‘Es difícil entender que no se haya buscado una solución pactada para Vuelta Ostrera’

Pregunta.- En la última legislatura ha habido muchas críticas por la paralización de proyectos industriales o de parques eólicos a consecuencia de sus afecciones ambientales. ¿Es un problema de gestión o de normas?

Guillermo Blanco.- La tramitación ambiental de algunos proyectos, por sus potenciales efectos sobre el medio ambiente, no es sencilla y en bastantes ocasiones es más lenta de lo que todos desearíamos. El problema puede ser tanto de la normativa –que exige documentos, trámites y plazos que deben cumplirse–, como de gestión. Especialmente si los protocolos internos de trabajo no están suficientemente claros, si no hay personal suficiente para sacar adelante con más rapidez esos expedientes o la organización no es la adecuada para facilitar esa tramitación.

P.- ¿Se podrá agilizar en esta legislatura?

GB.- Esta legislatura vamos a trabajar en todos esos ámbitos y, de hecho, es una de nuestras prioridades: revisar la normativa para facilitar la tramitación; evaluar los procedimientos internos de gestión de los expedientes y, en la medida de lo posible, mejorar la eficiencia para, con los medios disponibles, ganar en agilidad administrativa. Pero siempre, y eso debe quedar muy claro, con plenas garantías de seguridad jurídica.

Es muy importante que los empresarios tengan certidumbre y sepan si pueden o no tramitar sus proyectos en un tiempo prudencial.

P.- ¿Se recuperará algunos de los proyectos de parques eólicos?

GB.- Ya se están tramitando varios proyectos de parques eólicos, que dependen de la Consejería de Industria, y confío que en los próximos meses podrán superar los trámites ambientales y estar en disposición de comenzar su ejecución. Pero se trata de proyectos complejos y estamos recibiendo numerosas alegaciones para algunos de ellos que añaden una complejidad adicional al proceso.

En cualquier caso, es compromiso del Gobierno y de esta Consejería facilitar el desarrollo de las energías renovables en Cantabria como herramienta en la lucha contra el cambio climático y para la transición ecológica.

P.- ¿Es Cantabria una región especialmente pejiguera con la normativa ambiental? ¿Por qué se ha extendido esa imagen entre los industriales?

GB.- No, no lo es. Probablemente la imagen que pueda existir en algunos sectores tiene que ver con la necesidad de mejora en los procedimientos y en la normativa a la que antes me he referido. Pero es evidente que Cantabria es una comunidad que, como todas, que tiene que aplicar la legislación ambiental que emana desde diferentes ámbitos, como son el europeo, el estatal, y el autonómico. En este último ámbito, el de la normativa autonómica, es en el que pretendemos incidir para ganar en eficiencia.

Tampoco olvidemos que, en ocasiones, se achaca a la tramitación ambiental la lentitud de algunas autorizaciones, cuando existen otras administraciones y otras normas, que también intervienen. Otras veces es el propio promotor el que dificulta una mayor rapidez al presentar documentación incompleta o no cumplir los plazos establecidos para ciertos trámites.

P.- Usted ha heredado varios problemas históricos más, como el derribo de la Depuradora de Vuelta Ostrera. ¿Hemos llegado ya al punto de no retorno y hay que aceptar irremediablemente su derribo?

GB.- Lo primero que debo aclarar es que la competencia en la construcción de la depuradora es del Estado, y suya es la responsabilidad de resolver el problema generado.

Me gustaría pensar, como creo que también a muchos cántabros, que todavía existen opciones diferentes al derribo y construir en otro lugar una instalación clave para el saneamiento de la cuenca Saja-Besaya. Más aún cuando parece evidente a estas alturas –después de haberse barajado múltiples alternativas– que no existen ubicaciones que no tengan inconvenientes ambientales, económicos o sociales.

Es difícil comprender que después de tanto tiempo el Ministerio no haya trabajado seriamente con la asociación que presentó la demanda que llevó a la sentencia de derribo y con el propio Tribunal, para plantear medidas compensatorias de los daños ambientales que pudo provocar su construcción en su ubicación actual y para comprometer que la inversión pública necesaria para el derribo y la nueva construcción se dedique a la recuperación ambiental de la cuenca Saja-Besaya como motor de su recuperación económica. Así se lo he trasmitido a la ministra para la Transición Ecológica en una reciente reunión y espero que mi mensaje haya calado y todavía podamos intentar esa opción.

P.- Aunque de forma oficiosa se da por hecho que la nueva ubicación de la depuradora será en la isla de Solvay, no es una solución popular en el Ayuntamiento de Polanco. Además, el Ministerio no acaba de decidirse. ¿Cuándo va a tener un desenlace esta historia y por qué lugar apuesta el Gobierno de Cantabria?

GB.- Ya lo ha dicho el Secretario de Estado de Medio Ambiente en su reciente visita a Cantabria: no hay una decisión tomada sobre la ubicación de la nueva depuradora, y no puede haberla porque todavía no se ha superado el proceso de evaluación ambiental que le corresponde hacer al Ministerio para la Transición Ecológica.

La ubicación en la isla de Solvay es la que propone una adenda reciente al primer estudio de impacto ambiental, pero es una ubicación con graves incertidumbres ambientales por las características de los terrenos de la isla. Los propios técnicos del Ministerio habían descartado esa opción en el estudio de impacto ambiental inicial y, en ese momento, los informes de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ya expuso su punto de vista negativo sobre esa opción. En la adenda al estudio de impacto que el Ministerio ha presentado este año se opta por la isla de Solvay con una depuradora de tamaño menor y situada en un lugar ligeramente diferente de la isla, pero la valoración de los técnicos del Gobierno de Cantabria sigue siendo igualmente negativa y así se lo hemos hecho saber al Ministerio en el informe que le hemos remitido hace unas semanas.

Le corresponde al Ministerio la elección de la ubicación y el Gobierno de Cantabria confía que sean exclusivamente criterios técnicos los que la fundamenten si es que, finalmente, la única opción es construir una nueva depuradora.

P.- Pasemos a la cuenca del Asón. Para concluir su saneamiento es imprescindible acabar el subfluvial entre Santoña y Laredo, una obra de la Confederación Hidrográfica que lleva años paralizada. ¿Qué perspectivas hay de que se resuelva el conflicto con la adjudicataria y que se pueda reanudar la obra?

GB.- Es un tema que nos preocupa especialmente y así se lo hice saber a la ministra por indicación del consejero José Luis Gochicoa, competente en la materia. La ministra me trasladó que los trabajos siguen paralizados hasta que se resuelva el procedimiento judicial que está abierto entre las empresas implicadas en la ejecución del proyecto. No pudo adelantarme un plazo de resolución pero le insistí en que estamos hablando de un grave problema de conservación de la calidad ambiental en un espacio natural protegido, que además forma parte de la Red Natura 2000 y es un humedal de importancia internacional, y que también está perjudicando a los recursos marisqueros y pesqueros de la zona. Por no mencionar el daño a los presupuestos públicos que supone la paralización de un proyecto de esta envergadura.

P.- El Gobierno había puesto en marcha una estrategia para fomentar en las empresas la economía circular. De hecho, la UE dotará partidas muy importantes en este sentido para el próximo septenio. ¿Tiene la Consejería prevista alguna medida para seguir impulsando este reaprovechamiento de los subproductos industriales?

GB.- Es compromiso de este Gobierno la elaboración, durante la presente legislatura, de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria. Es más, la elaboración de la Estrategia se aprobó en el congreso del PRC, celebrado en noviembre de 2018, como parte de la ponencia sobre Medio Ambiente que tuve oportunidad de defender y que fue respaldada por los compromisarios.

P.- ¿Cuál será el objetivo principal?

GB.- Su objetivo principal es estar bien situados en un escenario económico en el que la lucha contra el cambio climático es un eje principal en todas las políticas de la Unión Europea; acompañar a las empresas de Cantabria en los procesos de transición que muchas de ellas ya han iniciado para lograr la reducción de residuos; la valorización de los subproductos de su actividad, conseguir que las políticas medioambientales sean una oportunidad y no un freno para el desarrollo sostenible y la actividad económica, y que la transición ecológica sea socialmente justa.

Dentro de la estrategia de la Consejería en materia de Economía Circular, también me gustaría destacar dos líneas de actuación de la empresa MARE. La primera es la Cátedra MARE de Economía Circular, en colaboración con la UC, para mejorar la sensibilización social, y la segunda es un convenio de colaboración público-privado con varias empresas de la región para la gestión de residuos domésticos que servirán para producir sustrato para uso agrícola y bosques; de lodos de depuradoras, podas, cenizas y arenas, así como para el aprovechamiento industrial del papel y cartón recogidos como componente de paneles de construcción.

P.- La Consejería ha anunciado la puesta en marcha del Plan Ambiental Saja-Besaya 2030 para la rehabilitación ambiental de ambas cuencas. ¿Que actuaciones se llevarán a cabo?

GB.- Para alguien que ha nacido en la cuenca del Besaya, como yo, es algo a lo que siempre ha aspirado, hacer todo lo posible por recuperarla ambientalmente. La elaboración del Plan fue una de las primeras decisiones que adopté como consejero y su objetivo es recuperar la calidad ambiental de la cuenca, como base para iniciativas del Gobierno, los municipios y las empresas que fomenten la creación de empleo verde, empleo de base tecnológica, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la diversificación productiva y la regeneración de la biodiversidad. Se trata de devolver a esta cuenca parte de lo que el trabajo de sus hombres y mujeres ha aportado a la riqueza de Cantabria.

P.- ¿Con quién va a contar la Consejería para llevarlo a cabo?

GB.- Vamos a ir de la mano de los expertos del Instituto de Hidráulica Ambiental, que nos apoyarán en todo el proceso de elaboración del Plan que se extenderá hasta el 2020, y queremos propiciar un escenario de participación pública para identificar problemas, proponer prioridades y definir medidas concretas con el horizonte del año 2030. También iremos de la mano de los 27 municipios de las dos cuencas, los agentes sociales y la sociedad civil que quiera sumarse.

En los próximos meses definiremos las actuaciones concretas y los compromisos de las diferentes partes implicadas. Por cierto, en la reunión con la Ministra para la Transición Ecológica también le trasladé la petición de que el Ministerio se sume al Plan, recibiendo una respuesta positiva que espero se plasme no solo en aportación de ideas, sino también en compromisos presupuestarios.

P.- ¿Hacia dónde se orientarán las inversiones medioambientales de su Consejería en los próximos Presupuestos?

GB.- Los presupuestos de la Consejería deben alinearse necesariamente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit. También con las obligaciones derivadas de programas con financiación europea, como el Programa de Desarrollo Rural.

Partiendo de esta consideración, las inversiones medioambientales para el año 2020 se destinan fundamentalmente a impulsar una serie de planes y proyectos centrados en la lucha contra el cambio climático, el impulso de las energías renovables, la economía circular, la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad.

Vamos a ejecutar el Plan de Residuos con aportaciones a la empresa pública MARE y trabajos de recuperación de áreas degradadas e infraestructuras ambientales. También vamos a desarrollar planes estratégicos ya en vigor, como el de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, el control de Especies Exóticas Invasoras –con especial atención al plumero y al avispón asiático–, la Estrategia de Cambio Climático, el Plan de Gestión del Lobo, el Plan de Dinamización de Valderredible, o los planes de ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos.

P.- El vertedero de Meruelo iba a agotar su capacidad en 2032, pero el Gobierno alargará su vida hasta 2067. ¿Cómo lo conseguirá?

GB.- Desde la Consejería se han estudiado las diferentes alternativas para esa ampliación y se ha decidido ampliar la cota actual de relleno hasta la cota 250. Esta decisión no compromete la capacidad de cara al futuro y garantiza el equilibro entre el crecimiento económico, el cuidado del Medio Ambiente y el bienestar social.

P.- La solución definitiva para la estabilización de las playas de Peligros, La Magdalena y Bikinis se conocerá antes de fin de año, pero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha adelantado que, aunque se retiren los espigones, el Estado no aportará arena para mantener las playas. ¿La Consejería va a participar de algún modo en el desenlace?

GB.- Esta Consejería ya se personó en su momento en la tramitación del proyecto, requiriendo al Ministerio una adecuada evaluación de las repercusiones de las obras en la Red Natura 2000, evaluación que a nuestro juicio era deficiente como, finalmente, terminó reconociendo el propio Ministerio al pedir la suspensión del procedimiento judicial abierto ante la demanda presentada por el Gobierno regional ante la Audiencia Nacional. La suspensión concedida por la Audiencia permitió que el Ministerio elaborase el estudio de afecciones a Natura 2000 y, una vez evaluado por nuestros técnicos, se consideró adecuado lo que motivó el levantamiento de la suspensión.

P.- ¿Cómo cree que se va a solventar este problema?

GB.- Partiendo de esa evidencia, y sin entrar en mi opinión personal sobre los impactos del proyecto, las decisiones sobre inicio, paralización temporal y conclusión de las obras son responsabilidad y competencia exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica, que supongo valorará no solo las consecuencias ambientales y económicas de sus decisiones, sino también el contexto social. Y para apreciar todos esos componentes y las alternativas viables que existen, el interlocutor del Ministerio es el Ayuntamiento de Santander, que recientemente se ha pronunciado al respecto.

Lo que tengo claro es que perder esas playas no se encuentra entre las opciones que han de barajarse, por lo que espero que la decisión final se produzca lo antes posible y todos los cántabros y visitantes podamos seguir disfrutando de ellas.

María Quintana