Santa María de Garoña cierra, pero el desmantelamiento de una central nuclear no es algo que se produzca de la noche a la mañana y Garoña seguirá siendo una oportunidad de negocio para las empresas de Cantabria durante la próxima década. Retirar los residuos nucleares acumulados en este tiempo, trocear los elementos del reactor y sumergirlos en bloques de hormigón, derribar los edificios y restaurar el terreno requerirá 650 millones de euros y mucho tiempo. No se concluirá antes del 2030.

El desmantelamiento de la central de Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola al 50%) costará 650 millones de euros, de los cuales la empresa afrontará 150 en las labores previas y el resto quedará a cargo de Enresa, la empresa responsable de los residuos nucleares en España.

La decisión que tomó el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto de no renovar la autorización a la central del Valle burgalés de Tobalina, pilló por sorpresa a pocos. Las dos empresas propietarias discrepaban sobre la continuidad y la planta llevaba parada desde 2012, por lo que las únicas incógnitas se centraban en el futuro de los trabajadores y de la comarca.

En 2012, Garoña aportaba el 6% de la electricidad generada por el sector nuclear español. Una cuantía poco significativa en el mapa eléctrico nacional (poco más del 1%) aunque con un alto simbolismo para el movimiento antinuclear y con un valor muy tangible para la economía de la zona, incluida la propia Cantabria que se beneficia, indirectamente, de sus efectos.

Si el cierre de Garoña es a priori una mala noticia para Burgos y para Cantabria, paradójicamente abre un escenario de negocio más atractivo que cuando la central estaba operativa, ya que el proceso de desmantelamiento será tan largo como costoso, y requiere mucha colaboración exterior.

Una estrecha vinculación con Cantabria

Aunque esté ubicada en la provincia de Burgos, Garoña casi ha sido una central cántabra. Fue impulsada por Electra de Viesgo que hace ahora medio siglo se asoció con Iberduero para poner en marcha la nuclear, adelantándose a muchas otras compañías eléctricas del país. Y se abrió con un equipo directivo y decenas de trabajadores procedentes de Cantabria. Todavía hoy, entre el 40 y el 50% de los 227 empleados de la planta tiene origen cántabro, aunque la mayoría están ya arraigados en Burgos, muchos de ellos en la cercana población de Miranda de Ebro.

Durante décadas, y hasta fechas recientes, la sede de la nuclear estuvo en la calle Hernán Cortés, de Santander, que ahora se mantiene como una oficina de la compañía.

El futuro de todos ellos está sujeto a un ERE, del que ya se ha suscrito un preacuerdo muy favorable, que evita los traumas laborales gracias a prejubilaciones y recolocaciones en otros centros de Endesa e Iberdrola.

A finales de este año solo quedarán en Garoña los 120 trabajadores que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento. Es el personal necesario para mantener los altos requisitos de control interno, pero la central requerirá muchas más tareas, que se encomendarán a compañías externas, y esa es la oportunidad que buscan las empresas cántabras.

Hay un buen puñado de ellas que han sido contratistas de Garoña a lo largo de los años, especialmente Equipos Nucleares (Ensa), Enwesa o Norca-Intertek, las tres integradas en el Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC) creado en 2016. Para ellas, es un cliente que desaparece pero pueden sacar más provecho en este proceso de extinción que de las tareas habituales, porque el desmantelamiento resultará muy complejo.

Nuclenor ha confirmado a esta revista que seguirá contando con las empresas cántabras en este proceso. El hecho de que conozcan perfectamente unas instalaciones que han colaborado a construir o han mantenido durante muchos años va a ser decisivo: “Su conocimiento de la instalación es de gran importancia”, ratifican desde la central, “aunque la colaboración deberá adaptarse a la realidad de la situación actual, en la que hay una actividad diferente a cuando estaba la planta en operación”, matizan.

Equipos Nucleares ya está trabajando en su oferta, que probablemente se centrará en los contenedores para la retirada de los residuos radiactivos que la central ha acumulado en piscinas a lo largo de casi medio siglo de funcionamiento. ENSA acaba de certificar su contenedor Enun 24P para el transporte de combustible gastado, un campo en el que tiene muy pocos rivales a su altura.

Actualmente, ENSA no tiene ningún contrato en aquella planta. El último encargo fue la construcción de una grúa pórtico y de cinco contenedores de tipo Enun 52B, que siguen almacenados en el taller de Maliaño a la espera de ser usados.

Equipos Nucleares tiene experiencia en otros desmantelamientos, como el de Zorita, en el que está participando y que se convertirá en el patrón a seguir para Garoña.

La empresa cántabra es consciente de que la competencia internacional va a ser muy fuerte, algo que ya experimentó recientemente al ofrecer el suministro de contenedores para la central de Cofrentes (Valencia), en cuyo concurso quedó segunda, por detrás de una compañía norteamericana.

En esta ocasión se trata de un contrato muy jugoso y la fábrica cántabra apostará fuerte, ya que se requieren contenedores suficientes como para almacenar todo el combustible gastado en el reactor a lo largo de los 42 años de funcionamiento de la central.

«Con el conocimiento que tenemos queremos hacer la mejor oferta tecnológica para el desmantelamiento», señala el presidente de ENSA, Eduardo González Mesones. “Es una oportunidad por la que vamos a luchar”.

Garoña, además, puede abrir muchas otras puertas, ya que hasta el momento apenas se han desmantelado poco más una decena de centrales nucleares en el mundo, dos de ellas en España (las de Zorita y Vandellós I), pero las expectativas de negocio en este terreno son muy importantes. Según la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE en los próximos años se van a desmantelar nada menos que 240, algo que resulta fácil de entender ya que la instalación de muchas de las que están en funcionamiento coincidió en el tiempo.

Aunque todavía no hay información oficial sobre cómo será el desmantelamiento de la central del norte de Burgos, en el sector se considera muy probable que Garoña siga los pasos de José Cabrera-Zorita (Guadalajara), cuyos desmantelamiento fue de Nivel 3. Esto significa que primero se procederá a la retirada del combustible gastado y se acondicionarán los residuos en un Almacén Temporal Individualizado (ATI). En una fase posterior, que ya acometerá Enresa con los subcontratistas que decida, se retirarán los elementos convencionales, se desmontarán los componentes radiológicos y se descontaminarán los edificios, procediendo después a su derribo. Finalmente, los terrenos se restaurarán para dejarlos como estaban antes de que se construyera la central en un recodo del Río Tobalina.

Uno de los procesos más delicados, la extracción del combustible gastado de Garoña, requerirá al menos cinco o seis años pero ENSA tiene capacidad para llegar a hacerlo en tres años si fuera necesario, ya que la línea de gestión de combustible es una de las más afianzadas dentro de la entidad.

El desmantelamiento de una central

El combustible gastado que se retira está alojado en unos haces de barras que, nada más se extraídos en la parada de recarga, se colocan en unas piscinas ubicadas en la propia central nuclear para enfriarlos. Allí permanece almacenado, en teoría, de forma temporal.

Cuando, como en este caso, no se trata de una recarga sino de un desmantelamiento, se procede a cortar los componentes internos del reactor. Un proceso delicado y poco habitual que dura dos años y medio. Para evitar cualquier contacto humano con unos materiales que han estado sometidos a la radiactividad, todo el procedimiento está robotizado y se realiza bajo el agua, ya que este elemento es un aislante natural de la radiación.

Posteriormente, los materiales troceados se transferirán a un centro de operaciones (por lo general un edificio de la central adaptado a este fin), donde se colocarán en bloques que se rellenarán de hormigón. Estos bloques pueden acabar almacenados en el almacén temporal de El Cabril (Córdoba), si son de baja y media actividad, o en el futuro ATC de Villar de Cañas (Cuenca), cuando se trata de residuos de alta actividad.

Aunque la mayoría de los materiales de una central nuclear no están contaminados o tienen una contaminación muy superficial, no resulta fácil gestionar unas cantidades tan ingentes. En Zorita, a pesar de una de las centrales más pequeñas del sistema nuclear español, se han generado 104.000 toneladas de residuos, de las cuales un 4% han sido considerados radiactivos. Y el proceso, que comenzó en 2003, no estará concluido hasta 2019.

Tanto Garoña como Zorita eran centrales de agua ligera y el procedimiento para desmantelarlas no variará mucho. En cambio, en Vandellós, una central de grafito, se ha producido un desmantelamiento en dos fases. La orden de cierre se aprobó en 1990 y Enresa presentó en 1994 el Plan de Desmantelamiento. En 2003 se concluyó el correspondiente al nivel 2, pero para el del cajón del reactor –el nivel 3– se ha dejado un «periodo de latencia» que concluirá en 2028, cuando haya decaído de forma natural la radiactividad, lo que hará mucho más sencillo el desmantelamiento.

La clausura de Velilla afectará al Puerto de Santander

Iberdrola también cierra sus centrales de carbón

Cuando se abrió la terminal de graneles sólidos de Santander para evitar que el polvo de carbón siguiese volando por la ciudad, el Puerto esperaba llegar a alcanzar unos movimientos de un millón de toneladas al año de este mineral. Nunca se cumplieron esas expectativas, porque las entradas de carbón han dependido de dos únicos clientes: Solvay, que lo utiliza para sus calderas cuando sube el precio del fuel, y la central térmica de Velilla del Río Carrión, que también ha estado utilizando el puerto de Gijón. Y las expectativas ahora son francamente peores, porque el presidente de Iberdrola acaba de anunciar que cerrará tanto la central palentina de Velilla como la asturiana de Lada, las dos únicas que consumen carbón.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha anticipado a la entrada en vigor de una regulación que prepara el Gobierno nacional para asumir por sí mismo la decisión de las centrales que pueden cerrarse o no, que ahora está en manos de Competencia y Red Eléctrica Española.

Iberdrola justifica el inesperado cierre por su interés en concentrarse exclusivamente en las energías limpias. Cuando se produzcan, el 76% de su producción eléctrica en España ya se generará sin emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero ese propósito choca con el interés anunciado por el Gobierno por mantener estas centrales, para conservar lo que queda del sector nacional del carbón.

Iberdrola asegura que la medida no afectará al empleo de sus trabajadores. En Lada trabajan 90 personas y en Velilla 80, que serán recolocados en las labores de desmantelamiento de las dos plantas, que se extenderán durante cuatro años desde la fecha de aprobación de cierre, y en otras instalaciones de la empresa.

El desmantelamiento costará cerca de 35 millones de euros, e incluirá una restauración paisajística de los espacios que ahora ocupan las centrales de Lada y Velilla, que surgieron a pie de mina, para aprovechar el carbón de estas cuencas sin prácticamente incurrir en costes de transporte.

Eran otros tiempos. Ahora hay que importarlo, y las consecuencias también serán notorias para los transportistas cántabros que cubren los 110 kilómetros que hay entre Santander y Velilla, para subir el carbón que ahora alimenta aquellas centrales, Unas instalaciones que, por sus altos costes, solo son utilizadas por el sistema eléctrico como respaldo, en momentos muy puntuales del año, cuando se juntan una alta demanda de electricidad con escasez de viento y de agua embalsada.