Los fondos pondrán al frente de Celsa a Villaseca, antiguo CEO de Nueva Montaña

En 1987, el ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, ponía en bandeja todo el sector español de acero común al empresario catalán Francesc Rubiralta, que tenía una empresa poco conocida pero saneada denominada Celsa. De esta manera, encajaba las últimas piezas, después de que se hundiesen, una tras otra, todas las siderúrgicas. Nueva Montaña Quijano aguantaba a duras penas, gracias a que tenía detrás al Banco Santander y a que conseguía frenar una vez tras otra la ejecución de una deuda con la Seguridad Social que se acercaba a los 6.000 millones de pesetas. Entregársela a Celsa fue un alivio para todos y Rubiralta supo ir quedándose con todo el subsector y reflotarlo. Después de crecer y convertirse en un gran grupo europeo, Celsa ha acabado siendo víctima del mismo problema que la vio nacer: la incapacidad para gestionar la deuda acumulada. Ahora va quedar en manos de los fondos y la casualidad hace que el ejecutivo que han buscado para poner el frente, Rafael Villaseca, dirigiese en su día Nueva Montaña Quijano.

En el sector del acero, las pérdidas y los beneficios son cíclicos, pero quien siga arrastrando las deudas de un ciclo a otro tendrá muchos problemas. Celsa hizo inversiones muy ambiciosas que le permitieron superar en este último año los 6.000 millones de euros de facturación, porque en este sector la otra constatación es que solo sobreviven los muy grandes. Pero nunca ha tenido margen suficiente para poder devolver ordenadamente la financiación bancaria acumulada para comprar esas empresas y aunque durante años encontró la comprensión de los acreedores, sobre todo la de los bancos españoles, que le refinanciaron e incluso condonaron parte de la deuda, la mayoría acabaron vendiéndola a bajo precio a fondos que ahora se van a hacer con el control. Aunque ellos hayan pagado mucho menos, la compañía les adeuda, nominalmente, 2.400 millones de euros.

Como CELSA no puede pagarlos, en septiembre del año pasado presentaron en el juzgado un plan de reestructuración en el que proponían canjear 1.291 por la totalidad de las acciones de la compañía, que están en manos de la familia Rubiralta, y aplazar el cobro del resto hasta cinco años.

Frances Rubiralta, hijo del fundador de Celsa, ha defendido con uñas y dientes la propiedad de la empresa, pero el juzgado finalmente ha aceptado el plan de los acreedores, aunque imponiéndoles unas condiciones dirigidas a salvaguardar la continuidad de los centros de trabajo y de las plantillas, lo que en teoría, ya no tiene vuelta atrás, porque no cabe recurso. No obstante, Rubiralta sigue intentando que la Generalitat presione al Gobierno nacional, al que la llamada Ley Antiopas le concede la potestad de frenar una operación cuando se trata de empresas estratégicas para el país, y Celsa, el mayor grupo siderúrgico de España, lo es. La posibilidad de que lo consiga es escasa, porque si bien se trata de compradores extranjeros, no puede considerarse una operación hostil, dado que ha sido decidida por un juez, y la viabilidad de Celsa por sí misma es compleja, incluso con los 550 millones de euros que le había concedido el Gobierno de los Fondos de Recuperación, y a los que los acreedores aseguran estar dispuestos a renunciar.

Después de muchas batallas, Rubiralta llegó a plantear la entrega del 49% a cambio de una quita de 600 millones de euros, con la ventaja para los acreedores de que recibirían en metálico 550 millones, puesto que les entregaría todo el Fondo de Rescate comprometido por el Gobierno. La propuesta, que quizá los acreedores hubiesen aceptado un año antes, llegó tarde y todo quedó en manos de lo que decidiese el juez, que no ha sido muy complaciente con las razones de Rubiralta, al considerar que la empresa vale menos de lo que debe. De poco ha servido que este último año haya tenido, por fin, unos resultados positivos significativos.

El Grupo Celsa en Cantabria

Los sindicatos, que suelen ser muy combativos cuando la propiedad pasa a manos de fondos especuladores, esta vez no parecen dispuestos a dar la batalla, a tenor de los comunicados emitidos tras la decisión del juez. Por el momento, ninguno ha pedido al Gobierno que vete la operación.

Confían en que el consejo de administración que impongan los fondos sea profesional. De hecho, el nombre que han anticipado como nuevo presidente, Rafael Villaseca, fue consejero delegado de Nueva Montaña Quijano (NMQ) a finales de los años 80, poco antes de que se convirtiese en Global Steel Wire (GSW).

Nueva Montaña Quijano fue adquirida por Celsa en 1987 coincidiendo con el plan de reconversión del sector del acero común. Para quedársela, Celsa tuvo que asumir una ampliación de capital por importe de 5.600 millones de pesetas, que era, poco más o menos, lo que NMQ debía a la Seguridad Social. Celsa también adquirió entonces la gallega Sidegasa, formando un gran grupo nacional, al que más tarde seguiría incorporando a otros fabricantes de lo que entonces se conocía como acero común (para diferenciarlo de los especiales), hasta quedarse con todo el sector. Con la entrada del nuevo milenio inició una expansión internacional a través de la creación de Celsa Steel UK en Cardiff (Reino Unido), y Celsa Huta, en Ostroweic (Polonia).

Ha pasado mucho tiempo desde que Villaseca estuvo en NMQ, pero esta circunstancia –casi una casualidad, porque su vida profesional se ha desarrollado en muchos otros sectores– puede ser un motivo de esperanza para las fábricas del grupo en Cantabria, la actual GSW, que con la familia Rubiralta ha conseguido depender cada vez menos de un producto de bajo valor añadido, como el alambrón, y obtener más de la mitad de su cifra de negocios del sector de la automoción, al que suministra desde la columna y los engranaje de dirección a los ejes, además de piezas forjadas en frío para el motor y la caja de cambios.

Otra empresa cántabra del grupo, Tycsa, produce cables de acero de alta resistencia que se emplean en los puentes atirantados y en muchas obras. Por su parte, Trefilerías Quijano elabora alambres técnicos para el sector energético y las comunicaciones, y BSTQ produce muelles para colchonería y tapicería. En total, la empresa tiene en la región algo más de 900 trabajadores.

A pesar de la extensa distribución geográfica del Grupo Celsa, ninguna comunidad tiene tanta dependencia de esta empresa como Cantabria, donde otros 4.000 trabajadores están indirectamente vinculados a la sucesora de las fundiciones creadas por los Quijano y los Mazarrasa hace más de un siglo, desde transportistas o portuarios a proveedores de todo tipo.

Los fondos que están a punto de hacerse con el control de Celsa ya anticiparon en julio que no cerrarían centros de trabajo ni los deslocalizarían. Ese compromiso ha tranquilizados a los sindicatos, pero ninguna promesa es eterna.

En Cantabria ya pocos recuerdan a Villaseca. Los que le conocieron, y los miembros del Gobierno que le tuvieron al otro lado de la mesa lo que no han olvidado es que el ingeniero catalán era un duro negociador.

Villaseca es MBA por IESE –la cantera donde el Grupo Celsa ha venido fichando a la mayoría de sus ejecutivos– y después de pasar por NMQ ha sido consejero delegado de Gas Natural Fenosa de 2005 hasta 2018. En la actualidad, es presidente de la Fundación Naturgy. También es consejero de Cementos Molins y de VidaCaixa y estuvo anteriormente al frente de Enagás, Panrico e Inisel.