Cantabria reducirá las exigencias ambientales para algunas pymes

La Constitución contempla la protección del medio ambiente como un principio esencial de la política social y económica y, a lo largo de los años, se ha acumulado mucha legislación sobre esta materia. La Ley de Control Ambiental Integrado de Cantabria data de 2006 y el actual consejero de Medio Ambiente pretende sustituirla a corto plazo por una nueva norma. Mientras, ha rebajado las exigencias para algunas pymes con escasas afecciones ambientales.

La Consejería de Medio Ambiente ha introducido algunas modificaciones en la Ley de Control Ambiental Integrado en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos para el año 2021 con las se que reducen las exigencias ambientales para algunas pymes.

Estas modificaciones  afectan solo al algunas actividades sometidas a comprobación ambiental, más concretamente a aquellas con una escasa afección al medio ambiente que necesitan licencia municipal, pero cuya actividad tiene importancia para el desarrollo económico de la región, como son las pequeñas instalaciones industriales, talleres, bares, restaurantes, aparcamientos o gimnasios, entre otros.

Los cambios introducidos consisten en definir qué actividades son sometidas a esa comprobación, excluyendo aquellas que no generan afecciones ambientales significativas, como las pequeñas industrias agroalimentarias o artesanales con escasa producción o que no utilizan sustancias peligrosas, o actividades de hostelería que no incluyan cocinas con campanas extractoras de humos.

Estos cambios son un adelanto de la política que pretende llevar la Consejería para hacer más compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades económicas y que se sustanciará en el anteproyecto de Ley de Control Ambiental, que el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, espera presentar a mediados de este año para su debate y participación pública, de forma que el proyecto pueda tramitarse el año próximo.

Uno de los principales objetivos de la nueva ley será adaptar la normativa autonómica, “evitando añadir condiciones más restrictivas para las autorizaciones o evaluaciones ambientales de la región”.

También garantizará la seguridad jurídica de todos los implicados en el cumplimiento de las exigencias ambientales para planes, programas y proyectos, y dará una mayor relevancia a las políticas de prevención y seguimiento de calidad ambiental, mediante la creación del Plan de Calidad Ambiental de Cantabria, que contemplará un sistema de indicadores del estado de nuestro medio ambiente y un plan de inspecciones ambientales.

El consejero ha hecho hincapié en que esta nueva ley va a consolidar los equipos de vigilancia e inspección ambiental dependientes de la Consejería, “evitando la dispersión de equipos y de personal, con la consiguiente ganancia en eficiencia”.

Otro objetivo de la futura ley será agilizar los procedimientos ambientales y evitar las duplicidades en las tramitaciones. Para ello, se utilizarán, cuando sea posible, instrumentos admitidos en otros procedimientos administrativos, entre ellos las declaraciones responsables.