La compleja cosecha de los fondos europeos
La Administración cántabra y las grandes empresas tratan de aprovechar el maná que deberá impulsar la economía y conducirla a un modelo más sostenible
Muchos empresarios confían en poder acceder a alguna pequeña fracción de los ingentes fondos que ha dispuesto Bruselas para la reconstrucción económica de los países socios. Para algunos puede ser la oportunidad de lanzarse a proyectos innovadores o para reorientar sus negocios; otros lo ven como una tabla de salvación en un momento económico tan crítico, aunque ese no sea el fin de las ayudas, pero todos ellos se mueven en un mar de dudas sobre como poder optar a esta financiación. El banderazo de salida para la mayoría de estos proyectos privados se dará en marzo o abril, cuando se lancen las primeras convocatorias públicas, pero CEOE recomienda ir dándoles forma ya.
Poco a poco empiezan a desvelarse las puertas que permitirán acceder al Fondo Europeo de Recuperación, un auténtico Plan Marshall que la UE lanza como un salvavidas sobre todos sus miembros, pero especialmente los más afectados por la hecatombe económica de la Covid. En verano se conoció el montante de este inmenso paquete económico y poco después lo que le correspondería a España, unos 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 serán ayudas a fondo perdido y el resto, préstamos reembolsables. Hace unas pocas semanas se ha recalculado el reparto en función de las nuevas circunstancias de cada país y se le han concedido a España 10.000 millones más no retornables, al entender que ha evolucionado a peor.
Desde que se supo la enorme cuantía de la que se va a disponer, las empresas han tratado de conocer cuál será su parte en esa tarta, con poco resultado, porque hasta ahora solo se han podido presentar los proyectos a las llamadas “iniciativas de interés” que iba lanzando el Gobierno como una especie de globo sonda. En ellas han participado muchas grandes empresas, pero ninguna tiene la seguridad de que su propuesta vaya a ser financiada.
Solo ahora empiezan a vislumbrarse cómo se podrá beneficiar la iniciativa privada de este fondo, y a medida que se va conociendo es posible que se desinflen muchas expectativas, y no por falta de dinero, sino por las condiciones para conseguirlo.
El penúltimo velo que se ha levantado sobre el reparto de los fondos europeos en España ha sido la parte que se quedará el Gobierno nacional y la que gestionarán las autonomías. Pedro Sánchez ha anunciado que las comunidades decidirán sobre la mitad del dinero que Bruselas ha reservado para España. Un reparto relativamente generoso teniendo en cuenta que ha sido el Estado el que ha soportado sobre sus espaldas el grueso de los gastos originados por la COVID, especialmente el pago de los ERTEs.
Tanto la administración del Estado como las autonómicas van a tener una ventaja sustancial y no solo por hacer el reparto. En sus proyectos la financiación comunitaria puede alcanzar el 100% del gasto. En los que presenten las empresas la ratio será muy distinta: un euro comunitario por cada cuatro de inversión privada. Nadie descarta que para algunos proyectos se pueda llegar más lejos en la intensidad de la ayuda pública, pero ese es el patrón por el momento.
Para muchas empresas quizá sea más rentable acudir a los fondos europeos habituales, y hay que recordar que la UE acaba de aprobar su presupuesto para el próximo septenio y aunque supone nada menos que 1,074 billones de euros, ha pasado un poco desapercibido, al solaparse ambas negociaciones. Entre sus muchos programas hay partidas muy generosas para las empresas que reorienten sus consumos energéticos hacia las fuentes renovables o para las que apliquen la economía circular. Como poco, la región recibirá de estos presupuestos ordinarios los 90 millones que recibió del anterior Marco Financiero Plurianual.
Enrique Conde:
‘Es una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar’
Enrique Conde, presidente de la CEOE cántabra, califica los fondos asociados a la reconstrucción europea como “una oportunidad histórica para la tranformación de nuestro tejido productivo que no debemos desaprovechar”. Entiende que los tres vectores que tratan de impulsar (digitalización, industrialización y sostenibilidad) coinciden con las necesidades de las empresas locales y justifica así que la CEOE cántabra haya sido pionera en la creación de una Oficina Técnica, en junio pasado, para que la comunidad autónoma aproveche estas dotaciones de la mejor manera y con la mayor intensidad posible.
Esta Oficina, que ha servido a la CEOE nacional para crear una semejante de carácter estatal, trata de divulgar la información entre las empresas cántabras, asesorarlas en sus proyectos y coordinarlos con los que se presenten en otras comunidades. Pero también va a servir para canalizar la colaboración público-privada, la gran autopista por la que van a circular las grandes partidas de los fondos. “En el diseño de estos fondos y la estrategia de su gestión ya se indica que la colaboración público-privada va a resultar imprescindible en la atracción y gestión de estos fondos”, indica Conde. “CEOE”, añade, “es el interlocutor natural entre la administración y las empresas. En todos los contactos que estamos manteniendo con la administración regional queremos fomentar un espíritu constructivo de colaboración permanente. Los empresarios somos necesarios en ese proceso y CEOE quiere ser parte de la solución y participar en la mesa donde se toman las decisiones”.
El interés privado se dispara
Casi medio centenar de grandes empresas cántabras han presentado ya proyectos a través de la CEOE, la Cámara de Comercio o alguna otra agrupación empresarial, en respuesta a las ‘manifestaciones de interés’ lanzadas por el Gobierno para conocer hacia dónde se orientan los intereses del tejido productivo, pero el proceso formal, en sí, no ha empezado y tanto la directora general de la CEOE-Cepyme de Cantabria, Isabel Cuesta, como la coordinadora de la Oficina Técnica que ha creado esta institución, Adela Sánchez, recomiendan “no ponerse nerviosos, aunque sí estar preparados”. Y ante la ansiedad de pequeñas empresas por saber si podrán entrar en el reparto de los fondos recalcan: “Sí, habrá dinero también para las pymes”. Dentro de poco podrán acudir a las convocatorias que empezará a sacar el Gobierno.
Al mismo tiempo que piden calma, en CEOE no ocultan su temor a que no se consuma todo el dinero prometido por Bruselas, y no por falta de interés, porque reciben un aluvión de consultas, sino por el ratio de inversión privada que se exige y la premura de los plazos. Si los 102 proyectos que ha presentado el Gobierno de Cantabria el pasado otoño en el Plan Cantabria (R)eactiva se ejecutan, se movilizarán nada menos que 2.600 millones de euros, una cuantía casi imposible de ejecutar en el plazo previsto.
El primer objetivo del país es conseguir todo el dinero que se ha reservado para España y consumirlo. No hay que olvidar que se trata de un máximo y que en la mayor parte de las ocasiones, lo que llega a cada estado dista bastante de lo cantidad que se le había adjudicado, porque no se presentan proyectos suficientes, porque parte de los proyectos no se ajustan a los objetivos previstos o, simplemente, porque el solicitante no es capaz de cumplir sus compromisos de inversión, y no se le puede subvencionar por lo que no gasta.
A tener en cuenta
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- España aún no ha presentado el documento definitivo. Tiene de plazo hasta el 30 de abril, aunque la idea del Gobierno es entregarlo a finales de febrero o comienzos de marzo.
- Los ejes prioritarios de actuación serán: la transición ecológica (37% de los recursos); la transición digital (33%); la cohesión social y territorial; y la igualdad de género.
- Los fondos comunitarios no van a financiar la totalidad de un proyecto, salvo en el caso de las administraciones públicas. La idea es que las empresas pongan cuatro euros y la subvención europea el quinto. Hay que ser muy realistas.
- El dinero no va a llegar de inmediato, salvo los 27.000 millones que el Gobierno de España ha incluido en los presupuestos, a modo de anticipo, para las convocatorias que va a sacar este año y que luego le reembolsará Bruselas, aunque no hay un compromiso que lo garantice.
- Las empresas podrán participar de los fondos a través de las licitaciones y las convocatorias de ayudas realizadas por los ministerios y los organismos nacionales o autonómicos.
- En todos los casos, habrá que competir con otros interesados, como en cualquier otro de los programas de la UE y únicamente se financiarán proyectos de inversión.
- Los proyectos que hasta el momento han presentado las grandes empresas responden a las ‘manifestaciones de interés’ sobre las que el Gobierno ha querido sondear los ámbitos de interés empresarial. La respuesta ha sido altísima, ya que en algunas de ellas se han llegado a recibir 5.000 propuestas, pero eso no indica nada más. No es un procedimiento de adjudicación ni otorga ningún derecho a los que han presentado proyectos.
- Una parte de ellos, obviamente, se llevarán a cabo y aunque lo encabecen grandes compañías e instituciones, las pymes podrán participar dentro de la cadena de valor.
- La ayuda comunitaria se concederá para inversiones en reformas, ampliaciones o en digitalización de las empresas pero no en gasto corriente. Por tanto, la cuantía puede ser bastante menor de la que esperan algunos empresarios.
- Los controles sobre la ejecución y el gasto realizado van a seguir existiendo, aunque serán más ágiles y quizá un poco menos exhaustivos.
- Toda la interlocución de las empresas será con las autoridades españolas, no con Bruselas. Lo probable es que las autonomías monten un servicio específico (Cantabria lo va a tener). También la CEOE cántabra ha creado una Oficina Técnica para sus afiliados.
- Las grandes apuestas de los fondos son la movilidad urbana, estaciones intermodales, energías renovables (especialmente el hidrógenos verde), incorporación de renovables a edificios públicos y privados, digitalización de las administraciones, ciberseguridad, robotización, 5G, ciencia, digitalización de la sanidad y la educación a distancia.
‘Anticipación y agilidad’
Las autonomías también procurarán emplear toda la asignación que les corresponda, pero en el caso de las empresas no hay dotaciones regionalizadas y competirán con las del conjunto del país, al menos en las líneas de ayuda que saque el Estado. En este sentido, la CEOE cántabra tiene muchas expectativas en función de las consultas que recibe y el interés que ha detectado en las empresas locales. También es significativo que haya sido la primera patronal del país en crear una Oficina Técnica para asesorar a sus afiliados.
Las Administraciones públicas tienen ya mucha experiencia en la gestión de los proyectos comunitarios, pero las empresas han recorrido ese camino muchas menos veces y lo probable es que el ratio de eficiencia sea bastante menor, incluso que no pasen el primer filtro, el de la selección de sus proyectos. Para evitarlo, la CEOE insiste en que sean iniciativas rentables per se, innovadoras y alineadas con las prioridades europeas.
Buena parte de los fondos irá a iniciativas de colaboración público-privada, en las que se unirán las comunidades y el sector privado para presentar proyectos atractivos desde el punto de vista de ambos. La UE tiene especial interés en esta colaboración para asegurar que los fondos producen un arrastre real de la economía productiva.
El factor tiempo va a ser muy importante en esta ocasión y la CEOE transmite a las empresas dos conceptos que van a resultar vitales: Anticipación y agilidad, porque el 70% de los fondos europeos se adjudicarán entre 2021 y 2022, aunque el periodo de ejecución irá desde 2021 a 2026, y más intensamente, entre 2023 y 2026.
Los interesados han de tener en cuenta que, aunque una décima parte de los fondos van a llegar de forma anticipada, necesitarán tener capacidad financiera para abordar el proyecto, porque las subvenciones no empezarán a fluir hasta el segundo semestre del año.
En cualquier caso, el Banco Santander y otras entidades ya se han ofrecido a financiar este espacio de tiempo.
La Oficina Técnica de la CEOE cántabra insiste en que las empresas vayan pensando los proyectos que necesitan acometer, “siempre en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización y que sean inversiones”. Dado que el plazo de ejecución finaliza en diciembre de 2026, los proyectos deben ser lo suficientemente maduros como para que puedan cumplir los plazos.
Agilización de la burocracia
El Gobierno nacional ha aprobado un decreto para facilitar la gestión de estos fondos, ante el temor de que una parte significativa se pierda por problemas de burocracia. También se recoge la posibilidad de transferir los remanentes que no gaste cada departamento para que se puedan utilizar en otra área.
El texto establece que “a todos los contratos financiados con los fondos percibidos por el Reino de España en el marco del plan de recuperación les será de aplicación el régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento”. Para conseguirlo, por ejemplo, se elevarán los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, lo que permitirá el acceso de más empresas por esta vía. Y también abre la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva en las que no se requerirá una valoración comparativa con otras propuestas.
Entre los cambios administrativos más destacados está la reducción del plazo de evaluación a cinco días hábiles. Una celeridad que se hará en detrimento de un examen más exhaustivo.
