La vigilante que no vio nada

Ubicada en la Rampa de Sotileza (un nombre de que viene de sutileza) y con una gran vigía delante, en la Consejería de Obras Públicas se da lo que en literatura se llama un oxímoron, un juego de opuestos, porque ni hubo sutileza para detectar la repetición de nombres de algunos adjudicatarios de contratas ni nadie vio lo que, durante veinte años, se estuvo tramando delante de sus ojos. El edificio que en su día ocupó la tienda El Palacio del Mueble no ha dejado de ser un mercado persa, en el que algunos hacían grandes negocios a costa del erario público.

El malestar en el sector de la construcción por las adjudicaciones de obras de carreteras, especialmente las de emergencia viene de lejos, pero ha sido desde algunos meses cuando en algunos círculos se supo de la existencia de una investigación en curso «a la quinta planta» de la Consejería de Obras Públicas. Aún no se había movido ni una hoja en sosegado mundo socioeconómico de Cantabria hasta que el 21 de febrero, a primera hora de la mañana más de 60 efectivos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria irrumpieron en tres empresas, en varios domicilios particulares y en la sede de la Consejería de Obras Públicas.

Es difícil imaginar que la Agencia Tributaria detectase hace más de un año un desproporcionado nivel de gasto para un funcionario sin que llamase la atención en una ciudad tan pequeña como Santander, donde casi nada pasa desapercibido. Sin embargo, la sorpresa fue general, incluso para algunos empresarios de la construcción, que habían pagado anteriormente por conseguir obras. Empresarios que llevan muchos años quejándose en privado y en público, o haciendo chanzas sobre algunos pliegos de condiciones de los concursos.

El sigilo se preservó lo suficiente como para que los integrantes de la trama no sospechasen que estaban siendo investigados, aunque el movimiento de Miguel Ángel Díez, el principal implicado, durante la noche anterior, deshaciéndose de documentos en un contenedor, puede hacer pensar que algo le había puesto nervioso.

Los policías vigilaban en ese momento al jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, pero ya tenían información de sobra a través de las escuchas de los teléfonos de Díez, su familia y los empresarios beneficiarios de los amaños más recientes, los propietarios de Rucecan, La Encina y Cannor y un directivo de la empresa nacional Api Movilidad. Unas conversaciones en las que no  hacían uso de sobreentendidos o de palabras en clave, lo que indica que nunca temieron ser descubiertos, quizá porque ellos sabían que esas prácticas son comunes desde hace al menos veinte años, hasta convertirse en una auténtica rutina.

Una ausencia de cautelas que resulta llamativa en alguien tan meticuloso en su trabajo como Díez, urdidor de la trama, o entre quienes sabían de sobra que su “suerte” en las adjudicaciones causaba mucho malestar en otras empresas del sector. Quizá confiaban en que nadie les denunciaría por temor a cerrarse aún más puertas en otras consejerías o en los ayuntamientos.

Para el PRC, la entrada de la policía en Obras Públicas era una auténtica bomba atómica, y en el partido leyeron sobrecogidos los más de 4.000 folios del sumario, hasta tener claro a quiénes podía salpicar. Para su alivio, en el relato de la jueza instructora no aparecen más nombres que los del funcionario y los empresarios de las cuatro empresas conchabadas con él.

El retorno al sosiego duró hasta que RTVE en Cantabria anunció que existía un informe anexo de la Agencia Tributaria en el que se recogen ingresos desde el año 2003 en las cuentas de Beatriz del Río, la esposa de Díez, procedentes de 19 empresas más, algunas tan conocidas como Ascan, la desaparecida Arruti, Asfin o Contratas Piñera. Pero ni siquiera sumando las aportaciones de todas ellas se alcanzan los más de cuatro  millones de euros en que aumentó el patrimonio de la familia del funcionario en ese periodo, por lo que no cabe descartar que hubiese más.

El flujo se interrumpe, aparentemente, en 2012, y vuelve a reanudarse a partir de 2015, y este goteo de donaciones (en realidad, pagos en A por supuestos servicios) se acelera en 2019, desde otras empresas distintas a las anteriores, las nuevas beneficiarias de las obras. Esos espacios temporales coinciden básicamente con el gobierno de la Consejería por el PRC, que creía haber despejado todos los fantasmas y vuelve a verse envuelto en todos ellos, con un grave riesgo electoral.

Muchas cautelas

Hasta ese momento, incluso el Partido Popular había sido muy cauteloso, porque era consciente de que, si la trama lleva actuando muchos años, podría verse salpicado. Aunque los delitos que se manejan en la causa prescriben a los diez años, entre 2013 y 2015 todavía gobernaba en Cantabria el PP de Ignacio Diego y el consejero de Obras Públicas era Francisco (Kiko) Rodríguez. Esa ha sido probablemente la razón por la que los populares han despachado destempladamente la idea de Vox y el CDs de crear una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria, acusándoles de querer montar “un circo”..

También fue sintomático el discurso de la presidenta regional del partido, María José Saenz de Buruaga, que le exigió a Revilla que pidiese perdón por no haber detectado y evitado este escándalo, pero después de exonerarle de una responsabilidad más personal y de ensalzar su esfuerzo de más de 40 años por el desarrollo de la comunidad. Un mensaje tan poco habitual desde la oposición que sonó como una preparación del terreno para alcanzar un pacto postelectoral si el PP no saca mayoría absoluta.

También se han tentado la ropa hasta ahora los responsables de otras instituciones que han contratado con las cuatro empresas investigadas, ante la posibilidad de que la trama sea aún más extensa. El hecho de que la jueza haya centrado su investigación únicamente en el periodo no prescrito y en el perímetro de la Consejería de Obras Públicas parece indicar que no se llegará más lejos, pero por el momento todo son cautelas y nadie quiere pronunciarse.

Lo evidente es que la trama lleva muchos años actuando y que todo el sector lo sabía, porque han pagado la mayoría de las empresas que se dedican a las obras de carreteras en Cantabria y varias de Asturias y de Castilla y León.  También resulta evidente que nadie está cómodo con que se desvele, porque todo el mundo teme verse salpicado o, al menos, afectado por daños colaterales y que puede cambiar de arriba a abajo los resultados electorales.