Una venta de alto riesgo
La venta de Sidenor a un consorcio formado por dos intermediarios norteamericanos del acero y uno alemán es una muy mala noticia para Cantabria y un desaire del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, al Gobierno regional. El responsable del grupo vasco no solo no ha respetado la voluntad de Revilla de que no se decidiese la venta antes de las elecciones sino que ha introducido un enorme problema en mitad de la campaña, porque los trabajadores difícilmente van a permanecer callados y porque el Gobierno regional no puede presentarse a las urnas sin haber obtenido garantías absolutas de que los compradores no son unos meros especuladores, dada la enorme trascendencia que tiene la empresa más importante del sur de Cantabria, cuya continuidad es vital para Reinosa y para todo Campoo.
Se puede argumentar que se trata de una operación privada, y el propietario es libre de decidir a quién vende, por cuánto y en qué fecha, pero no es tan privada, porque el Gobierno cántabro tiene el 25% de las acciones, ni se trata de una operación ordinaria: Hemos visto demasiadas parecidas en las que compradores poco conocidos se hacían con una fábrica de la región y al cabo de un tiempo descubríamos que ni eran tan solventes ni estaban tan interesados en el futuro de esa fábrica. En este número exponemos el caso de B3 Cable, que pasó de manos de una multinacional a un despacho británico desconocido, que lo único que buscaba era descapitalizar la empresa y dejarla caer.
Jainaga está en deuda con el Gobierno cántabro, del que obtuvo 15 millones de euros a cambio del 25% del capital de la sociedad que se formó con los activos de forja de Reinosa, una cuantía que nadie más hubiese pagado, puesto que el valor de la planta en ese momento era muy inferior o nulo, y que, en buena parte, empleó en otras fábricas del grupo, porque en la de Reinosa prácticamente no se han hecho inversiones. Esa inyección de liquidez era vital para los directivos que se habían hecho con todo el grupo Sidenor apalancándose con financiación ajena y debían empezar a devolver el dinero. El Gobierno cántabro no tuvo más remedio que ceder, porque se veía entre la espada y la pared, ante la amenaza de cierre de la planta reinosana, que hubiese sido una auténtica catástrofe social y económica, pero ningún inversor privado hubiese pagado esa cuantía por un negocio inmerso en fuertes pérdidas. A cambio, conseguía un compromiso de continuidad para la plantilla que vence el próximo año y que, si antes generaba incertidumbre, ahora más.
Aceptar la venta a los germanoamericanos sin renovar esas garantías y pedir muchas más certezas sería una segunda ingenuidad, y esta vez mucho menos comprensible. La oferta del ingeniero cántabro Javier Cavada, que preside la multinacional británica Highview Power, aseguraba los pedidos de piezas forjadas para la fábrica durante varios años, puesto que llegaba respaldado por Wartsila, el mayor fabricante de motores navales del mundo y el mejor cliente que tiene Sidenor. La de los americanos no da ninguna garantía sobre las piezas forjadas y únicamente fija su interés en las fundiciones baratas. Un negocio sin márgenes ni valor añadido, que ahora solo se justifica en la medida que genera ocupación en la planta, y con ello contribuye a reducir los costes generales, además de diversificar la actividad y los riesgos en un sector donde la demanda de la forja es muy cíclica.
Que Sidenor prefiera la oferta de los brokers extranjeros a la de Javier Cavada, en práctica igualdad de condiciones de compra, no pueden entenderse desde el punto de vista de los intereses de Reinosa sino de los suyos propios. Los americanos, como intermediarios del acero, les garantizan nuevos mercados para los productos que fabrican en sus plantas vascas y eso sí que resulta muy interesante para ellos, pero no para Cantabria. Reinosa no solo dejará de ser su problema sino que se garantizan que ninguno de los efectos posteriores les salpique, haciendo que el comprador asuma todas las responsabilidades económicas y sociales derivadas de la operación.
Hace algo más de un año, el Gobierno vasco impidió que una empresa local se trasladase a Castro Urdiales, como pretendía, recordándole todas las subvenciones públicas que había recibido. El Gobierno de Cantabria no puede quedarse como don Tancredo, dando por hecho de que se trata de una operación privada. Está en juego el futuro de todo el sur de la región, porque si algún día se cerrase la fábrica de Sidenor, Reinosa tendría los días contados.
Alberto Ibáñez
