Ni alumnos suficientes ni capacidad de los centros para financiar los cursos

Los centros que imparten formación ocupacional en Cantabria han logrado que la Administración reduzca a la mitad la deuda que tiene con ellos, pero se enfrentan a nuevos problemas, como el medio millón de euros que suman las cantidades reclamadas por el Servicio Cántabro de Empleo en la revisión de cursos ya impartidos. También les preocupa la ausencia de alumnos que achacan a la falta de información.

Nadie discute la idea de que la formación es la herramienta más adecuada para la reinserción laboral. Sin embargo, no parece que se termine de encontrar el modelo para que funcionen eficazmente las acciones formativas que pueden dar una nueva oportunidad a los desempleados.

Al menos, así parece desprenderse de las quejas de los centros sobre los que recae la responsabilidad de impartir los cursos que subvenciona la Administración. A la demora en los pagos –un problema agravado por el fraccionamiento en el cobro de los cursos que introdujo la reforma de 2015–, se une ahora la reclamación por el Servicio Cántabro de Empleo de la devolución de cantidades ya abonadas a algunos centros tras la revisión de cursos impartidos hace tres años. Y por si fuera poco, y a pesar de las altas tasas de desempleo y la preocupación que socialmente genera, muchos cursos no llegan a impartirse porque no se alcanza la cifra de 15 alumnos que la ley fija como mínimo.    

Cuando faltan pocos meses para que concluya la vigencia de la última convocatoria de cursos de formación para activos y desempleados,  que se extenderán hasta agosto del año que viene, no se han iniciado una cuarta parte de los 800 convocados. En algunos casos porque no hay alumnos interesados y en otros porque los centros no pueden acometerlos por falta de capacidad financiera para asumir los costes que generan. Unos gastos que, tras la drástica reducción del pago anticipado de subvenciones a los centros que imparten esta formación, no recuperan en su totalidad hasta cerca de un año después de acabado el curso. Con el modelo que entró en vigor en 2015, los centros reciben el 25% de la cuantía del curso tras su aprobación, el 35% cuando lo comienzan y el 40% restante tras finalizarlo y justificar los gastos.

Esta fórmula obliga a los centros a financiar los cursos con recursos propios o acudiendo a un crédito bancario. Un problema que se agrava aún más cuando se producen retrasos en el pago por parte de la Administración. Esa deuda ascendía la pasada primavera a 20 millones de euros, según denunció en su día la Plataforma de Centros de Formación Continua y Ocupacional en Cantabria, integrada en la CEOE, y aunque ya se ha reducido a la mitad, los problemas de fondo subsisten, hasta el punto de que desde el pasado año 29 centros se han dado de baja. Una parte de ellos ha desaparecido –como los que eran propiedad de los agentes sociales (Forem, Ifes y la propia CEOE)– y otros han renunciado a impartir esa formación.

Actualmente, son alrededor de cuarenta los centros que en Cantabria continúan activos en este sector y, prácticamente en su totalidad, forman parte de la Plataforma de Centros de Formación Ocupacional y Continua, una iniciativa que comenzó agrupando a una veintena de centros privados y que ya suma 37.

Cursos a revisión

Por si fuera pequeño el problema que plantea para la supervivencia de los centros las cantidades no cobradas por cursos ya impartidos, se une el que suscita la revisión de esos cursos años después de su finalización. En 2011, el Servicio Cántabro de Empleo estableció la obligación de revisar cada tres o cuatro años la justificación de gastos que tienen que aportar los centros cuando concluyen una acción formativa que en su momento obtuvo el visto bueno de la Administración. Actualmente están en revisión los cursos finalizados en 2014.

No es un procedimiento que se aplique en otras comunidades, según la Plataforma de Centros, y no plantearía demasiados problemas si se limitara a solicitar la misma documentación aportada en su día para justificar el cobro de los cursos, pero no siempre es así, como denuncia uno de estos centros: “Te piden nueva documentación y si no puedes reunirla, en muchos casos porque los proveedores a lo mejor ya no existen o porque no tienes posibilidad de regenerar esa documentación o porque no te aceptan las explicaciones que das, nos hacen devolver el dinero y hay centros en Cantabria que tienen que devolver cantidades ingentes, hasta el punto que su continuidad depende de cómo se resuelva este tema”.

El pasado mes de julio las cantidades reclamadas tras esta revisión sumaban ya cerca de medio millón de euros, que se repartían entre una decena de centros. Esas reclamaciones están recurridas ante los tribunales y la plataforma ha hecho llegar a la Dirección General de Empleo y a la propia Consejería de Economía su preocupación por el modo como se estan llevando a cabo estas revisiones. “Nosotros no nos negamos a que se nos revise –señala la portavoz de esta Plataforma y responsable de Formación de CEOE, Montserrat Peña–.Lo que queremos es que se haga con un criterio único, para no crear inseguridad jurídica”.

Pocos alumnos

Otra de las cuestiones que amenaza la viabilidad del actual modelo de formación ocupacional es la dificultad para captar alumnos.

Hasta ahora, las Oficinas de Empleo se ocupaban de buscar en su base de datos a los potenciales interesados en cursar alguna de las acciones formativas que se programan para desempleados. A los elegidos se les hacía llegar una carta informándoles de los cursos que se iban a impartir y en qué centros podían apuntarse.

Aunque los destinatarios de esa información sean numerosos, los desempleados que se inscriben en alguno de estos cursos suelen ser muy pocos, al desaparecer la obligación de seguir un curso de formación cuando se cobra un subsidio. Acostumbra a ser más eficaz la acción de los propios centros para encontrar alumnos que el de la de las oficinas de empleo para proporcionárselos. La desmotivación de los parados, sobre todo los de larga duración, y la falta de información dan como resultado que haya cursos que no pueden llegar a iniciarse ante la imposibilidad de reunir los 15 alumnos necesarios. “Yo detecto una falta de información total –señala la coordinadora de cursos de Estrategia 4, Ana Herrera–. La gente no sabe lo que son los certificados de profesionalidad ni cómo lograr un currículum profesional para poder insertarse en el mercado laboral”.

En esta idea de ayudar a trazar un currículum profesional insiste también la responsable de Formación de CEOE, Montserrat Peña: “No se trata de hacer un curso, sino de un itinerario formativo para conseguir empleo, y hay mucha gente que ni siquiera sabe que los cursos son gratuitos, ni lo que es un certificado de profesionalidad ni las salidas que tienen”.

Esta labor de información y de orientación a los destinatarios de los cursos que hace el Servicio Cántabro de Empleo –de cuya escasa eficacia  se quejan los centros– se está transformando a la vía digital. Los parados deberán registrase en una plataforma on line y recibirán por correo electrónico información sobre los cursos que se van a impartir y los centros donde pueden seguirlos. Una iniciativa en la que se obvia el hecho de que su buen funcionamiento dependerá de que sus destinatarios estén familiarizados con el uso de un ordenador o, simplemente, que lo tengan. Y si la información sobre los cursos les va a llegar solo por ese canal, y se eliminan las cartas que hasta ahora se estaban enviando, el problema de la falta de alumnos se agravará.

Ese canal de comunicación on line se va a articular sobre una plataforma ya existente (Gesfor) creada por el Servicio Cántabro de Empleo para agilizar la gestión de los cursos. Pero, aunque los centros la reconocen como una buena idea, su funcionamiento todavía deja mucho que desear. Ante la inseguridad que les genera, muchos de ellos optan por duplicar en papel la documentación para la solicitud de cursos y la justificación de pagos, lo que también aumenta el tiempo que dedican a la gestión.

Menos dinero para cursos

A la preocupación de los centros por el funcionamiento del actual modelo de formación ocupacional, se une el anuncio de que la nueva convocatoria de cursos 2017-2019, que se hará pública en breve, dedicará menos recursos. Si los temores de la plataforma de centros se cumplen, el dinero que se va destinar será sensiblemente menor que el dedicado a la actual, pasando de 15 millones de euros a diez.

Además, los centros se quejan de que no se cuente con ellos a la hora de efectuar la programación. Esto impide que en los cursos se refleje la demanda real de las empresas, que los centros creen detectar mejor, por su contacto permanente. La propia Montserrat Peña pone el ejemplo de la formación sobre geriatría que se imparte en el centro que ella dirige (Códice) y que debería enfocarse más hacia la especialización en enfermedades como el alzheimer, que es lo que las residencias demandan para cubrir esa necesidad asistencial.

En cualquier caso, para la Plataforma “lo preocupante es que hay centros que están devolviendo los cursos, en unos casos porque no los llenan y en otros por los gastos tan elevados que generan. Conocemos centros que les han aprobado doce cursos y han devuelto ocho, porque no hay alumnos o no podían financiarlos”,  señalan.

Un buscador de cursos

Mientras se buscan soluciones al problema de la financiación, que en otras comunidades se viene abordando mediante un sistema de justificación por módulos y factura única, los centros cántabros de formación, agrupados en la plataforma impulsada por CEOE, van a crear un portal informativo digital que contará con un buscador de cursos. Con él, cualquier persona interesada en las ofertas de formación ocupacional que se convocan en Cantabria podrá saber fácilmente las materias o habilidades profesionales de esos cursos y en qué centros se imparten. Ese buscador on line servirá, además, para que las empresas que buscan trabajadores con una formación determinada puedan dirigirse a los centros concretos, solicitando que les envíen a los alumnos que puedan cubrir ese puesto de trabajo.

“No se trata de dar publicidad a los centros –señala Montserrat Peña– sino de mostrar la formación que hay en Cantabria, y de que los destinatarios de los cursos tengan acceso a una información sobre itinerarios formativos que no se da adecuadamente”.

Una iniciativa que puede ayudar a que la formación ocupacional pueda ser más efectiva en una sociedad lastrada por un alto paro que tiende a hacerse crónico.

Jesús Polvorinos