Competencia multa a cinco empresas de autobuses de Cantabria por reparto de las rutas escolares
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones a cinco empresas de transporte de viajeros de Cantabria y a una asociación regional del sector, en el primer caso por unirse en cárteles para el reparto de mercado y en el caso de la asociación por hacer una recomendación colectiva de precios.
Según ha informado la CNMC, el expediente se inició tras la denuncia de la Federación Cántabra del Taxi y la información recabada durante las inspecciones realizadas en febrero de 2019 en las sedes de varias empresas de transporte.
Si bien las actuaciones se incoaron en un principio respecto de 25 empresas y 2 asociaciones, finalmente la CNMC ha considerado solo acreditadas las infracciones para cinco de las empresas y una de las asociaciones.
Uno de los cárteles se refiere al transporte escolar, sujeto a licitación pública en el caso de alumnos de centros públicos. La CNMC ha comprobado que varias empresas que prestan servicios de este tipo en Cantabria adoptaron acuerdos para repartirse una «gran cantidad» de rutas de transporte escolar entre los cursos 2011/2012 y 2018/2019.
Las empresas sancionadas adoptaban varias estrategias «con el único objeto de eliminar la competencia en las licitaciones de muchas rutas de transporte escolar».
La CNMC ha acreditado acuerdos de no competencia entre las empresas para no concurrir a las mismas licitaciones y preservar las rutas a favor de las empresas que las venían prestando.
Estas mismas empresas también llegaron a acuerdos para ofrecer ofertas de coberturas en procedimientos negociados sin publicidad para asegurar la adjudicación de la licitación a la empresa que solicitaba la cobertura, según la Comisión.
Además, se ha acreditado cómo varias empresas han hecho un «uso ilícito» de la figura de la Unión Temporal de Empresas (UTE) para concurrir conjuntamente a un gran número de licitaciones evitando así tener que competir entre ellas.
La CNMC considera que estas conductas constituyen una infracción «única y continuada» de la Ley de Defensa de Competencia (LDC), constitutiva de cártel, e impone multas por este motivo a Anfersa Adaptado, S.L. (25.913 euros), Autobuses Benito, S.L. (36.296 euros), Autocares Mariano, S.L. (20.000 euros), Transportes Terrestres Cántabros, S.A. y solidariamente a su matriz General Técnica Industrial, S.L. (615.391 euros) y Zorrilla e Hijo, S.L.(10.465 euros).
Un segundo cártel se dedicaba al transporte de viajeros, acreditando la CNMC que las empresas Benito y Turytrans establecieron acuerdos «anticompetitivos» a fin de repartirse servicios de transporte discrecional de viajeros con origen en Cantabria.
Estos acuerdos falsearon una gran cantidad de procedimientos de licitación que afectaron al menos a 15 contratos entre los años 2013 y 2019.
La CNMC ha decidido imponer por esta segunda infracción multas a Transportes Terrestres Cántabros, S.A. y solidariamente a su matriz General Técnica Industrial, S.L. (263.739 euros) y a Autobuses Benito, S.L. (13.960 euros).
Además de los dos cárteles, la CNMC ha acreditado que en el año 2018 la Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de la Provincia de Cantabria (UPAVISAN) realizó una recomendación colectiva de precios, conducta «contraria» a la Ley de Defensa de la Competenia le impone una multa de 5.000 euros.
Estas sanciones llevan asociada la prohibición de contratar para las empresas sancionadas, cuyo alcance y duración deberá ser impuesta mediante procedimiento tramitado por el Ministerio de Hacienda.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
