‘Hasta el último minuto estuvimos pensando si presentarnos o no’

El mayor contrato de la historia de Cantabria (659 millones de euros) estuvo a punto de quedarse sin licitadores. Solo la UTE formada por Ferrovial (85%) y la cántabra SIEC (15%) pudo afrontar el reto. El cierre de la financiación bancaria a las constructoras, el conflicto político generado y los escasos precedentes de una encomienda semejante creaban una gran incertidumbre y la noche anterior, los únicos concurrentes se plantearon la posibilidad de no presentarse. Cuatro años después, según expusieron sus directivos en la última reunión del Círculo Empresarial Cantabria Económica, están satisfechos de la decisión adoptada. La conclusión el edificio de hospitalización se ajustó al presupuesto que habían calculado y ahora gestionan el edificio por veinte años, además de doce servicios no sanitarios y cuatro explotaciones comerciales (parking, cafetería, máquinas de vending y televisión y teléfono de las habitaciones.)

En lo más profundo de la crisis, el año 2013, el Gobierno regional presidido por Ignacio Diego paró las obras de Valdecilla, que desde hacía muchos meses funcionaban al ralentí, porque las adjudicatarias reclamaban más dinero del pactado; rescindió su contrato y tomó una decisión radical: ceder la conclusión a una empresa privada, que luego explotaría esta inversión. Parecía una mera apuesta ideológica pero, en realidad, la autonomía no tenía muchas más salidas, porque no solo no disponía de la cantidad que reclamaban las adjudicatarias por lo ya construido sino que tampoco tenía los cien millones de euros que se necesitaban para la conclusión.

Su idea era convertir la inversión en un renting, de forma que el nuevo adjudicatario afrontase con su propio dinero la construcción y la región disfrutase de los edificios a cambio un canon anual durante veinte años, al cabo de los cuales conseguiría la titularidad de los inmuebles.

La mayoría de las grandes constructoras españolas estaban tan endeudadas como el propio Gobierno y los bancos les habían cerrando a cal y canto el grifo de la financiación. Para hacer el contrato más seguro, el Ejecutivo de Ignacio Diego decidió añadir a esa colaboración público-privada la prestación de los servicios no sanitarios que requiere el hospital, y por los que ya estaba pagando a 52 empresas externas. Eso disparaba la cuantía de la licitación hasta los 660 millones de euros (más de 800 si se incluye el IVA), que a la autonomía le iban a suponer un canon anual de unos 37 millones, a pagar durante dos décadas.

El mayor contrato de la historia de Cantabria parecía garantizar una gran concurrencia, pero a medida que se acercaba el plazo final de presentación de ofertas empezaban a caerse los candidatos. La mayoría, por no encontrar bancos que les respaldasen. Al cierre del plazo estuvo a punto de no haber ningún concurrente, lo que hubiese supuesto un gran fracaso político, después de la enorme polémica que había desatado esta fórmula, que la izquierda consideraba un camino inequívoco hacia la privatización.

Smart Hospital aplica 400 indicadores de calidad para tratar de evitar ser penalizados

El delegado de Ferrovial Servicios en gran parte de la mitad norte de España, Miguel Prieto, y el actual director del Smart Hospital Cantabria, Javier Rodríguez, reconocieron en el Círculo Empresarial Cantabria Económica que en la noche anterior las dos empresas aliadas en la UTE tuvieron muchas dudas de si presentar la oferta. Era un contrato novedoso, lo que planteaba muchas incertidumbres, y con un pliego de condiciones muy exigente, pero, a la vez, podía abrir muchas otras puertas en el sistema sanitario español. Los dos máximos responsables de las compañías (Rafael del Pino, de Ferrovial, y Juan de Miguel, de SIEC) tomaron la decisión y se encontraron con que su propuesta fue la única.

El hecho de no haber tenido competidores en un contrato tan relevante lo justifican las empresas adjudicatarias por las enormes dificultades que encontraban las constructoras en 2013 para acceder a la financiación bancaria y por la desconfianza que creó la polémica política generada por la fórmula público-privada. “Esto se unía a las incertidumbres sobre cómo podían evolucionar los costes del personal en veinte años –­poco antes se había producido una huelga en la limpieza– o los energéticos… Había muchos riesgos y hasta el último minuto estuvimos pensando si íbamos o no íbamos. Afortunadamente fuimos y hoy, creo que tanto Ferrovial como SIEC están muy orgullosos de haber participado”, dice Prieto.

El contrato exigía concluir en 16 meses el enorme edificio de las Tres Torres, que estaba aún muy atrasado y con las obras paradas desde hacía tiempo. Además, obligaba a tomar las riendas, desde el primer día, de los servicios no sanitarios de todo el complejo hospitalario de Valdecilla: limpieza, seguridad, mantenimiento general, gestión energética, abastecimiento y tratamiento de agua, gestión de residuos, informática y reprografía, además de las cafeterías, la maquinaria de vending, el servicio de televisores en las habitaciones y el nuevo parking.

La concesionaria ha digitalizado 500.000 memorias clínicas

Miguel Prieto y Javier Rodríguez recordaron, ante más de medio centenar de empresarios reunidos por el Círculo de Cantabria Económica, las dificultades para conseguir los casi cien millones de euros de financiación que necesitaba la sociedad concesionaria para concluir el edificio, que casi les hizo desistir, porque no consiguieron cerrar la operación antes de presentar su oferta al concurso. Afortunadamente, los dos socios eran constructoras solventes (algo muy inhabitual en ese momento) y, después de muchos meses de negociaciones, lograron 76 millones de los Bancos Santander y Sabadell. El resto, hasta completar los 100 millones que costaba la obra, tuvieron que afrontarlo con sus propios recursos.

Los bancos, además, les que obligaron a separar la construcción (que otorgaron a otra sociedad formada por ellos mismos), para reducir las responsabilidades ante una demora o sobrecostes. Incluso las penalizaciones que el Hospital ha impuesto por algunos supuestos desajustes en los servicios prestados (que la concesionaria ha recurrido por no estar de acuerdo) se derivan hacia las empresas subcontratistas que los prestan, de forma que Smart Hospital Cantabria (SHC) queda liberada de las contingencias, a excepción de las que puedan recaer sobre servicios que presta por sí misma.

Los responsables del SHC aún recuerdan vivamente los desafíos que planteaba la obra, para poder acabarla en el plazo comprometido, las duras exigencias de los auditores que impusieron los bancos antes de ir liberando la financiación, para evitar cualquier desvío o incumplimiento, y el hecho de que, una vez terminado el enorme edificio, solo tenían un mes para equiparlo por completo. Había que elegir, comprar, acopiar e instalar en el nuevo hospital más de 16.000 referencias, la mayoría de las cuales debían llegar a Santander por distintas vías, y que no podían coincidir en el tiempo, para evitar que se produjese un colapso en el entorno del Hospital. Eso les obligó a anticipar el proceso y simultanearlo con la propia obra.

A partir de la entrega del edificio, Smart Hospital Cantabria pasaba a gestionar un inmueble de 230.000 metros cuadrados de superficie y a más de 600 trabajadores, pertenecientes a medio centenar de subcontratas, que ahora han quedado reducidas a 30. A cambio, el Hospital pagaba a la concesionaria casi 38 millones de euros al año (sin incluir el IVA), de los que siete van destinados a la amortización de la obra del edificio y el resto al pago de los servicios asumidos (limpieza, seguridad, jardinería…), la mayoría de los cuales ya estaban externalizados. El Hospital solo ve añadido en la factura el coste prorrateado del edificio, por el que al cabo de los veinte años habrá pagado unos 160 millones de euros.

Smart Hospital ha asumido otras inversiones importantes, como los 25 millones de euros que ha costado la renovación informática, “que permiten decir que, a día de hoy, probablemente no haya ningún otro hospital en España al mismo nivel informático que Valdecilla”, manifiesta satisfecho Prieto; la digitalización de 500.000 historias clínicas o las cerca de 900 unidades de impresión que se pusieron nuevas. También hizo un especial esfuerzo en la eficiencia energética del edificio: “La factura eléctrica, de agua y de gas la pagamos nosotros y, por lo tanto, tenemos que hacer que el Hospital sea lo más eficiente posible”, explicó.

Los responsables de la adjudicataria se muestran convencidos de que el sistema concesional elegido por el anterior Gobierno plantea ventajas significativas, entre ellos la calidad de la construcción, porque al gestionar durante veinte años el mantenimiento del edificio la propia empresa es la primera interesada en evitar que se rompa nada, o la compra masiva del equipamiento, que permitió abaratar los precios. También subrayó las virtudes de los contratos a largo plazo con subcontratistas, que hasta ese momento solo podían pensar en el horizonte más inmediato, y puso como ejemplo la negociación llevada a cabo con los trabajadores de limpieza.

Además, se ha podido implantar un sistema de almacenaje de doble cajón, mucho más eficiente, y una herramienta informática, denominada Aurora, a la que pueden acceder todos los trabajadores y usuarios para registrar incidencias de los servicios, peticiones de mantenimiento, de limpieza, manifestar quejas o poner reclamaciones.

Para evitar ser sancionados por las duras exigencias del contrato y el férreo marcaje que les hace el Hospital, SHC ha establecido sus propios controles, con 400 indicadores que miden, por ejemplo, los tiempos de respuesta en la prestación de los servicios, el que una habitación esté limpia o que un equipo funcione correctamente, y que obliga a los subcontratistas en caso de que no se cumplan los estándares establecidos.

Protagonismo mediático

La adjudicación ha estado envuelta desde el primer día en una polémica política y Prieto y Rodríguez reconocieron que su primera prioridad, además de concluir la obra, fue generar confianza, algo que creen haber conseguido después de gestionar la concesión durante cuatro años sin ningún conflicto.

El contrato no tiene ninguna contraprestación prevista si al concesionario no le salen los números, pero sí advierte que, si su rentabilidad sobrepasase el 12%, tendría que compartir la diferencia con el Hospital. Miguel Prieto no cree que esa circunstancia vaya a darse nunca, “porque es un contrato muy apretado. Ya se ha encargado de ello el Hospital, y, por ejemplo, el año pasado ha sido delicado”.

Tanto Ferrovial como SIEC siempre han preferido no salir al paso de las polémicas que ha generado este contrato, pero después de divulgarse las sanciones impuestas por el Servicio Cántabro de Salud (casi un millón de euros que, de confirmarse se recortarían del canon anual) han optado por dar un paso adelante. Ferrovial reconoce que, al presentar sus ofertas en cualquier lugar del mundo le incomoda que, al poner el nombre de su empresa en Internet, lo primero que aparezcan sean las posibles sanciones por el contrato de Valdecilla. Por eso, ha optado por abrirse un poco más a la sociedad  y explicar la actividad de Smart Hospital Cantabria, “pero sin ánimo de entrar en ninguna confrontación”, además de recurrir las multas, que considera injustificadas.