Ence recurrirá ante el Supremo la anulación de la prórroga de la concesión de su biofábrica de Pontevedra

Los títulos de la empresa caen un 9% en Bolsa tras el fallo

Ence Energía y Celulosa recurrirá ante el Tribunal Supremo, en defensa de la legalidad de la prórroga de la concesión de su biofábrica de Pontevedra, después de que la Audiencia Nacional haya dictaminado que la compañía desarrolla una actividad que, por su naturaleza, puede tener una localización distinta de su actual emplazamiento, informó el grupo.

El grupo papelero y de energía señala que, «desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia», quiere poner de manifiesto «su desacuerdo» con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom.

Así, insiste en que agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses y reitera la validez de la prórroga de esta concesión, «de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de formadirecta e indirecta».

En su fallo, la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.

En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno del popular de Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.

Los títulos de Ence cerraron este viernes en Bolsa con una caída del 9,09%, siendo el valor más castigado del mercado español y tras ver agudizarse sus descensos en el tramo final de la jornada, después de conocerse la sentencia, para cerrar en los 2,922 euros.

Además, la compañía presidida por Ignacio Colmenares afirma que la concesión de la biofábrica de Pontevedra fue prorrogada acorde a derecho en enero de 2016 mediante una resolución del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por un plazo de 50 años, más otros 10 adicionales vinculados a un compromiso de inversión en mejoras ambientales y operativas de 71 millones de euros.

En este sentido, recuerda que la ampliación fue realizada en cumplimiento estricto de la legalidad, en aplicación de la Ley 2/2013 de Costas y el Reglamento General de Costas de 2014, y subraya que la compañía se comprometió a desarrollar un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y a implementar un plan social en Pontevedra de tres millones al año durante los 60 años de concesión.

«UN DURO GOLPE» PARA EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA EN GALICIA.

La compañía subraya que la sentencia de la Audiencia Nacional supone «un duro golpe» para el empleo y la economía de toda Galicia, donde Ence es una de las principales industrias de la comunidad autónoma y la biofábrica de Pontevedra dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte.

Adicionalmente, otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra. En total, más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del Norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la actividad de esta planta y la consiguiente caída de la demanda, añade la empresa.

DEFIENDE QUE CUMPLE «SOBRADAMENTE» LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

Por ello, Ence asegura que la planta en Pontevedra «cumple sobradamente» con toda la legislación ambiental y, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico.

Además, defiende que su actividad está además alineada con la transición energética, al autoabastecerse en energía renovable, y con la economía circular, como demuestra el certificado Residuo Cero concedido por Aenor, atesorando, asimismo, «importantes reconocimientos medioambientales».