Codere se desploma un 11% tras señalar la CNMV que no ve indicios de concertación para una OPA forzosa

Las acciones de Coedere se desplomaban un 11%, hasta 1,05 euros, cercanas las 14.30 horas después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya aclarado que ya notificó a los fundadores de Codere, la familia Martínez Sampedro, que no encontró indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por parte de los fondos que controlan en la actualidad la gestión de la compañía.

«Tras un análisis detallado de toda la documentación presentada, la CNMV no encontró indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de OPA, lo que dio lugar al archivo provisional de las actuaciones en noviembre de 2020, lo que fue debidamente notificado a los denunciantes», ha precisado el organismo supervisor.

La CNMV ha recordado que en febrero de 2019 se interpuso una denuncia por parte de los fundadores a la que siguieron siete escritos complementarios, entre julio de 2019 y octubre de 2020 y, que una vez analizada la documetación, no constató indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de OPA.

Posteriormente, la CNMV recibió en enero de este año un escrito contra el archivo de dicha denuncia sobre los mismos hechos, que es al que se refieren las peticiones reveladas por los Martínez Sampedro.

En concreto, han solicitado introducir un nuevo punto en el orden del día de la junta de accionistas que se celebra el próximo 11 de mayo y que los partícipes en la toma de control de Codere cumplan la Ley del Mercado de Valores española, lo que se tradujo ayer en una subida de las acciones del 42%, hasta 1,2 euros.

Para ello, han solicitado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abra expediente contra los fondos para obligarles a presentar una OPA forzosa por 9,58 euros por título en beneficio de la totalidad de los accionistas de la compañía, lo que supone un montante total de alrededor de 900 millones de euros.

Según los fundadores de Codere, el precio equitativo por acción reclamado es el orientativo que se ha fijado en función del cierre del 12 de enero de 2018, fecha en la que se materializó la toma de control de la compañía.

También han solicitado a la CNMV que paralice los expedientes de denuncia que se presentaron, «sin conocer la existencia y consecuencias de la conspiración civil», hasta que se resuelva el expediente de la OPA forzosa.

La nueva demanda se basa en el artículo 40 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV y de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe de forma explícita las maniobras de accionistas y consejeros que impliquen una colusión de intereses ajenos a los del resto de accionistas.

Según la nueva demanda, «por primera vez», al iniciar este expediente al amparo de dicho artículo 40, el regulador «tiene la oportunidad de analizar la toma de control de una sociedad cotizada española, realizada de forma concertada por una conspiración civil desde Estados Unidos, para, sin nueva compra de acciones, tomar el control de una empresa cotizada sin presentar una OPA forzosa, como obliga la legislación española, hechos que hoy afectan a Codere pero que podrían afectar en el futuro a cualquier otra empresa cotizada española y en relación a los cuales, a día de hoy, no hay doctrina de la CNMV».

La nueva demanda también aporta el dictamen de una firma de abogados estadounidense, que ha analizado los resultados y pruebas obtenidas por el forensic al investigar miles de pruebas de la relación entre los fondos de inversión y los consejeros de Codere.

Los abogados concluyen en un informe, entre otras cuestiones, que «bajo su criterio jurídico y con los estándares de la legislación estadounidense, ha existido algún tipo de conspiración civil para organizar desde EE.UU. la toma de control de Codere sin presentar una OPA forzosa».

Además, destacan que «en secreto, urdieron y planearon un esquema, presentado como un plan de transición que resultara en cambios fundamentales en la estructura y el negocio de Codere», que incluían la rescisión de José Antonio Martínez Sampedro, como presidente de la compañía, y de Luis Javier Martínez Sampedro, como vicepresidente, y el nombramiento de Vicente Di Loreto, como CEO de Codere.

Según los demandantes, Di Loreto fue contratado como responsable de G3M Consulting para proveer de servicios de consultoría estratégica, financiera y de negocio a Codere, y fue nombrado responsable del Comité de Seguimiento de la compañía cuando era presidente José Antonio Martínez Sampedro. Posteriormente, y de acuerdo con el plan que había pactado con Silverpoint, fue nombrado por el consejo CEO de la compañía.

HECHOS PROBADOS

La nueva demanda afirma que, «según queda plenamente constatado en los correos electrónicos intercambiados, que fueron analizados en el procedimiento forensic denominado discovery realizado entre 2018 y principios de 2020 en EE.UU. los actuales consejeros de Codere abordaron la toma de control de la compañía en el seno del Comité de Nombramientos y del propio Consejo de Administración».

Esta circunstancia, supone eludir la obligación de retribución en igualdad de condiciones a todos los accionistas «razonables» de Codere, los que lo eran el 12 de enero de 2018, cuando se materializó la toma de control, «al evitar lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones de la empresa», aseguran los demandantes. La legislación española contempla la toma de control de una determinada empresa, pero ese procedimiento debe contar con el visto bueno de los accionistas mediante la convocatoria de una junta convocada para su aprobación como punto del orden del día.

En caso de ser aceptada la demanda, implicaría la obligatoriedad de lanzar una OPA al precio equitativo del día en que se produjo la toma de control efectiva de Codere, el 12 de enero de 2018, fijado en 9,58 euros por acción, frente a la cotización actual de 0,84 euros, lo que supondría, en función de dicho precio por título y del número de acciones cotizadas en esa fecha, un montante total de alrededor de 900 millones de euros, sin contar con los intereses anuales acumulativos del 3 por ciento, a repartir entre todos los accionistas poseedores de títulos de la empresa en aquella fecha.

En este sentido, el expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, considera que se trata de «un flagrante caso de toma de control de una empresa por parte de unos fondos de inversión que han conspirado desde EE.UU. para quedarse con una sociedad cotizada española sin lanzar una OPA para ello» y, por tanto, «perjudicando los legítimos intereses de todos sus accionistas minoritarios».