Las muchas paradojas de la electricidad que afloran en esta crisis

El sector eléctrico es uno de los más regulados que existen, por lo que gran parte de las polémicas de este verano sobre la distorsión del mercado que supondrían los topes de precios o los impuestos sobre los beneficios son ociosas. Ni es el libre mercado el que fija los precios ni lo ha sido en muchas décadas y es precisamente esa mezcla de mercado y regulación la que da lugar a una situación cargada de paradojas. Lo insólito es que, si se pregunta a las eléctricas (y a muchos partidos), prefieren que continúe todo tal cual. La razón es que están consiguiendo más beneficios que nunca, pero eso no es moralmente compatible con el problema generalizado que se crea, tanto a los consumidores domésticos –algunos puede que no se atrevan a poner la calefacción este invierno– como a las empresas, hasta el punto de haber paralizado muchas grandes industrias, como está ocurriendo en Cantabria.

¿Es aceptable tener que parar fábricas y cerrar muchas otras empresas en todo el país porque el precio de la energía les impide ser competitivas? En un sector, como el energético, que sabe que por mucho que suban los precios sus clientes no tienen más remedio que seguir siéndolo, es difícil que se cumpla la teoría de que el mercado se regulará solo.

Es evidente que el beneficio (extraordinario) de unos pocos no puede significar la ruina de todos los demás. Las patronales, atrapadas por el hecho de que tanto las energéticas como el resto de las empresas son asociados, ha optado por ponerse de perfil y parece confiar en parchear la situación con rebajas en la fiscalidad y subvenciones públicas para los afectados, pero es obvio que eso significa recargar aún más la factura de los que ni siquiera pueden poner la calefacción en sus casas, aunque sea por una vía indirecta (la de los otros impuestos).

En esa ayuda pública a los consumidores parecen confiar también las eléctricas, porque de lo contrario no se entendería ese empeño por asfixiarlos. Bastaría el cierre de la fábrica de Ferroatlántica en Boo para quedarse sin un cliente que gasta tanta energía como toda la ciudad de Santander. Por tanto, a largo plazo, el incremento desmesurado de los precios es un pésima política para las propias eléctricas.

Traslademos el problema a otro sector, el del cemento. En los dos últimos años, ha pasado de un coste energético de unos ocho euros por tonelada a unos 40, un 400% más. Dado que el mercado inmobiliario español está anémico desde hace mucho, empresas como Alfa han de desviar gran parte de su producción al exterior, especialmente a Gran Bretaña. ¿Podrán competir en ese mercado con el cemento que llega del norte de África, donde cuentan con un suministro de gas barato?

En circunstancias parecidas están las siderúrgicas, auxiliares de automoción, azulejeras, papeleras… todos los sectores que tienen un alto consumo de electricidad o gas en sus hornos y fábricas. Y no olvidemos que hay muchos más sectores electrointensivos de los que creemos, entre ellos el del almacenamiento de datos informáticos (los data center).

Si la primera paradoja es entender por qué alguien pondría en riesgo de muerte a sus mejores clientes, la segunda es saber por qué ha dejado de funcionar un sistema de ajuste de precios eléctricos que parecía eficiente hasta ahora.

La subasta de precios establece que se pague a todos los productores de electricidad como al más caro de cuantos contribuyen a completar el cupo para cubrir la demanda diaria. De esta forma, se trataba de conseguir que las eléctricas tuviesen un incentivo muy importante para desarrollar las energías renovables (las más baratas de producir) puesto que les saldrían más rentables, al producir electricidad de bajo coste y cobrarla muy cara. De esta forma, los europeos dispondríamos de más energía barata cada vez y evitaríamos las importaciones de hidrocarburos y subsiguiente el efecto invernadero.

Eso impulsó el desarrollo de muchos parques eólicos y solares, pero no ha evitado la codicia. Habiendo quedado fuera de servicio (o derruidas) las centrales de carbón, y cerradas las nucleares más antiguas, es inevitable recurrir al gas para completar la producción y, en un sector donde hay muy pocos competidores y toda la energía está vendida, es fácil dejarse atraer por esta oportunidad histórica de negocio. Pueden vender muy caro produciendo la mayor parte de su energía a costes muy bajos.

La tercera paradoja está relacionada con los precios medios. Las electrointensivas españolas están pagando precios muy superiores a sus competidoras francesas, lo que no parece posible, puesto que en las mismas fechas en que el megavatio se fijaba en España a 175 euros, en Francia estaba por encima de los 400. Tiene una explicación. Según el último barómetro de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aerge), las factorías españolas están pagando una media de 257€ el megavatio/hora, incluyendo el impuesto del 7% sobre la producción y el tope al gas. El precio medio que están pagando las francesas es de 158,5, porque la mayoría tiene contratos vigentes en los que habían pactado precios muy inferiores a los de mercado. En cambio, en España, a medida que han ido venciendo estos contratos de precio fijo, las comercializadoras no han querido renovarlos.

En Francia, además, funciona la tarifa fija denominada ARENH para parte de la producción eléctrica, y solo el 30% del precio final depende de las fluctuaciones del mercado, mientras que el resto está vinculado a una horquilla muy estrecha de entre 42 y 46 euros.

La cuarta paradoja es aún mayor. ¿Cómo es posible entonces que las empresas francesas estén comprando energía en España? No solo lo hacen sino que lo hacen a un precio subvencionado, dado que compran al precio de la ‘excepción ibérica’ como los clientes nacionales. No tiene ninguna lógica, pero es así. De esta forma, los consumidores franceses que no están amparados por contratos fijos o por la ARENH, pueden tener acceso a una energía más barata que la suya.

La quinta paradoja deriva de la anterior. Ahora que el gas está más caro que nunca, España está consumiendo más gas que en ningún otro momento de su historia. Podría achacarse a una picaresca de las empresas energéticas, para alterar los precios del mercado porque, como ya hemos visto, es el gas el que acaba marcando la cuantía que se pagará los kilovatios producidos con cualquier otra tecnología, pero no es así. Es consecuencia de la importante exportación de electricidad a Francia y a Portugal, que han provocado un aumento inhabitual de nuestra generación.

Este verano se ha venido recordando con frecuencia que Francia prácticamente se abastece con energía nuclear y eso ha llevado a que muchas personas utilicen al país vecino como referencia de independencia energética, pero aunque es cierto que aportan más de un 60% de su consumo nacional, en estos momentos está parado por recarga o avería la mitad de su parque de centrales y eso les obliga a importar electricidad de España. E importarían mucho más si Francia no hubiese incumplido los acuerdos para redimensionar la red que comunica los dos países, de muy escasa capacidad.

Las exportaciones a Portugal son consecuencia de la sequía, que ha dejado sus embalses en condiciones muy precarias, un problema grave para un país cuyo principal soporte energético es la hidraulicidad. Por tanto, al vender más electricidad que nunca al extranjero, y con el poco viento y lluvias del verano, la generación en España ha tenido que recurrir más al gas, y los consumidores nacionales acabamos pagando, por ello, precios superiores.

¿Qué lógica tiene que vendamos a otros energía subvencionada con nuestros impuestos? Pues, ninguna, y eso se ha criticado mucho, pero la realidad es que, en el saldo de intercambios, esa transferencia de subvenciones no está tan clara. Pongamos que el precio del MWh es de 150 euros, a los que hay que sumar 100 más por la compensación al gas que se ha introducido, y que los franceses la pagan a los 500 de su mercado. La mitad de la diferencia entre ambos precios (125 euros) volverá a España por ese mecanismo, y, por tanto retornará más dinero de lo que se paga aquí para compensar al gas. Pero como esa cuantía depende del día a día, es difícil calcular cuál es el saldo neto.

Otra paradoja: ¿Por qué, en estas condiciones, no se reabren nucleares cerradas? Está claro que hacer nuevas centrales es muy complicado y llevaría al menos 15 años de tramitación y construcción, por lo cual nada podrían resolver en esta crisis. Sin embargo, parece más sencillo poner a funcionar aquellas que, como Garoña, estuvieron abiertas. Tampoco es tan sencillo. Vox lo reclamó recientemente y Nuclenor –la propietaria de la central burgalesa, que durante muchos años tuvo su sede en Santander­­­– respondió de una manera muy tajante que es técnicamente imposible, por lo que nadie más se ha atrevido a insinuarlo. Ya en su día, Iberdrola, la copropietaria de Nuclenor, dejó desairado a Mariano Rajoy, que después de cambiar la ley para poder prolongar su actividad y reabrirla, rechazó el regalo y dijo que no le merecía la pena.

Con estos precios, se estará forrando todo el sector eléctrico. Pues no. Las pequeñas y medianas comercializadoras de energía están sufriendo unas tensiones de tesorería insoportables, porque no tienen músculo financiero para avalar el consumo de tres meses, que es lo que les exige la ley. Por tanto, la mayoría desaparecerán y quedarán las vinculadas a grandes empresas. La cántabra Plenitude, por ejemplo, tiene la suerte de tener detrás al gigante italiano Eni, porque de lo contrario no tendría fácil financiar los 800 millones que necesita avalar permanentemente.

¿Por qué la UE se resiste tanto a establecer topes? Cuando lo sugirieron España y Portugal, a comienzos del verano, el rechazo fue una cuestión ideológica: debía respetarse el mercado. Se aceptó a regañadientes que ambos países aplicasen un tope, pero se confiaba en que el mercado lo devolvería todo a la normalidad sin pasar mucho tiempo.

No ha sido así, y poco a poco, los países han ido aplicando parches: España, Portugal, Polonia o Suecia… En estas naciones, los precios ya están cerca o por debajo de los topes que ahora sí acepta fijar la UE, a la vista del destrozo que pueden provocar este invierno los precios desbaratados. También ha molestado mucho que Alemania anunciase un plan propio de 200.000 millones de euros para limitar el precio del gas en el mercado mayorista. Así que las convicciones quedan aparcadas, igual que ha ocurrido con la negativa inicial a establecer un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas generadoras. En ambos casos, los países ibéricos han tenido la iniciativa, a pesar de no ser los más afectados por las incertidumbres que padecen aquellos que dependen casi exclusivamente del gas ruso.

Este es otro factor: hay muchas realidades energéticas distintas dentro de la propia UE. Nada tiene que ver la de algunos países del Este, que utilizan sobre todo carbón, con la de Francia, dondes son hegemónicas las nucleares, ni el tipo de contratos y beneficios que cada uno aplica a las industrias. En realidad, cada país es un mundo en materia energética, y por eso es muy difícil encontrar un modelo alternativo que satisfaga a todos.