Cómo pudo ocurrir

Lo ocurrido con los contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas desde hace al menos veinte años permite poner en duda la eficacia de todo el sistema de contratación pública, incluidas las últimas reformas. Pese a todas las cautelas que se han introducido, y que en algunos contratos menores llegan a generar dudas sobre si es más costoso el servicio solicitado o la tramitación administrativa del mismo, un funcionario con experiencia y prestigio puede conseguir eludir todos los controles. En realidad, puede conseguir controlarse a sí mismo y que nadie se atreva a plantear dudas o a denunciar amaños. No es una hipótesis discutible, es lo que ha sucedido.

Desde 2017 los cargos políticos no pueden participar en ninguna mesa de contratación. Están formadas por funcionarios únicamente. De esta manera, el sistema parecía blindarse por completo frente a una posible manipulación, pero lo cierto es que la corrupción siempre encuentra rendijas, aunque la opinión pública la asocie casi exclusivamente a los políticos. Lo descubierto en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria lo evidencia. Un funcionario de alto nivel no solo puede alterar el resultado de una adjudicación haciendo un pliego de licitación a la medida. También puede certificar lo que no es e, incluso, tejer una red de empresas a las que ordenaba dónde, cómo y cuando concurrir para que todos saliesen beneficiados, y él especialmente.

El sistema podría haber durado mientras este funcionario tuviese las atribuciones. Nadie le discute nada a un jefe de servicio con la experiencia y la aparente laboriosidad de Miguel Ángel Díez. Un antiguo miembro del Gobierno cántabro deja bien claro que, por mucho que al consejero le sorprendan los resultados de un concurso o que se reitere el nombre de una empresa en las adjudicaciones, hacerle una insinuación a ese funcionario para que cambie las valoraciones podría ser entendido como una intromisión en su independencia o como un intento de manipular los resultados. Incluso la posibilidad de no firmar aquello que la mesa de contratación ha decidido y elevado por una mera sospecha supone, como poco, una paralización del procedimiento que al cargo político no le resultaría fácil de justificar.

En realidad, lo que le llega al consejero es un informe que realiza el propio jefe de servicio en el que cualquier criterio de valoración de carácter subjetivo que resulte “llamativo” (que a alguien le den los máximos puntos y a los demás, cero, por ejemplo) queda sumergido dentro una valoración general, que redactada por alguien con tanta experiencia como el jefe de servicio de Carreteras imputado, acaba resultando “perfectamente coherente”.

“Parece extraño visto desde afuera”, explica un importante constructor que evita concurrir a estas obras de mantenimiento pero que comprende la frustración de quienes lo hacían y resultaban siempre perjudicados, “pero es que un expediente de contratación es un gran puzle de documentos que aportan unos y otros” y solo el jefe de servicio tiene la visión de conjunto. Como se ve, tantas precauciones para dividir las responsabilidades acaban por no servir para nada.

Un técnico al que nadie le discute

Eso le ha permitido al jefe de servicio un extraordinario margen de maniobra, y, lo que resulta más extraño en un sistema tan controlador como el administrativo, ser juez y parte. Él podía redactar los pliegos, que en algunos casos eran tan ajustados a las circunstancias concretas de una de las empresas beneficiarias que muchas potenciales competidoras decidían no concurrir y ahorrarse los gastos que supone presentar una oferta (semanas de trabajo de uno o varios técnicos cualificados) porque tenían perfectamente claro que la obra se la iba a llevar otro.

Díez podía valorar las propuestas como miembro de la mesa de contratación y, por último, podía certificar lo hecho por las empresas. De esta forma, también le resultaba sencillo quitarse de enmedio rivales. Si la empresa que va a resultar adjudicataria sabe que en lugar de echar una capa de doce centímetros de espesor de aglomerado como le pide el pliego, podrá echar nueve y se lo certificarán como si hubiese cumplido a rajatabla las condiciones, puede concurrir a un precio más barato que sus rivales. En otros casos, cuando es perfectamente consciente de que no tendrá competidores, por desánimo de otros o por las valoraciones manipuladas, el empresario puede concurrir al precio normal y obtener unos márgenes extraordinarios. Y no digamos la rentabilidad de aquel al que le certifican que la retirada de un argayo contratada de urgencia ha supuesto mover 1.500 m3 de tierra y rocas cuando en realidad eran 500. Solo el técnico que fue a hacer las mediciones puede tener constancia exacta de lo que había y ningún político en la Consejería se las va a discutir.

Es obvio que los políticos no van a ir a hacer sus propias mediciones para saber si les están engañando, pero cuando un sistema corrupto se prolonga en el tiempo es casi imposible evitar que aparezcan las sospechas y los rumores. Los primeros en extenderlos son las empresas perdedoras. Es cierto que inicialmente se contienen, porque temen que si denuncian sin poder probarlo sean apartadas para siempre, pero a medida que crece la frustración es inevitable que ese malestar llegue a la mesa del director general y a la del consejero. En una región tan pequeña como Cantabria es habitual verse las caras a menudo y las quejas han sido reiteradas, aunque nunca se hayan presentado formalmente, quizá por el hecho de que muchos cayeron antes de las mismas prácticas del cohecho para obtener obras.

Meses de rumores

Los constructores incluso hacían chanzas sobre los pliegos redactados por Díez, y hace meses que algunos de ellos sabían que había una investigación en marcha. Hacienda defiende que fueron sus sospechas sobre el alto nivel de vida de la familia del funcionario pero no puede descartarse que se haya presentado una denuncia anónima, aunque nadie quiere reconocerlo. Es muy improbable que, de otra forma, supiesen lo que se estaba desencadenando, porque tanto la juez como los funcionarios de Hacienda no podían hacer confidencias sin temor a que se desbaratase la operación, dejando de tener utilidad las intervenciones de los teléfonos de los implicados.

Pocas soluciones

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que a partir de ahora serán dos los técnicos que firmen las propuestas de adjudicación. Probablemente esto evite durante algún tiempo cualquier tentación de fraude, pero nada es definitivo. Un consultor que participa habitualmente en concursos públicos duda de que la solución pase por establecer más controles: “Desde hace años, cuando hay algún escándalo relacionado con la Ley de Contratos, se suele recurrir a soluciones de mayor burocracia y mayor control. En los contratos de servicios o en la adquisición de equipos, he llegado a hacer algún cálculo sobre los costes que tiene todo esto y he llegado a la conclusión de que valía más el collar que el perro”. Aclara que se trata de contratos más pequeños que los de las obras pero insiste en que esa fiscalización produce, además, unas demoras exasperantes entre la adjudicación y la prestación efectiva del servicio. Por eso, se muestra más partidario de un cambio cultural, –algo que no será fácil ni rápido– para llegar a una actitud más anglosajona y desprendernos “de una cierta comprensión social hacia el fraude, desde el individual al colectivo”.

Siendo consciente de esta dificultad, el director de otra constructora hace notar que “cualquiera que observe las adjudicaciones de los últimos diez años puede sacar conclusiones. Cuando hay empresas de obra civil potentes que se quedan siempre fuera, a pesar de trabajar en todo el Estado, choca. Cuando departamentos de licitaciones de estas empresas, que presentan todos los días cinco, seis o diez propuestas elaboradas por equipos de especialistas reciben calificaciones bajísimas, es que algo está pasando”.

El primer y mejor filtro a estas posibles corrupciones debiera ser la propia Intervención del Gobierno, con un equipo muy cualificado de funcionarios que supervisan los gastos, pero en este caso ha dado muestras de escasa eficacia.

Tampoco la ha tenido el Portal de Transparencia, en que ahora se cuelgan todos los contratos, con sus adjudicatarios, otro esfuerzo más para evitar que esta información de qué se contrata y a quién se quede en un pequeño círculo. Incluso la adjudicación exclusivamente por precio (la más objetiva) presenta problemas, porque a veces la mala calidad del servicio prestado obliga a un gasto posterior.

Todo ello conduce a un callejón incómodo para el político: la gestión administrativa es lenta, compleja y todos esos mecanismos ni siquiera le garantizan eficacia, transparencia y ausencia de corrupción. La Administración española, inspirada en la francesa, es una herencia dejada por Napoleón que representó un gran avance en su momento pero que no tiene los mecanismos de respuesta rápida que se requieren en el siglo XXI. Pero también es evidente que, cuando se soslaya el procedimiento ordinario por razones de urgencia –lo vemos en este caso o en compras de materiales durante la pandemia–, se multiplican las posibilidades de malversación.

Unos puestos ‘delicados’ también en la empresa privada

El problema no es exclusivo de las Administraciones públicas. El departamento de Compras de las empresas privadas también puede resultar tentador y hace mucho tiempo que las cadenas comerciales toman muchas cautelas para que las personas que colocan en estos departamentos ni siquiera puedan llegar a tener una relación de confianza con los proveedores. Además de tasar muy severamente el tiempo que pueden dedicar a cada uno, para que las conversaciones se centren exclusivamente sobre el producto y las condiciones de suministro, algunas de ellas hacen rotaciones periódicas de todo el departamento, para que nadie permanezca en él más de tres o cuatro años. Una demostración de que las relaciones personales acabar por resultar un factor distorsionador muy evidente cuando se trata de elegir suministradores, sea cual sea el sector o la actividad. Para un empresario español, no resulta fácil firmar un contrato importante con alguien al que no le ha visto la cara previamente. A un empresario alemán le basta con valorar las propuestas enviadas por mail y las garantías del suministrador, al que eso sí, luego fiscalizará muy de cerca.