35.000 autónomos cántabros ya podrán enfermar
El colectivo de autónomos es mucho más numeroso de lo que parece. Prácticamente uno de cada cinco trabajadores cántabros es independiente. Sin embargo, por no tener una representación profesional significada, su voz apenas ha sido oída en las instituciones, en las negociaciones de concertación o en los medios de comunicación.
Esta discriminación histórica, producto de la desunión del colectivo, está comenzando a cambiar. La Administración ha decidido aprobar el eslabón legislativo que faltaba para completar la ley de diciembre de 2002 y el real decreto de abril de 2003 para aumentar la protección social de estos trabajadores y equiparar sus derechos con los que disfrutan los asalariados.
Así que a partir del año que viene, los autónomos que lo deseen verán ampliada su cobertura por incapacidad temporal. Pero no es gratis, como parecían insinuar algunos mensajes gubernamentales. Quien lo quiera tendrá que incrementar entre 18 y 24 euros la cuota que pagan cada mes a la Seguridad Social. En total, y dependiendo del grado de peligrosidad de su trabajo, este tipo de trabajadores podrá recibir más prestaciones si paga un mínimo de entre 222 y 244 euros al mes.
Las nuevas prestaciones
Al equipararse a los trabajadores adscritos al régimen general, tendrán cobertura por enfermedad o accidente no laboral a partir del cuarto día y no del desimosexto, como ocurría hasta ahora. La prestación será del 60% de la base reguladora entre el día cuarto y el vigésimo y del 75% desde esa fecha hasta el alta. Por lo que respecta a la prestación por accidente de trabajo y enfermedad profesional, lo percibirán a partir del día siguiente y en una cuantía del 75% de la base reguladora, igual que en el régimen general.
La medida puede beneficiar a 45.399 trabajadores cántabros que se encuentran en los regímenes afectados. De ellos, 35.053 son autónomos, 8.533 trabajadores agrarios y 1.813 marineros o pescadores.
La relación entre la Administración pública y los autónomos se ha basado en la desconfianza. En España y en toda Europa. Convencido de que podía deparar una importante bolsa de fraude, con enfermedades no del todo justificadas, el legislador optó por ofrecer a los autónomos una cotización más baja, a cambio de menores prestaciones que a los trabajadores del régimen general, que se suponía más controlados por su empleador. Eso hacía que los autónomos no tuvieran cobertura para las enfermedades de menor importancia, aquellas que requieren una baja de menos de quince días, algo que en la práctica les dejaba sin derecho a enfermar. Al no percibir ingresos, sólo se han permitido ausentarse del trabajo en condiciones extremas y casi nunca por una simple gripe.
A pesar de que estos avances han sido acogidos con satisfacción, las distintas organizaciones de profesionales autónomos piden más. En concreto, queda por equiparar los derechos en cuanto a jubilación anticipada, lesiones permanentes no invalidantes y, sobre todo, el sistema de cobertura por desempleo, al que los autónomos no tienen derecho. Ni siquiera aquellos que anteriormente cotizaron durante años al régimen general, y fueron forzados a pasarse al de autónomos por sus condiciones de socios de una empresa, pueden hacer uso de los derechos acumulados por aquellas cotizaciones si un día quedasen en paro. Simplemente, las pierden.
Pero quizá más paradójico es que el colectivo que durante el último año ha creado el 40% de los nuevos empleos no tenga derecho a representación en los órganos consultivos del Estado, como tienen los sindicatos o la CEOE.
Polémica sobre el absentismo
Al mejorar las prestaciones, el PP ha optado por una solución intermedia, ya que en su programa electoral incluía medidas mucho más ambiciosas para los autónomos. Quizá porque no ha llegado a disiparse aún la desconfianza. Por el momento, los autónomos tienen unas tasas de absentismo muy inferiores a los que dependen del régimen general, dado que hasta ahora si no iban a trabajar se quedaban sin ingresos, pero el Círculo de Empresarios ya ha advertido que esto puede cambiar con la equiparación de las prestaciones con el resto de los trabajadores. A pesar de reconocer que se trata de medidas justas, anuncia que puede aumentar el fraude, ya que al no existir empleador, será mucho más difícil de detectar.
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha considerado “irresponsables” esas manifestaciones y asegura que no se producirá este vacío de control: “Vamos a estar controlados, ya que serán las mutuas las que vigilarán estas prestaciones”. Pase lo que pase, era un derecho inaplazable.
