Las cotizadas ya no están obligadas a publicar información financiera trimestral

Las empresas cotizadas no tendrán la obligación de publicar información financiera trimestral a partir de este lunes, 3 de mayo, día en que entra en vigor la modificación de la ley de sociedades de capital.

La ley 5/2021, de 12 de abril, que modifica el texto refundido de la ley de sociedades de capital, aprobado por el real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, se aprobó para tratar de fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Esta norma suprime el artículo 120 de la ley del mercado de valores, estableciendo que los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado español o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, cuando España sea Estado miembro de origen, dejarán de estar obligados a publicar y a remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus declaraciones intermedias de gestión o informes financieros trimestrales.

La CNMV ha recordado que, en cualquier caso, los emisores podrán seguir publicando esta información trimestral de forma voluntaria. Eso sí, como ya no es información regulada, deberán hacerlo como «otra información relevante» o como «información privilegiada» (si procede).

La ley que ahora entra en vigor también introduce las denominadas «acciones de lealtad», de manera que los accionistas pueden otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante un mínimo de dos años.

Asimismo, las cotizadas tendrán derecho a identificar a los accionistas para facilitar su participación activa y su implicación en el desarrollo de la sociedad, mientras que las instituciones de inversión colectiva estarán obligadas a hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades cotizadas, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

La ley amplía el plazo para el ejercicio de suscripción preferente de los accionistas (de 10 a 14 días), establece el derecho a conocer la identidad de los accionistas sin depender del nivel de participación y exige a los asesores de voto ( proxy advisors ) la publicación del código deontológico al que estén adheridos.

También modifica la regulación sobre la política de remuneraciones para clarificar que el consejo de administración tenga que proponer a la junta su propuesta de cambio de política antes del cierre del ejercicio anual en el que acabe la política anterior y se contempla expresamente que la junta de accionistas pueda determinar que la nueva política se comience a aplicar de manera inmediata.

Sobre las OPAs de exclusión, la ley endurece la posibilidad de que una sociedad saque de la negociación en Bolsa a una empresa, al elevar al 75% el capital necesario alcanzado en la operación, con el fin de evitar que un ofertante sitúe a los accionistas en la tesitura de tener que vender sus acciones ante la perspectiva de quedarse como propietarios de una sociedad no cotizada, independientemente del resultado de la oferta e incluso sin que llegue a alcanzar el 50% del capital.