Vuelve la formación para el empleo pero con recortes que asfixian a los centros

La larga sequía en la convocatoria de los cursos de formación para el empleo parece haber quedado atrás. El Gobierno regional impulsó hace meses una programación que no solo corrige la inacción del anterior Ejecutivo sino que se extiende también a los próximos años, atendiendo así a las necesidades de continuidad y previsión que demandaban los centros que imparten los cursos.
Pero la recuperación de la actividad en este sector ha venido acompañada de cambios tan profundos en la financiación que ponen en riesgo la existencia de los propios centros. O, al menos, de aquellos cuya actividad primordial sea la impartición de cursos de formación para el empleo.
Porque el cambio de modelo que se consumó el pasado mes de septiembre, con la publicación de la nueva ley que regula la formación para trabajadores en activo y para desempleados, ha introducido tales recortes en la financiación anticipada que recibían los centros que obligan a éstos a echar mano de sus propios recursos o a recurrir a financiación bancaria para iniciar los cursos. Una situación que ya ha tenido consecuencias fatales para las dos fundaciones con que contaban UGT y CC.OO (IFES y Forem, respectivamente) para impartir este tipo de formación. Después de casi treinta años de actividad, ambas han tenido que cerrar sus puertas y la CEOE se está planteando abandonar también esta actividad. Una situación que, si bien elimina la fuerte competencia que los agentes sociales hacían a los centros de formación privados, no deja de suponer una amenaza para todo el sector.

Una programación plurianual

Los cursos de formación para desempleados y trabajadores en activo no solo han vuelto por fin a Cantabria sino que lo han hecho con fuerza. Nada menos que 20 millones de euros en subvenciones del Gobierno regional para los cursos de 2016, que se repartirán entre los 77 de centros de formación inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo.
La convocatoria ha tenido en cuenta la petición de los centros de contar con una programación sostenida en el tiempo y no estar sometidos a una permanente incertidumbre o a los retrasos de las convocatorias anuales y los cursos adjudicados este año se extenderán hasta 2018. De esa manera, tanto los centros como el profesorado que imparte los cursos podrán programar su actividad con más tiempo y los desempleados y trabajadores en activo podrán volver a disponer de una herramienta imprescindible en un mercado laboral marcado por las altísimas cifras de paro y la precariedad.
La realidad es que, en muchos casos, los centros no solo cumplen una función formativa. “La clave está en hacer cursos que conlleven inserción laboral”, señala Daniel Pérez, presidente de la Asociación de Centros de Formación (CECAP Cantabria). “Todos nuestros esfuerzos están encaminados a conseguir esa inserción y, de hecho, muchos de nuestros centros nos hemos convertido también en agencias de colocación”, añade.
Dentro de las acciones formativas que se están impartiendo, los certificados de profesionalidad son, para el Gobierno regional, una prioridad. Más de 24.000 desempleados cántabros cuentan tan solo con una cualificación equivalente a Educación Secundaria Obligatoria, y otros 7.000 con Estudios Primarios. De ahí que en las 470 acciones formativa aprobadas en la pasada convocatoria se dé prioridad a la obtención de certificados de profesionalidad. Estos cursos incluyen un módulo de prácticas en empresas, con una duración que oscila entre las 40 y las 80 horas. Un tiempo que muchas de estas empresas consideran demasiado breve para formar adecuadamente a un alumno pero que sirve, al menos, para una toma de contacto de cara a futuras ofertas de trabajo.
Isidro Villasante, director de la academia Aula 14, de Colindres, cree que los certificados de profesionalidad son una herramienta de formación muy cercana a las empresas. “Todos los alumnos hacen prácticas en un sector determinado, en una comarca determinada. Los centros de formación conocemos de primera mano los cambios que se están produciendo en las empresas de nuestro entorno y fácilmente podemos escoger las especialidades que requieren en cada momento”, dice.

Apertura de la formación para activos

Una de las novedades del nuevo modelo de formación para el empleo que ha sido mejor acogida por los centros privados es su acceso a la formación para trabajadores en activo, que antes tenían vedada. “Hasta la entrada en vigor de esta nueva Ley” –explica Daniel Pérez– “los centros nunca habíamos tenido acceso a las convocatorias para activos, que estaban exclusivamente en manos de los agentes sociales”.
Ahora, todos los cursos se someten a concurrencia competitiva, aunque entre los criterios que la Administración maneja para su adjudicación no se encuentra el del coste de las acciones formativas. “La famosa eficiencia económica no se ha tenido en cuenta” –señala el presidente de CECAP–. “El Gobierno de Cantabria pone unos precios y no se tocan; no hay ofertas a la baja y esto es algo muy importante”, resalta Daniel Pérez.

Una financiación más restrictiva

En cualquier caso, las ventajas que pueda reportar a los centros privados el nuevo modelo de formación para el empleo no compensan, ni de lejos, el perjuicio que les supone la nueva fórmula de financiación. Hasta ahora, las entidades adjudicatarias de las acciones formativas recibían, de forma anticipada, el cien por cien del coste de los cursos. La nueva ley ha introducido una drástica reducción en estos anticipios y los centros sólo reciben por anticipado el 25% del coste de la acción formativa. Al iniciarla ingresa otro 35% más y el 40% restante solo lo cobran cuando justifican ante la Administración la impartición del curso, algo que suele demorarse unos cuatro meses. Esta nueva fórmula ha situado a los centros ante un escenario en el que se ven obligados a financiar los cursos con recursos propios o acudiendo a un crédito bancario.
Además, se les han rebajado los costes indirectos que pueden imputar (gastos de luz, mantenimiento o nóminas de las personas que trabajan en la gestión), que han quedado reducidos a un diez por ciento del coste total, en vez del 25% anterior.
La consecuencia es que la subvención que reciben los centros solo alcanza para cubrir los costes (salario de los docentes, alquiler de las instalaciones donde se imparte el curso, material didáctico, etc) y apenas deja margen de beneficio. De hecho, a las únicas entidades a las que les sale rentable impartir estas acciones formativas son aquellas que ya cuentan en su plantilla con el profesorado, sin necesidad de recurrir a otras contrataciones.
En este sentido, la desaparición de los sindicatos en el campo de la formación para el empleo (se ha llegado a decir que éste era el objetivo que perseguía el nuevo modelo de financiación del PP), y cuya presencia era considerada como intrusiva por las entidades privadas, no ha satisfecho las expectativas de estos centros que buscan ahora la manera de rentabilizar su aportación.

Una factura única

Para salvar el escollo que supone la nueva fórmula de financiación, que todas las comunidades autónomas están obligadas a respetar, la asociación que agrupa a los centros de formación españoles quiere que los gobiernos regionales les permitan presentar una única factura en la que se incluyan todos los gastos; una justificación por módulos que compensaría el recorte en los gastos indirectos que se pueden imputar a los cursos. Aragón puede ser la primera comunidad en la que se aplique este modelo de factura única, que serviría de referencia para otras administraciones regionales. Lo que los centros no van a conseguir, salvo que se modifique la ley, es el pago anticipado de la totalidad del curso.
Otra de las demandas que quieren trasladar a los Gobiernos regionales –la CECAP ya lo ha hecho en Cantabria– es que se acelere la gestión de la justificación de los gastos de los cursos realizados ante la Administración, y que en el caso de Cantabria puede suponer una demora de hasta cuatro meses entre el momento en que el centro presenta todas sus facturas y el Servicio Cántabro de Empleo da su visto bueno. Una comprobación de la que depende el cobro del 40% del curso.
Uno de los factores que contribuye a este retraso son las retenciones del IRPF a los profesores contratados para impartir los cursos. Como estas retenciones se hacen al vencimiento de cada trimestre, la entrega de esa documentación puede llegar a retrasar aun más la justificación de cursos ya concluidos.
Se trata, en definitiva, de buscar la manera de agilizar el cobro de la totalidad del curso porque, como señala Daniel Pérez, “ese 40% nos ahoga y nos obliga a buscar financiación para impartir los cursos, y cuanto mayor sea la subvención que te adjudican, mayor es la deuda”.

Vuelve la oferta pública de empleo

La formación para el empleo es solo una de las varias líneas de trabajo que tienen los centros privados. Si dependieran solo de esas convocatorias, su supervivencia sería tan problemática como lo ha sido para los sindicatos. Muchos de esos centros también imparten cursos de formación a petición de las propias empresas, aunque esta actividad no pasa por su mejor momento. La falta de desarrollo reglamentario de la nueva Ley ha generado una inseguridad jurídica que está frenando esta formación bajo demanda.
Lo que sí ha supuesto un revulsivo para el sector de la enseñanza es el anuncio de oposiciones a la función pública. La oferta pública de empleo de Cantabria ha sido la más generosa de los últimos cinco años y la intención del Gobierno es que tenga continuidad en el tiempo.
La convocatoria ha suscitado el interés de centenares de futuros opositores y también ha supuesto un cambio en el estado de ánimo del sector de la formación, que ve como se invierte la tendencia de los últimos años. Tanto que, de la continua desaparición de centros, se ha pasado a la creación de al menos dos nuevos.