El Gobierno cántabro acepta pagar 21 millones de euros por el solar de Astilleros del Atlántico

En 1991 se levantaron muchas voces críticas por el elevado coste que el Palacio de Festivales acabó suponiendo para las arcas del Gobierno cántabro, pero quienes entonces reprocharon el derroche del Gobierno Hormaechea estaban lejos de suponer que el coste real de la obra se vería multiplicado por dos quince años después.
El largo contencioso mantenido desde entonces por los accionistas de Astilleros del Atlántico, sobre cuyo solar expropiado se construyó el parking del Palacio de Festivales, ha tocado finalmente a su fin. Se quejaban del justiprecio impuesto por Hormaechea y, tras sucesivos reveses judiciales, el Gobierno cántabro se veía abocado a hacer frente a una indemnización multimillonaria, por lo que ha optado por llegar a un acuerdo con quienes ostentan los derechos de la empresa desaparecida y pagar algo más de 21 millones de euros (3.500 millones de pesetas) por los terrenos que expropió Hormaechea.
El acuerdo podría hacerse efectivo antes de que acabe el año y hace innecesaria la nueva valoración del solar que el TSJC iba a efectuar a instancias del Tribunal Supremo y de la que podría resultar una indemnización aún más cuantiosa que la pactada.
Un pleito heredado

Cuando Hormaechea decidió incorporar manu militari la finca anexa al Palacio de Festivales, su propietario, Astilleros del Atlántico, se encontraba en situación de quiebra y liquidación y no parecía en condiciones de presentar demasiada resistencia. Escudado en la calificación del solar como zona verde, el presidente tasó la finca, de 8.400 metros cuadrados, en 80 millones de pesetas (a 10.000 pesetas el metro cuadrado), de los cuales nunca llegó a entregar más de treinta.
Hormaechea estaba especialmente molesto con las obligaciones que él mismo había asumido con los trabajadores que perdieron su empleo al cerrar el astillero en 1988, ya que a partir de 1991 la situación financiera de su gobierno era muy precaria y se le hizo cada vez más difícil afrontar la cantidad que cada año había que dedicar a sufragar las prejubilaciones. Varias veces lamentó en público el haber asumido ese compromiso, por lo que considerada que el Gobierno de Cantabria, y él en concreto, había sido ya más que generoso con la empresa desaparecida.

El solar más valioso de la ciudad

El abogado Marino Fernández-Fontecha que siempre representó los intereses de Astilleros de Atlántico, incluso cuando desapareció su empresario, el enigmático Roberto Slinin, no pensaba igual, y comenzó un litigio que fue continuado después de su fallecimiento por Jesús Fernández Pellón.
La estrategia de Fontecha pronto obtuvo el respaldo de los Tribunales. Frente a la pretensión del entonces presidente regional, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria aceptó la tesis de los propietarios de que el solar no había perdido su valor por el hecho de haber sido declarado como equipamiento del Palacio de Festivales dado que la ley trata de repartir las cargas entre todos los propietarios del área afectada cuando una finca es declarada zona verde o de equipamientos. Había que pagarlo como si fuera suelo edificable y, por si eso no representaba ya bastante problema para el Gobierno, el Tribunal consideró que la valoración a efectos expropiatorios debía equipararse al suelo de la calle Reina Victoria, la más próxima. Aplicando este criterio, estimó en 2001 que la indemnización a que tenían derecho los recurrentes se elevaba a 4.500 millones de pesetas, a los que había que añadir 3.000 millones más por los intereses devengados en los diez años transcurridos desde la expropiación.
Para una empresa en quiebra como Astilleros del Atlántico la sentencia no sólo significaba poder hacer frente a los 2.000 millones de pesetas que adeudaba a sus acreedores –fundamentalmente organismos públicos– sino que suponía una insólita liquidez, que no tuvo ni siquiera en los mejores momentos de su actividad.
El revés judicial superó con mucho las peores expectativas del Gobierno cántabro, cuyos abogados se habían amparado en el dictamen del Jurado de Expropiación Forzosa que daba por buena la calificación de zona verde que tenía la finca en el Plan de Ordenación Urbana vigente en 1991. Con la aplicación de ese criterio, la Administración regional no se hubiese visto condenada a pagar más allá de 600 millones de pesetas, una cantidad en cualquier caso muy superior a la abonada por Hormaechea.
La incómoda sentencia fue recurrida por el Ejecutivo que presidía Martínez Sieso ante el Tribunal Supremo, pero eso no cambió el signo de los acontecimientos. En junio de 2005, el alto Tribunal ratificó el argumento de los representantes de Astilleros del Atlántico en el sentido de que el solar tenía un aprovechamiento urbano.
El Supremo, sin embargo, rectificó la generosa tasación que hizo el TSJC, ordenándole una nueva valoración de la finca con arreglo a otros criterios. En lugar de darle el mismo valor que los solares más próximos –el más elevado de todo Santander– estableció que se debía calcular según el promedio del polígono fiscal que abarca desde Numancia hasta el Palacio de Festivales.
Fijar la edificabilidad media de esa extensa zona requería un complejo procedimiento, manzana por manzana, a cuya conclusión el TSJC decidiría la nueva valoración. Aunque la cantidad final rebajaría, sin ninguna duda, la fijada en la primera sentencia, nadie dudaba de que la indemnización que finalmente debería pagar la Administración regional continuaría siendo una cifra multimillonaria, especialmente por los intereses acumulados.

Oportunidades perdidas

El Gobierno de Miguel Angel Revilla ha optado por negociar la cuantía con la propiedad y no asumir más riesgos, para zanjar definitivamente este contencioso que duraba ya quince años.
Aún cuando la cifra que va a recibir Astilleros del Atlántico rebaja sustancialmente la cantidad que se les llegó a reconocer en los tribunales, las arcas regionales van a pagar muy caro el resultado de una ristra de errores y empecinamientos de los anteriores Ejecutivos. Si la expeditiva actitud de Hormaechea para resolver la expropiación a un coste mínimo generó el problema, los Gobiernos de Martínez Sieso que le sucedieron hicieron oídos sordos a las propuestas de acuerdo que hizo Astilleros del Atlántico a cambio de mil millones de pesetas y que hubieran permitido cerrar este contencioso mucho antes y a un precio muy inferior.
Más de la mitad de la indemnización que ahora recibirán los dueños de las acciones de la empresa irá a parar a organismos públicos, como el Fondo de Garantía Salarial, la Seguridad Social o el Ministerio de Hacienda, acreedores de Astilleros del Atlántico desde su quiebra en 1988. Pero aún con eso, el resultado final supondrá un lucrativo negocio para el puñado de titulares de acciones –encabezados por el economista Juan Ignacio Echevarría y el entorno del desaparecido Marino Fernández-Fontecha– que a lo largo de estos años se han ido haciendo con el control de unos títulos, parte de ellos en manos de los trabajadores, que los recibieron como pago de atrasos. Unas acciones que parecían no tener ningún valor, pero que les han acabado rindiendo más beneficios con la empresa cerrada que cuando construía barcos.