El efecto económico de la planta de Reinosa
Antes de impulsar la creación de la nueva Sidenor Forgins & Castings, para evitar el cierre de la planta de Reinosa, el Gobierno de Cantabria encargó un estudio sobre la repercusión de esta fábrica en la economía regional. Un informe que iba a confirmar lo evidente –que es insustituible como fuente de empleo y de riqueza en el sur de la región– pero que también iba a justificar políticamente la inversión de 15 millones de euros en tomar una participación del 25% en la nueva sociedad, a la que Sidenor trasladó todos los activos vinculados a la fabricación de grandes piezas.
El estudio, elaborado por el despacho de consultoría Glezco, revela que, pese a la progresiva pérdida de importancia de Sidenor en el entramado económico regional, aún hoy aporta 61,9 millones de euros al Valor Añadido Bruto (VAB) de la comunidad autónoma, el 0,55%. Y más significativo aún que ese medio punto de la producción regional sería la pérdida de 616 puestos de trabajo directos, vitales para toda la región, y que resultaría especialmente dramática en Campoo.
En realidad, esa solo es la primera capa del problema, porque hay que añadirle todos los impactos indirectos, el de las muchas empresas que suministran a la fábrica y el efecto sobre el consumo. En informe calcula estos efectos indirectos en 106,1 millones de euros (en función de los datos de 2016), un 0,89% del VAB regional, y el cierre hubiese arrasado otros 1.132 empleos fuera de la propia fábrica. Por tanto, la pérdida de esta planta centenaria acabaría reduciendo el VAB regional en 168,1 millones de euros y causaría una auténtica catástrofe laboral, al deparar la pérdida de 1.748 puestos de trabajo directos e inducidos.
En el perímetro de esa onda expansiva de perjuicios que hubiese causado el cierre están el sector de la energía y medio ambiente (la planta es una gran consumidora de electricidad), donde se perderían 75 empleos, la construcción (otros 101) y el transporte, comercio y hostelería, donde dejarían de trabajar 312 personas por estos efectos inducidos.
La propia Administración hubiese sido uno de los principales perjudicados, por la disminución que se hubiese producido en la recaudación de impuestos. En concreto, hubiese perdido 7,1 millones de ingresos en el IVA, 9,9 millones en el IRPF, 14,7 millones por cotizaciones a la Seguridad Social y 2,8 millones en otros impuestos sobre los productos fabricados.
