CC.OO. celebra que el Gobierno se implique en los ERE de BBVA y CaixaBank y le pide un gran pacto de Estado

CC.OO. ha valorado positivamente que el Gobierno se haya implicado en los despidos colectivos de CaixaBank y de BBVA mediante dos escritos de advertencia enviados por la Dirección General de Trabajo a las entidades y ha reiterado la necesidad de «un gran pacto de Estado» sobre el sector financiero.

La Dirección General de Trabajo ha requerido formalmente a BBVA y a CaixaBank que sean «estrictamente rigurosos» con las formalidades del periodo de consultas de sus Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), cuyas primeras medidas a debatir deben estar destinadas a evitar o reducir los despidos planteados por el banco.

CC.OO. considera que estos escritos responden a la presión social y a las movilizaciones convocadas desde las organizaciones sindicales ante la oleada de procesos de reestructuración en el sector financiero, que considera que «no se sustenta en razones objetivas» y que «maltrata injustamente a los y las profesionales que han vuelto a sostener a las entidades financieras en una coyuntura sin precedentes».

El sindicato valora positivamente esta acción del Ministerio de Trabajo y ha pedido al Ejecutivo que vaya «un paso más allá» y requiera a BBVA y CaixaBank «que rectifiquen sus planteamientos de partida en los EREs, a fin de evitar una escalada de conflictividad, reorientando los mismos hacia mecanismos que eviten un impacto traumático sobre el empleo y el recorte de las condiciones laborales de las plantillas, que garanticen la voluntariedad y que cuiden del principal activo de ambas entidades, sus profesionales».

CC.OO. asegura que tanto el Gobierno como los supervisores «tienen responsabilidad y competencias para ello», especialmente en el caso de CaixaBank, donde el Ejecutivo cuenta con una participación del 16,11% a través del FROB.

Además, el sindicato ha emplazado al Gobierno a que impulse «un gran pacto de Estado» sobre el sistema financiero español junto con Gobiernos autonómicos, partidos políticos, supervisores y entidades del sector.

Según ha indicado, este pacto debería incidir en el cumplimiento de su fin social (dotar de crédito a la economía real), criterios de reversión social y sostenibilidad, mecanismos que garanticen la inclusión financiera, instrumentos financieros públicos con capacidad de intermediación real y directa, protocolos para una transición digital justa, contrato social para la reposición del empleo del sector, código deontológico y apuesta por la igualdad, la formación y la empleabilidad.