El Gobierno prevé invertir 298 millones en la inclusión social y laboral de los beneficiarios del IMV

El Gobierno prevé invertir 298 millones de euros de los fondos europeos en el fomento de políticas que garanticen la transición de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde una situación de exclusión a una situación de plena integración social y laboral, según figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.

De acuerdo con el calendario de implementación de esta inversión, en el año 2022, el Ejecutivo firmará ocho convenios bilaterales de colaboración con agentes relevantes para la inclusión social, entre los que se incluirán administraciones públicas subnacionales y el Tercer Sector de Acción Social; y en el año 2023, otros diez convenios.

Para principios del año 2024, el Gobierno prevé publicar una evaluación sobre la cobertura, efectividad y éxito del IMV, incluyendo recomendaciones para aumentar el nivel de solicitud y mejorar la efectividad de las políticas de inclusión social.

Según se desprende del componente 23 del Plan, la inversión propuesta no implica ayudas de Estado, y se canalizará principalmente mediante convenio de colaboración con comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social.

En relación con el Sello de Inclusión social, se precisa que su concesión no implicará en ningún caso transferencias monetarias; y que los incentivos vinculados a este sello que puedan desarrollarse en un futuro respetarán, en todo caso, el régimen de ayudas de Estado.

En cuanto al colectivo objetivo de esta inversión, el documento precisa que son: las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital; personas beneficiarias de las rentas mínimas autonómicas y otras personas en situación o riesgo de exclusión social.

El Gobierno precisa que estas personas se integran, en la mayoría de los casos, en uno o varios de los siguientes colectivos: infancia y juventud; mayores; personas con discapacidad; migrantes; mujeres víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación; personas sin hogar; minorías étnicas; reclusos y exreclusos; personas con problemas de adicción; y otras personas en riesgo de exclusión social.