Ningún grupo secunda una propuesta de declaración institucional de Vox contra la ‘invasión migratoria’ en Ceuta
El grupo mixto-Vox en el Parlamento de Cantabria ha planteado una propuesta de declaración institucional en la que denunciaba la «invasión migratoria» en Ceuta y Melilla pero no se ha llevado al Pleno al no ser secundada por ninguna otra formación.
Así lo ha explicado, en un comunicado, Vox, que ha indicado que en su propuesta de declaración institucional, con la que pretendía que, «ante la gravedad» de lo ocurrido, el Parlamento de Cantabria reiterara «su compromiso con la necesidad de asegurar la fortaleza» de las fronteras españolas «para garantizar la integridad de Ceuta y Melilla como parte inseparable del territorio nacional».
Además, Vox pretendía con ella «exigir» al Gobierno de España a que tome «las medidas diplomáticas y coercitivas necesarias para garantizar la integridad territorial española y restablezca la seguridad y paz social en ambas ciudades autónomas mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, si es preciso, las Fuerzas Armadas».
Además, en ella, exigía la «devolución inmediata de cada inmigrante ilegal que ha entrado en España y cuya vida ha sido puesta en peligro por la gravísima acción de Marruecos».
Desde el grupo VOX han denunciado la situación «insostenible» que están soportando los compatriotas de Ceuta y Melilla y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, según ha señalado, «han tenido que actuar sin los recursos materiales ni humanos suficientes, así como los episodios de inseguridad vivida en los barrios de ambas ciudades».
Además, en su declaración, Vox ha exigido al Gobierno de España que traslade el mensaje «claro y contundente» de que «nadie que entre en España de forma ilegal y violenta pueda regular jamás su situación en España».
Finalmente, en la declaración, Vox denuncia que el mismo día en el que comenzó la «invasión migratoria alentada por las autoridades marroquíes», el Gobierno de España, «en lugar de promover sanciones internacionales, aprobó un pago de 30 millones de euros al país magrebí para cooperar con el control fronterizo».
