Los excavadores aventuran mejores tiempos para el sector

Como un punto de inflexión muy prometedor para la actividad del sector. Así han acogido los excavadores cántabros el anuncio de los planes de inversión que tanto el Ministerio de Fomento como los ayuntamientos y la administración regional van a ejecutar en los próximos años. En su XXVIII asamblea, AEXCA también se ha hecho eco de los cambios de la nueva Ley de Contratos y del problema que plantean las exigencias añadidas para el vertido de tierras.

La suerte de los excavadores en Cantabria parece a punto de cambiar. Después de años de penuria, por los recortes en obra pública y la caída de la edificación privada, las licitaciones puestas en marcha por el Ministerio de Fomento junto al anuncio de nuevas inversiones autonómicas y el plan de obras municipales plantean un cambio de tendencia que ha sido acogido con optimismo por el sector.

Así se ha reflejado en la reciente asamblea anual de AEXCA, la asociación que reune al 80% de las empresas excavadoras de Cantabria. Un optimismo fundado en la actividad que van a asegurar los proyectos de obra pública previstos en la región. Obras como las impulsadas por el Ministerio de Fomento en el tramo Santander-Aeropuerto (76 millones de euros); la construcción del ramal Sierrapando-Barreda (165,2 millones de euros); el ramal de acceso directo al puerto de Santander (31 millones), o las integraciones ferroviarias en Santander y Torrelavega, que van a suponer otras inversiones de 138 y 50 millones de euros, respectivamente.

A ellas hay que sumar  las obras que, con fondos propios o en colaboración con la autonomía, llevarán a cabo los propios ayuntamientos y el Gobierno de Cantabria, y que supondrán otros 40 millones de euros.

Un cambio de escenario que puede marcar un punto de inflexión que ayude a autónomos y empresarios a recuperarse de la mayor crisis que han vivido a lo largo de su existencia. “Yo creo que tenemos que trasladar cierto optimismo”, señala el presidente de AEXCA, Antonio García Rivero, “después de algunos años en los que todo eran problemas, y si el Ministerio de Fomento mantiene todo lo que nos ha prometido creo que nos quedan tres o cuatro años de mucha obra”, aventura esperanzado el representante de los excavadores cántabros.

También inciden en ese cambio de ánimo las expectativas que abre la nueva normativa de la contratación pública en un tema tan sensible para los excavadores como es el tratamiento de la morosidad. “Hoy en día seguimos sin solucionar el problema de los impagos”, recuerda García Rivero, “pero esta nueva Ley de Contratos, que va a traer muchos cambios, puede que también ayude a mejorarlo”.

Acreditar los pagos al subcontratista

Esta esperanza se basa en la nueva Ley de Contratos, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, en la que se contempla la obligación del contratista principal de acreditar el pago en no más de 60 días a sus proveedores o subcontratistas, tal como marca la Ley de Morosidad. Ya no se trata de que en un pliego de contratación se recoja la obligación de la Administración de velar por que no se incumplan estos plazos –algo que Aexca logró que hiciera el Gobierno cántabro– sino de una norma con fuerza de ley.

Falta por saber cómo se va a concretar esa obligación, porque la ley no dice cómo se debe acreditar ese pago ni cuándo. Lo especificará el reglamento que la desarrolle. Según los expertos, la acreditación debería hacerse con documentación bancaria que certifique el pago al subcontratista antes de que la Administración abone las certificaciones de obra, que suelen expedirse mensualmente.

Una solución radical sería que, tal y como contempla la nueva Ley, los entes contratantes estableciesen en los pliegos la realización de pagos directos de la Administración a los subcontratistas.

Otra de las novedades que contempla la Ley es la obligación de la Administración de dividir en lotes las adjudicaciones, siempre que las obras se puedan fraccionar. Esto podría abrir para las pymes la posibilidad de acudir directamente a las licitaciones, porque también se rebajarían los requisitos de solvencia económica proporcionalmente a la cuantía de la obra.

Vertidos más controlados

El vertido de tierras ha sido otro tema tradicionalmente polémico en el sector de la excavación y para el que se han ensayado varias soluciones. Incluso se llegó a crear, en 2004, una empresa mixta, Gesmacan, entre asociados de AEXCA y la sociedad pública Mare, destinada a construir una red de vertederos en los que depositar las tierras. Aquella iniciativa se frustró, ante la evidencia de que muchos excavadores preferían otras soluciones para sus vertidos, como los acuerdos privados con propietarios de fincas para su relleno.

Sin embargo, la nueva regulación sobre la valorización de materiales excavados (una Orden del pasado mes de octubre), arroja dudas en el sector sobre los vertidos de tierras. Según la nueva norma tan solo se podrán emplear como relleno en la recuperación ambiental de canteras y en obras públicas o de edificación, y si no habría que depositarlas en un vertedero autorizado. Además será imprescindible notificar a la Consejería de Medio Ambiente, con una comunicación de cada transporte de tierras y de su destino.

Con esta nueva exigencia se quiere completar el control sobre los vertidos de inertes, tal y como se hizo en su día con los residuos de construcción y demolición (RCDs), que deben ser llevados a plantas específicas para su reciclado.

La forma de exigir el cumplimento de esta nueva regulación todavía está en fase de estudio, y AEXCA va a organizar, junto con los técnicos de la Consejería, una jornada para aclarar a los excavadores cómo aplicar esta nueva obligación.

Sin embargo, existe en este colectivo la opinión compartida de que no se pueden establecer unas exigencias tan drásticas si previamente no se ha creado una red de vertederos de tierras diseminados por la región, porque en toda Cantabria tan solo hay dos depósitos autorizados, uno en Torrelavega y otro en Santander, lo que obligará a los excavadores a grandes desplazamientos para trasladar las tierras cuando las obras se realicen en cualquier otro punto de la región. Los costes que esto supone van a encarecer de una manera inasumible las obras que requieran movimiento de tierras.

Algunos excavadores opinan que debe ser la Consejería de Medio Ambiente la que solucione el problema del vertido de tierras, igual que lo ha hecho con los residuos urbanos o de cualquier otro tipo. Esa solución puede venir por el establecimiento de vertederos públicos estratégicamente situados, o facilitando a la iniciativa privada su creación, ya que es un proceso muy prolijo en su tramitación, por sus implicaciones ambientales, que puede alargarse durante años.