Ser exministro no es tanto chollo

Bastaría un mínimo sondeo de la opinión pública para constatar lo asentada que está la idea de que ser político es una opción profesional muy rentable y llegar a ser ministro, mucho más. Pero el reciente relevo de Íñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento y el de Maxim Huerta en Cultura ponen en cuestión esta teoría. Ninguno de los dos podrán ejercer durante dos años en empresas contratistas del Estado en materias sobre las que tenían competencias. En el caso de De la Serna, en obra pública, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos… lo que para un ingeniero de Caminos como él significa vetarle casi cualquier actividad privada. Eso sí, a cambio de esta incompatibilidad se les abona el 80% del salario que tenía como ministro durante el mismo tiempo que haya ejercido, con un máximo de dos años. Él recibirá 58.000 euros anuales brutos, que en la práctica, una vez deducidos los impuestos, se quedarán en menos de 3.000 netos al mes en catorce pagas. Maxim Huerta, el ministro más breve de la democracia, el 80% prorrateado por los días que ejerció el cargo, es decir 1.100 brutos en una sola paga.

El caso es poco habitual, porque en España la mayoría de los que ejercen la política son funcionarios, por lo que no están sometidos a esta circunstancia. Simplemente, se reincorporan de inmediato a su puesto de trabajo, y puede que en mejores condiciones, porque consolidan un nivel superior. Pero, cuando se trata de profesionales liberales, como De la Serna, que tampoco tiene una vinculación previa a una empresa (lleva 20 años en cargos políticos) ejercer de nuevo la profesión se vuelve muy complicado.

Los excesos del pasado han endurecido las incompatibilidades estipuladas por la Ley 3/2015 y Pedro Sánchez, en su momento, llegó a pedir que esa imposibilidad de trabajar en algo relacionado con el sector sobre el que se han tomado decisiones se extendiese a cinco años. Si con las actuales restricciones ya son pocos los profesionales de prestigio que aceptan un cargo político (varios le han dicho que no a Sánchez), de elevarse, se corre el riesgo de que la política quede exclusivamente en manos de los funcionarios. De hecho, la mayoría de los nuevos ministros lo son, como también lo eran los anteriores.

El ejemplo podría ser más radical en el caso del exministro de Economía, Román Escolano, que solo ha estado mes y medio en el cargo y ahora no puede volver al sector financiero, del que salió sin excedencia (casi toda su vida ha trabajado en el BBVA). Afortunadamente para él, pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, al que podrá volver, si no quiere quedarse en dique seco.

Los subordinados están mejor pagados

La remuneración de los cargos públicos españoles también es otra fuente de paradojas. Nadia Calviño, que sustituye como ministra de Economía a Escolano, cobraba 225.000 euros anuales como directora de Presupuestos de la Comisión Europea y va a perder unos 12.000 euros al mes, porque en su nuevo cargo cobrará 73.000 euros anuales. Una pérdida que tampoco están dispuestos a asumir muchos profesionales de alto nivel, por prestigioso que sea el cargo que se les ofrece.

Estas disfunciones no son las únicas que se producen en las remuneraciones de los altos cargos en España. El hecho de que estos sueldos estén en el punto de mira de la opinión pública ha conducido a incongruencias de grueso calibre, como que el expresidente Rajoy cobrase bastante menos que su jefe de gabinete o que cualquiera de sus asesores de La Moncloa, y mucho menos que los presidente de los entes y empresas públicas que estaban bajo su mando, algo que en la empresa privada resultaría ridículo. Lo mismo ocurre con los ministros, que  tienen menos remuneración que cualquiera de sus secretarios de Estado o que sus directores generales. Una política claramente dirigida a enviar un mensaje engañoso a la ciudadanía, que solo se fija en los sueldos de los cargos más relevantes y no repara tanto en los del resto del staff.

Los exministros sí que conservan la pensión máxima cuando se jubilen, que en estos momentos es de alrededor de 2.500 euros al mes, hayan cotizado lo que hayan cotizado, lo que ya no ocurre con los diputados, porque la ley se cambió en 2011. Hasta entonces, llegada la jubilación, aquellos diputados y senadores que por sus cotizaciones en su vida activa no llegaban a la pensión máxima podían pedir un complemento que cubriese esa diferencia. Ese complemento se le sigue pagando a los parlamentarios anteriores a esa fecha, pero solo lo han pedido cien de los más de 3.000 diputados y senadores que ha habido en España desde la instauración de la Democracia, y en la mayoría de los casos son cantidades pequeñas, ya que se trata de cubrir la diferencia entre lo que debían percibir por sus cotizaciones y los 2.500 euros de pensión máxima (para quienes hayan sido parlamentarios once años o más) o hasta llegar a los 2.000 euros para los que hayan sido parlamentarios entre seis y once años. Unos niveles de pensiones que, por otra parte, son bastante comunes, porque en estos momentos hay 800.000 españoles que las cobran, entre ellos muchos trabajadores industriales de cualificación media.

Política: Cuando los subordinados ganan más que el jefe

Cristiano Ronaldo está molesto con el Madrid porque no parece dispuesto a renegociarle el salario, que ya le mejoraron en 2016, para igualárselo al nuevo de Messi. Él cobra 24 millones de euros netos (unos 43 millones brutos) y Messi, 30. Mariano Rajoy debería estar más descontento, si no se lo hubiese fijado él mismo, porque cobraba 79.757 euros brutos, lo mismo que ahora va a cobrar Pedro Sánchez. Es opinable si un deportista puede cobrar 550 veces más que el presidente del Gobierno, pero más discutible parece que al menos una veintena de altos cargos de La Moncloa cobrasen –y ahora van a cobrar también– bastante más que el propio presidente.

Lo mismo pasa en todos los ministerios. El titular, responsable legal y político de cuanto ocurre en su departamento, cobra menos que sus directores de Gabinete, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales o que su jefe de prensa. Puede parecer extraño, pero así es. Y menos que algunos funcionarios, especialmente si son de los cuerpos de élite. Un abogado del Estado, por ejemplo, nada más aprobar la oposición y sin ningún complemento cobra 70.000 euros al año.

Los políticos mejor remunerados del país son, por este orden, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que cobra 194.598 euros, seguida del presidente del Senado, Pío García-Escudero (177.135) y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra (145.470).

El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay percibe 79.373 euros brutos, y Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, cobra 86.712. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, cobra 132.769 euros y el del Tribunal Constitucional, José González Rivas, 131.870.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tiene una nómina anual de 116.127 euros y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, de 114.841.

Con la excepción del catalán, el resto de los presidentes autonómicos están por debajo de este nivel. El de Madrid cobra 103.090 euros brutos; el lehendakari, Iñigo Urkullu, 99.479; el presidente de Aragón, Javier Lambán,  81.784; el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 77.295 euros anuales; Emiliano García-Page, recibió por la presidencia de Castilla La Mancha 75.045 euros en 2016 y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, 72.679 el año pasado. El resto de los presidente cobran entre 60.000 y 70.000 euros (la presidenta de Andalucía cobra 64.446.

En Cantabria, los salarios más bajos

El último de la tabla es el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, con una remuneración anual bruta de 60.129 euros, que puede repartir entre 14 pagas de 4.294 euros, a los que habría que quitar los impuestos, o en 12 pagas de 5.010 euros también brutos.

 En Cantabria también se da la misma paradoja salarial que se da en el Estado. Aunque los consejeros cobran menos que el presidente (perciben 57.396 euros brutos al año), sus jefes de gabinete, secretarios generales y directores generales cobran unos 3.500 euros más. Hay dos cargos aún más remunerados, la dirección del Sogiese, con 63.820 euros al año (un asunto que se llevó a los tribunales pero que los juzgados han dado por bueno, ya que se paga desde las instituciones comunitarias) y el interventor general, el funcionario mejor remunerado de la autonomía, que percibe 88.316 euros brutos al año.

No obstante en el Gobierno cántabro también hay numerosos funcionarios del grupo A que, con sus complementos, superan en remuneración a los consejeros y al presidente regional, especialmente en el cuerpo médico.