oposición (PP, Cs y Vox) han sido crítica con la ACAT. Así mientras Vox ha incidido en la «falta de control» por parte de la Agencia, PP y Cs han censurado el pliego del contrato, que según han señalado, era «de limpieza» pero no exigía a la adjudicataria el tratamiento y destrucción de la información sensible con lo que ésta, en su opinión, no estaba obligada a hacerlo.

El PP ha tildado de «vergonzosa» la actuación del Gobierno tras el suceso al, a su juicio, intentar «buscar culpables donde fuera» y Cs ha afirmado que estará atento a que no se busque un «chivo expiatorio» al que echar las culpas.

Además, desde la diputada del PP Isabel Urrutia ha preguntado a Aja por los motivos por los que la ACAT no asume de forma definitiva el tratamiento y destrucción de la información sensible de ahora en adelante y solo lo hace de forma temporal. «¿Para seguir echando las culpas a quien pase por ahí?», ha preguntado.