Cantabria tiene tres plantas de biogás en tramitación
Ayuntamientos y Gobierno toman distancias ante la proximidad electoral
Mientras la mayor parte de los proyectos eólicos anunciados en la región todavía no tienen un futuro asegurado, ha aparecido un nuevo actor en el campo de las energías renovables, las plantas de biogás. Estas instalaciones transforman desechos orgánicos –como los purines del ganado o los restos de la industria alimentaria– en gas combustible. Como ocurre con los aerogeneradores, estas alternativas, a pesar de que vienen a resolver el grave problema que plantean los residuos ganaderos o los de las depuradoras, se han encontrado con el rechazo de algunos grupos allí donde planean instalarse, y la cercanía de las elecciones ha provocado que ayuntamientos que hasta ahora se mostraban abiertamente partidarios hayan cambiado bruscamente de actitud.
La Consejería de Medio Ambiente ha recibido, por el momento, tres solicitudes para construir otras tantas plantas de biogás en los municipios de Cabezón de la Sal, Hazas de Cesto y Arenas de Iguña. En este último caso se trata de una instalación temporal de experimentación.
El consejero del área, Guillermo Blanco, ha aclarado que el Gobierno tiene la obligación de tramitar todos los proyectos que llegan, y su autorización “dependerá de si cumplen todos los requisitos”. Blanco ha subrayado que su construcción no depende expresamente del Gobierno de Cantabria, ya que estas iniciativas también han de pasar por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y obtener permisos de los ayuntamientos, tras superar los trámites de audiencia e información pública.
El consejero no ha mostrado su posición ante estos proyectos, aunque ha explicado que contribuyen a buscar alternativas a los desechos ganaderos y sirven para reutilizar residuos para producir energía, además de que ayudan a cumplir los objetivos de Europa, que prevé que para el 2050 un 40% de la energía consumida sea renovable.
Aunque el Ejecutivo cántabro no dispone de ayudas para las promotoras de estas iniciativas, sí las tiene el Gobierno central a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.