Un regalo millonario que Cantabria no puede recoger

Cantabria debería estar muy satisfecha de haber logrado que varias empresas importantes hayan trasladado su sede a la región porque, como beneficiaria de la mitad del IVA que generan, eso supondría ingresar el 10,5% neto de todo lo que venden. Muchos millones de euros si se tiene en cuenta que SEG Automotiv (la antigua Bosch Treto) factura unos 340 millones de euros al año o que la nueva Sidenor Forging & Castings supera los 110. Sin embargo, el enrevesado sistema que aplica la Hacienda del Estado para hacer el reparto de este impuesto hace que, en la práctica, nada de eso se note en las arcas regionales.

El cambio de sede de muchísimas empresas catalanas no va a tener tantos efectos fiscales como algunos suponían. En realidad puede que no tenga ninguno. El Impuesto de Sociedades es exclusivamente del Estado y da lo mismo donde esté la sede social, que sí debe influir, en cambio, para la atribución del IVA. En teoría, todo lo que se facture desde esa sede central ­–que por lo general lleva un IVA del 21%– se reparte a medias entre el Estado y la comunidad donde está asentada la empresa.

Esa es la teoría, pero la práctica resulta muy diferente, porque el sistema que utiliza el Estado para hacer este reparto es tan poco clarificador que las comunidades nunca llegan a saber ni lo que les va a tocar ni por qué. Tampoco el cuándo. En lugar de basar el cálculo en el monto y el lugar donde se emiten las facturas, el Estado acude al Instituto de Estudios Fiscales (un organismo sobre el que las autonomías no tienen ninguna potestad) para que haga unos estudios sobre consumo en las comunidades, y en base a ese sistema estadístico hace el reparto del IVA neto recaudado. Las comunidades no tienen más opción que aceptar el cálculo, lo crean o no lo crean, y reciben el dinero que les corresponde del prorrateo del impuesto cuando el Estado estima oportuno. Ni siquiera obtienen la información mensual o trimestral que parece debérsele a un socio de cómo va la recaudación del IVA en sus territorios, algo que al menos podía servirles de orientación.

Desde la pasada década, los gobiernos cántabros han trabajado para convencer a las grandes empresas de la región para que trasladen su sede fiscal a Cantabria desde Madrid o Barcelona. Y lo ha hecho empujado por el supuesto beneficio fiscal que iba a representar para la comunidad autónoma. Lo logró en el caso de la filial de Urbaser que explota la incineradora del vertedero de Meruelo, con lo que, en teoría, conseguía que esos retornos fiscales rebajasen el importe del contrato con esa empresa, realizado en los tiempos de Martínez Sieso, que consideraba leonino. Poco después, Solvay Química también trajo su sede nacional a Torrelavega. Pero ni una operación ni la otra han deparado un euro más para las arcas regionales, simplemente porque el Estado no tiene en cuenta la sede fiscal a la hora de hacer sus cálculos de reparto del IVA.

De hacerlo, otro cambio ocurrido el pasado mes de febrero, el de la sede social de la fábrica SEG Automotiv, que anteriormente se denominaba Robert Bosch de Treto, hubiese sido un auténtico regalo de navidad con algo de retraso.

Esta factoría, con entidad jurídica propia desde los años 90, tenía la sede social en Madrid, hasta que, tras vendérsela Bosch a un grupo chino, el nuevo propietario decidió trasladarla al domicilio de la planta fabril, en Bárcena de Cicero. Este simple hecho debiera provocar que el 21% de los 340 millones de euros que la empresa factura al año se devengasen en Cantabria, y la mitad debiera corresponderle al Gobierno regional, que se encontraría con unos inesperados 23,8 millones de euros cada ejercicio, más de lo que reclama de anualidad por la financiación de la obra de Valdecilla.

El traslado de sede de la Sidenor reinosana

Algo parecido debía haber ocurrido con la domiciliación en Reinosa de la nueva Sidenor Forgings & Castings, que facturará este año entre 110 y 120 millones de euros. Los 25 de IVA debieran depararle al Gobierno regional 12,5, con lo que amortizaría en poco más de un año la inversión que ha hecho Sodercan en la fábrica.

Se da la paradoja de que el Gobierno Vasco defendió con uñas y dientes que no se le escapase este contribuyente, porque sí que le suponía una pérdida de recaudación. En cambio, recibir ese domicilio fiscal no le aporta nada a Cantabria. La diferencia es que los vascos son ellos los que recaudan, y a partir de ahí entregan al Estado el importe del cupo, mientras que los cántabros dependemos de lo que el Estado tenga a bien estimar que nos corresponde en el reparto de este impuesto. Las comunidad autónomas de régimen general solo recaudan por sí mismas los tributos cedidos y las tasas.

El Gobierno de Cantabria ha presupuestado para este año unos ingresos de 523,7 millones de euros por el IVA, casi 30 más que el año anterior. Esta previsión de lo que le entregará el Estado representa un crecimiento significativo, acorde con el crecimiento económico, pero en realidad es muy inferior al que está experimentando la recaudación real en la región. En el primer semestre del año, la Delegación territorial de la Agencia Tributaria en Cantabria ha ingresado por IVA 315,2 millones de euros, un 22% más que el año pasado. No obstante, hay que tener en cuenta que otra parte significativa de la recaudación no pasa por la Delegación Territorial y, por lo tanto, ese porcentaje solo vale como indicio.

A pesar de la escasa transparencia, el sistema de reparto que emplea el Estado se justifica por los enormes desequilibrios que origina el efecto sede, que favorecería desmesuradamente a Madrid o Barcelona, donde se concentran la mayoría. Además, de realizarse una imputación directa, bastaría contar con la sede de una gran multinacional para que una pequeña comunidad como Cantabria se convirtiese en una especie de emirato árabe. Lo mismo ocurre con el Impuesto de Sociedades. Si nuestra comunidad pudiese participar de este tributo, que el Estado se reserva en su totalidad, podría pagar el funcionamiento de toda la autonomía (unos 2.500 millones de euros) con los ingresos de un solo contribuyente, el Banco Santander.

El Gobierno regional  está mucho más preocupado por la negociación de la futura financiación autonómica o por el compromiso reciente del Gobierno de Sánchez de financiar a Cataluña conforme a su peso en el PIB, (lo que le supondría al menos 500 millones más) que por discutir el IVA, aunque, como otras autonomías, tenga la sospecha de que el Estado hace los cálculos del IVA a la baja. Quizá debiera prestarle más atención porque este tributo sobre el consumo es el impuesto con más capacidad recaudatoria y ha sido el primero en recuperar las cifras de 2008, si bien es cierto que lo ha conseguido ayudado por la subidas de los tipos que impusieron Zapatero primero y más tarde, Mariano Rajoy, quien no tardó en desdecirse, tras haberle reprochado al socialista haber subido ‘las chuches’ de los niños en un recordado debate electoral.