La gigantesca inversión pública que no se ve

La expresión ‘enterrar el dinero’ indica un uso muy poco productivo de los recursos económicos, pero hay ocasiones en que sí ofrece una rentabilidad social y ambiental muy elevada, como ocurre con los saneamientos. En los últimos veinte años, en Cantabria se han dedicado cantidades ingentes para hacer miles de kilómetros de tuberías soterradas, cerca de un centenar de estaciones depuradoras públicas (las fábricas, a su vez, han tenido que hacer las suyas) y tres emisarios marinos. Esa red ya está prácticamente concluida, a falta de que el Subfluvial de Laredo permita conectar toda la margen derecha del Asón, pero eso no quiere decir que no se necesite gastar más. Cada año, Mare, que tiene la encomienda de gestionar los saneamientos en alta, emplea más de 17 millones de euros en la impulsión de las aguas residuales por los colectores y en el tratamiento en las depuradoras de los más de los 112 millones de metros cúbicos de vertidos que genera la región.

Cantabria empezó tarde el saneamiento de sus ríos, cuya regeneración natural no podía sobreponerse a los vertidos urbanos, industriales y ganaderos que se lanzaban a sus aguas sin depurar, con tanta desconsideración por el medio ambiente como falta de respeto por el conjunto de la población, puesto que esos mismos ríos servían para el abastecimiento.

A la entrada en la Comunidad Económica Europea, la presión de sus autoridades empezó a convertirse en insostenible. Cantabria no podía permanecer al margen de una disciplina ambiental que Europa mantenía desde muchos años atrás y que incluso en España estaba más avanzada. Tampoco estaba justificado desaprovechar la financiación que ofrecía la Comunidad en este terreno, pero la región, con unos gobiernos tumultuosos de Juan Hormaechea, parecía mucho más interesada en las obras en superficie, las que son visibles para el electorado, que en enterrar las ingentes cantidades de dinero que requieren los sistemas de saneamiento, quizá porque el votante no estaba dispuesto a valorarlo.

Tuvo que madurar la sociedad y tuvo que llegar la normalidad institucional para que hace algo más de veinte años empezasen a acometerse las grandes obras de saneamiento, entre ellas la de la Bahía de Santander. Desde entonces se ha completado la red, con un ingente esfuerzo económico que solo se ha podido afrontar gracias a la consideración de interés general que dio el Estado a algunas de ellas, haciéndose cargo de su financiación, y a que éste pudo contar, a su vez, con los fondos de la CEE, que beneficiaron a España como a ningún otro país.

Los cientos de kilómetros de tuberías de gran diámetro enterradas forman una red troncal que discurre por los valles de la región, por lo general en paralelo a los ríos, hasta llegar a las estaciones depuradoras, desde las que se devuelve el agua de los vertidos ya limpias a los ríos o al mar, a través de emisarios submarinos. A cada uno de esos grandes colectores llega, a su vez, una gigantesca red de tuberías de menor diámetro con las que se conectan los 102 municipios de la región y las hijuelas de todas estas para alcanzar los cientos de entidades de población, en una región que tiene más de 500 juntas vecinales y muchos más núcleos aislados.

Una longitud de tuberías difícil de estimar (nadie puede hacer un cálculo fiable de lo que ha supuesto llegar con las canalizaciones a prácticamente todas las viviendas) pero que, en buena lógica, debe ser muy superior a la red de carreteras, y en Cantabria solo las de competencia autonómica suman 2.750 kilómetros de longitud.

Una red casi completa

Felipe Lavín, director de la empresa pública Mare, que tiene encomendado por el Gobierno no solo la gestión de las basuras domésticas sino también la del saneamiento en alta y las depuradoras, reconoce que las obras hidráulicas son muy costosas y no se rentabilizan electoralmente, a pesar de lo cual la región ha hecho un esfuerzo “descomunal” en las dos últimas décadas. “Muchos siguen opinando que, como rentabilidad política, es enterrar el dinero”, dice. Pero es imprescindible hacerlas, aunque de cada diez euros que se emplean en ellas, calcula que solo son visibles dos, los que corresponden a obras que se hacen en superficie.

La red de recogida de vertidos aún no llega al 100% de los núcleos de población de la región, y probablemente no llegue nunca, porque llevar las tuberías a algunos de los más apartados y con menos vecinos resulta inviable económicamente. Lavín calcula que ahora mismo está cubierta más del 90% de la población y ya no quedan grandes infraestructuras que hacer, una vez se concluya el Subfluvial entre Laredo y Santoña. Mare tiene un presupuesto adicional este año de 1,5 millones de euros para infraestructuras de saneamiento que en su mayor parte irán a buscar soluciones puntuales para esos pequeños núcleos rurales, porque cree que en la red de depuradoras ya no está justificada la construcción de más de dos o tres.

El problema de los vertidos puntuales

El agua depurada que sale de estas estaciones se vierte al medio y no se vuelve a utilizar, aunque  las EDAR de Vuelta Ostrera y San Pantaleón disponen de tratamiento terciario que permite reutilizar una pequeña parte en las propias depuradoras.

Su funcionamiento no resolvería el problema ambiental de los vertidos de no haber construido también las industrias sus propias plantas tras implantarse la Autorización Ambiental Integrada, que así lo exigía. Varias de ellas han introducido también sistemas de recirculación, con importantes reducciones del consumo.

Los problemas para la red de saneamiento ya no están en esas grandes industrias, como en el pasado, puesto que hacen ellas mismas su depuración medio, sino en las medianas y las pequeñas, como reconoce Lavín. Las estaciones depuradoras se han construido según la tipología de vertidos de cada zona, porque no tienen nada que ver los de Santoña, donde las salmueras y grasas de pescado que vierten las conserveras son extremadamente corrosivos, con los de la cuenca del Nansa, por ejemplo. Eso no impide que se produzcan situaciones críticas, porque el auténtico problema es que las cargas contaminantes de las pequeñas industrias y talleres no son homogéneas; pueden llegar, pueden no llegar o pueden llegar en tromba y no es posible dimensionar una depuradora para atender estas puntas. Como tampoco puede hacerse para atender lluvias torrenciales, que además de desbordar la capacidad de los tanques de tormenta provocan una dilución de la carga contaminante que provoca la muerte, por falta de alimento, de las bacterias que hacen el tratamiento biológico y que se nutren, precisamente, de esa carga contaminante. Y es que, además de las depuraciones físicas (retiradas de sólidos) y químicas (neutralización con reactivos), las depuradoras se valen de microorganismos para hacer un proceso biológico de degradación, muy semejante al que se lleva a cabo en la naturaleza pero mucho más intensivo.

Gestión pública y privada

Mare gestiona por sus propios medios las depuradoras que dan servicio a más de la mitad de la población, entre ellas algunas de las más grandes. Las pequeñas funcionan prácticamente de manera automatizada, como muchos de los bombeos que impulsan las aguas residuales, aunque requieren una vigilancia intensa de los parámetros, porque nunca se puede estar seguro de que no llegue a ellas un vertido puntual de purines, de sueros lácteos, de taladrinas industriales o de aceites de automoción, que desborden su capacidad.

Leandro Morante, responsable del Área de Operación y Control del Medio de MARE, sostiene que ha mejorado mucho la concienciación de ganaderos y pequeños empresarios pero siguen produciéndose este tipo de alarmas, porque el control de las pequeñas empresas es bastante más difícil que el de las medianas y grandes “que además son más conscientes en materia ambiental”, dice.

El hecho de que los vertidos de pymes y ganaderías lleguen a través de un colector común suele hacer difícil localizar e imputar al responsable.

Entre las depuradoras de gestión privada la mayoría lo son por razones históricas. Ocurre con las EDARes de San Román (Santander), Comillas, Reinosa, Guriezo, San Vicente, Liendo y Ramales; las EDARI de Santoña y Laredo; y en gran parte las muy pequeñas de núcleos rurales.

De los 17 millones de euros que cuesta cada año la depuración de aguas residuales en Cantabria, estas empresas se reparten alrededor de nueve. Un coste que está sometido a tres factores muy distintos: el volumen de vertidos; el precio de la electricidad, que cuando sube dispara los gastos de impulsión, y la pluviosidad. En el momento en que la región pueda disponer de dos redes paralelas, una para los vertidos y otra para el agua de lluvia, ese coste se reduciría notablemente, y no tanto por los gastos en depuración sino porque una gran parte de la factura que paga la comunidad y se repercute a los ciudadanos, es consecuencia de la necesidad de bombear ese agua para salvar los obstáculos geográficos hasta llegar a las depuradoras y de ahí al mar.