La compra de Alerta

Todos los gobiernos tienen la tentación de controlar los medios de comunicación, pero ninguno se atreve a llegar tan lejos como comprarlos –y no en sentido figurado– como pretende el Gobierno de Sáenz de Buruaga. En su día, Miguel Ángel Rodríguez –hoy MAR, todopoderoso asesor de Isabel Ayuso–, instauró una doctrina que le ha resultado enormemente práctica. Por entonces era director de comunicación de la Junta de Castilla y León, que presidía José María Aznar, quien había resultado deslumbrado por aquel periodista de Valladolid tan espabilado. Cuando a ambos les empezó a incomodar un medio local que consideraban excesivamente crítico, alguien sugirió que el Gobierno lo adquiriese de forma directa o buscase un empresario complaciente para esa operación, y Rodríguez, que conocía muy bien el paño, lo descartó tajante: “¡Deja, deja, que tener un periódico no da más que problemas! Hay enfados de los que salen y de los que no salen, huelgas, se pierde dinero… Es mucho más cómodo y se consigue más subvencionándolos”.

Rodríguez lo hizo con maestría. Manejaba un presupuesto anual de más de 600 millones de pesetas de la época con los que regó como nunca antes los medios de su comunidad que, convenientemente engrasados a través de ayudas por actividades de divulgación, eventos, o publicidad, se portaban tan bien con el Gobierno regional como cabía esperar.

Esa política la ha continuado allá donde ha tenido poder y ha sido copiada en muchos otros lugares tanto por su partido como por otros. No es casualidad que muchos escándalos de las autonomías si afloraban lo hiciesen en la prensa de Madrid, donde no llegaba el poder del gobierno regional afectado. Ahora también ha acabado por llegar, porque casi todas las autonomías han aprendido a motivar generosamente a la prensa de la capital con campañas de supuesta promoción turística o económica.

Este es el contexto, que exige una ley que ponga coto a tanta discrecionalidad, pero son muy pocos los que han ido tan lejos como el Gobierno de Cantabria con la compra por 4,5 millones de euros de la sede de Alerta (¿alguien ha hecho una tasación previa?), con la excusa de llevar allí unos talleres que ahora tiene en alquiler, sin que nadie se haya planteado tampoco si el lugar más idóneo para ello es la sede de un periódico.

Alerta seguirá publicándose, buscando un local más pequeño para la redacción y contratando la impresión en una rotativa ajena, si conserva la edición en papel –que no es del todo seguro– y no opta por mantener únicamente la digital.

Esta compra se enmarca en una operación inmobiliaria que supuestamente busca evitar gastos de alquiler pero  que ha sido improvisada tras la llegada de un envío de dinero desde el Estado que no estaba previsto, pero es fácil entrever que ni la Cámara de Comercio (que también se va a adquirir) es un sitio adecuado para meter toda una consejería sin una costosa reforma previa, ni la compra del edificio Alerta busca resolver una necesidad inmobiliaria del Gobierno sino que se trata únicamente de resolver el futuro de un empresario, Ciriaco Díaz Porras, propietario de Alerta, como en su día se alquiló la antigua sede de Apia (un edificio mal concebido y costoso de mantener, que también pasa ahora a patrimonio público) para resolver los problemas financieros de su propietario.

La compra de la sede del periódico por el Gobierno cántabro para garantizarse su apoyo es inverosímil en una democracia

Todos los periódicos están en horas bajas –las de Alerta vienen ya de muy lejos– pero a nadie se le ocurre hacer rescates a la carta de medios de comunicación, y mucho menos debería hacerlo un partido como el PP que se ha mostrado durísimo en el caso de Air Europa, hasta el punto de llevar a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez.

En Alerta la operación es mucho menos justificable, porque conlleva la continuidad del periódico al menos hasta las próximas elecciones (las que Buruaga necesita ganar con mayoría absoluta, ahora que el apoyo de Vox no está tan claro y el del PRC dependerá de quien sea el nuevo líder). Alerta, que con su actual propietario empezó siendo prosocialista y ha pasado por todas las orientaciones políticas, es en estos momentos ferviente defensor del Gobierno regional y furibundo crítico de Pedro Sánchez. Ahora tendrá muchos más motivos para ensalzar a la presidenta regional, pero un periódico es un negocio, con más o menos criterios profesionales y morales; lo que no tiene defensa es que un Gobierno pueda idear o respaldar un plan semejante. 

Saldrá adelante, pero es tan desvergonzado como reconocer que a tal o a cual persona se le ha llamado para ofrecerle un alto cargo sanitario o la dirección de una empresa pública regional, cuando desde hace casi una década en Cantabria es obligatorio por ley convocarlo públicamente, y debe adjudicarse en función de los méritos de los presentados. Es llamativa, en este caso, la clamorosa ausencia de la voz crítica de Podemos, el partido que obligó a aprobar esta concurrencia pública para cargos que hasta entonces eran de designación política, bajo la amenaza de no aprobar los presupuestos del PRC-PSOE y tumbar al propio Gobierno. Quizá ahora este partido se encuentre indagando cómo se eligen sus propios dirigentes.

El PSOE ya hizo una estupidez cuando adquirió Alerta en 1984 que, con el devenir del tiempo, se convirtió en su gran quebradero de cabeza (hay que hacerle caso a MAR): un problema político, un enfrentamiento personal entre dirigentes y un malísimo negocio. Pero con ser absolutamente criticable, era dinero de un partido y podía hacerlo, como lo hizo el PP al comprar parte de las acciones de Libertad Digital, pero Buruaga ha decido emplear dinero público y eso no tiene justificación posible.