Salvar a Amica

El nuevo Gobierno cántabro se ha encontrado con más problemas de los que suponía, entre los virus desbocados, los ajustes laborales que están anunciando algunas grandes industrias y las herencias envenenadas escondidas debajo de la alfombra que aflorarán antes o después, como la crisis económica de Amica, que pone en duda su viabilidad si no se actúa con diligencia.

Que un país sea avanzado o no depende menos del PIB que genera o de su maquinaria de guerra que de su capacidad para atender los problemas sociales. De poco vale presumir de renta per capita si se convive con una legión de ciudadanos tendidos por las calles y ajenos a cualquier atención pública.

España nunca ha estado a la cabeza de los rankings de riqueza, ni siquiera cuando era un imperio, pero en cambio ha sabido crear una trama envidiable de prestaciones públicas y privadas, desde la sanidad universal y gratuita a las instituciones que atienden la dependencia o la discapacidad. Y, especialmente, Cantabria, donde se alcanza el mayor porcentaje del mundo de donaciones de órganos y han surgido organizaciones que atienden con enorme profesionalidad circunstancias sociales para las que países más ricos no tienen ningún tipo de solución.

Amica es un perfecto ejemplo de cómo es posible afrontar desde organismos privados sin ánimo de lucro problemas de personas con discapacidad que las familias no podrían resolver por sí solas ni los gobiernos podrían gestionar en centros públicos, porque esa atención les resultaría infinitamente más cara. Con sus lavanderías, sus talleres de confección, el alquiler de prendas para hostelería o la selección de residuos, ha podido mantener una serie de servicios cuyo efecto social es impagable. No solo da empleo a 600 personas, de las cuales más de 400 tienen alguna discapacidad y les costaría encontrar un hueco en el mercado laboral o tener vidas autónomas, sino que acoge en sus centros a varios centenares más que necesitan una atención personalizada y tienen derecho a una vida social.

La situación económica de Amica siempre ha sido renqueante, porque los costes de los servicios que presta no están cubiertos por las tarifas que percibe y todos tenemos parte de la culpa. La asociación pierde alrededor de un millón de euros al año en prendas de hospital que no son devueltas a sus centros y gasta más de 350.000 euros en su planta de reciclado de envases por nuestra desidia al seleccionar la basura doméstica, que cada vez les llega mezclada con más residuos orgánicos, lo que ha disparado los costes de procesado. Una culpa que también ha de extenderse a la negligencia de los ayuntamientos que no reponen los contenedores deteriorados o dejan que se llenen y desborden.

El nuevo Gobierno parece dispuesto a impulsar las campañas para reconducir esta negativa evolución del comportamiento ciudadano y actualizar las tarifas que cobra Amica por algunos de sus servicios, lo que por fin puede dar solución a un problema que se arrastra desde hace tiempo, pero eso no va a resolver la deuda acumulada por estos déficits históricos. Tampoco está claro el futuro de proyectos como el Campus Diversia, una iniciativa vanguardista y de enorme interés, ya que muchas de las personas atendidas por Amica necesitan desarrollar su actividad en espacios abiertos, y la enorme finca valenciana, con cultivos de olivos o vid y la explotación turística y forestal es idónea para ello. Y esta experiencia debiera servirle al Gobierno cántabro para buscar en Amica un aliado a la hora de ayudar a las empresas a cumplir los planes de descarbonización, con la plantación sistemática de árboles en muchas de nuestras comarcas deforestadas, lo que depararía un doble retorno económico, al evitar pagar por las emisiones y, al tiempo, incrementar el patrimonio forestal.

Hay que salvar Amica, porque sus servicios y sus empleos son insustituibles, y no resultaría muy acertado recortarle las alas en sus proyectos ambientales teniendo por delante, como tenemos, exigencias ineludibles que cumplir. Una política inteligente debería tratar de transformar la descarbonización en una fuente de riqueza para Cantabria, porque son muchos los fondos públicos y privados disponibles y nada impide convertir lo que ahora se ve como problema en una oportunidad.        

En resumen, de poco vale sustituir la palabra disminuido en la Constitución si no se facilita la viabilidad económica de las entidades que han logrado cambiar las expectativas vitales de estas personas, ofreciéndoles un empleo, un reconocimiento social que no tenían y un proyecto de vida. Una atención que revela mejor que ningún otro dato el desarrollo real de un país.

Alberto Ibáñez