Los funcionarios no quieren poner la mano

El control de horarios no sería discutible en ninguna empresa privada pero, como ha recordado el consejero de Presidencia, pero se ha convertido en un auténtico casus belli en la Administración de Cantabria. La posibilidad de que una máquina controle las entradas y salidas del personal ha sido tachada por algunos sindicatos como una intromisión en su intimidad.
La Administración es un enorme elefante donde apenas es posible hacer cambios. Eso lo han comprobado todos los consejeros de presidencia de la comunidad autónoma y han acabado por aceptarlo de mejor o peor grado. El resultado ha sido una productividad muy baja pero, al mismo tiempo, un nivel de conflictos muy reducido.
En los últimos tiempos se ha intentado, tímidamente, iniciar un proceso encaminado a obtener un mayor rendimiento de la plantilla, con relativo poco éxito, ya que el margen para premiar a los mejores trabajadores o para sancionar a los peores es muy pequeño, por no decir nulo. Cuando Jesús Bermejo fue fichado para ponerse al frente de la política de personal del Gobierno regional como director de la Función Pública, aportaba una cultura nueva, la procedente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde a pesar de tratarse de un organismo público, las cosas son muy distintas. Bermejo estaba acostumbrado a fijar objetivos al personal y a pagar en función de esos objetivos, eso sí, muy modestamente, porque el INSS siempre ha sido el hermano pobre del sistema público.
Bermejo comenzó por poner orden en la disparatada situación contractual de la Diputación, regularizando la situación de los interinos y convocando las ofertas de empleo público que estaban paralizadas desde hacía más de una década. El consejero de Presidencia ganó para su causa a los sindicatos, que aceptaron dar solución a un problema histórico, sin poner demasiadas trabas a la continuidad de la inmensa mayoría de los interinos que venían prestando sus servicios desde hacía muchos años.

Picaresca imposible

El segundo paso era aparentemente más fácil: aumentar la productividad interna simplemente controlando los horarios de trabajo del personal a través de un registro de las entradas y salidas. Bermejo optó por un aparato que identifica la geometría de la mano y que hace imposible la picaresca habitual en muchos organismos donde el control se realiza con una tarjeta magnética personal. Aunque aparentemente el sistema de tarjetas es infalible, en la práctica, los operarios de muchos ayuntamientos que lo tienen implantado se turnan para pasar las de varios compañeros a la entrada o a la salida, de forma que sólo uno hace el horario completo.
El lector de manos ha sido recurrido por algunos sindicatos, que lo consideran una intromisión en la intimidad personal de los trabajadores. Por su parte, el consejero no ha tenido reparos en asegurar públicamente que se trata de una mera escusa para encubrir a quienes se pasan gran parte de la mañana tomando café.

Los jefes presionan

Bermejo no parece dispuesto a ceder ante las presiones de los sindicatos, que han presentado una carta oponiéndose a estas medidas, firmada por un millar de trabajadores. Pero tampoco parece intimidado por el ruido de sables que ha producido otra de sus medidas, la de utilizar el sistema de designación para controlar 120 jefaturas de servicios y departamentos clave.
Los funcionarios de los cuerpos más elevados se sienten extraordinariamente molestos por esta intromisión en unos puestos que tradicionalmente forman parte de su carrera profesional –se cubren por concursos de méritos– y que por ese motivo habían quedado siempre fuera de los avatares políticos, pero Bermejo asegura que su intención no es politizar la carrera funcionarial. Algunas fuentes indican que el propósito del consejero es “hacer funcionar” una maquinaria que ahora se mueve con extraordinaria lentitud y que sólo puede ponerse a andar si cada uno de los jefes impulsa al personal que tiene a su cargo.
De acuerdo con esta filosofía, un jefe de servicio sin más expectativas profesionales que permanecer en ese puesto hasta su retiro puede perder la motivación y paralizar todo un área de la administración pública, por mucho impulso político que intente darle el consejero o los altos cargos.
Esta política, obviamente, no indica demasiada confianza en la actual estructura jerárquica, y ha chocado con los altos funcionarios, que se han opuesto en bloque a través de una carta firmada por alrededor de 400, entre los cuales hay significados militantes del Partido Popular. Recuerdan que la libre designación, por ser arbitraria, es un método excepcional en la provisión de estos puestos de trabajo y advierten que si se generaliza, como pretende el consejero, están dispuestos a inundar los tribunales con una auténtica catarata de recursos individuales.

Sentencias en contra

El Ejecutivo ya es consciente de que esta política laboral no resulta sencilla de lidiar ante los jueces. La Consejería de Presidencia tiene experiencia de sentencias contrarias tras los recursos de funcionarios que se sintieron perjudicados porque las plazas a las que aspiraban no se convocaron por el procedimiento tradicional de concurso de méritos. Lo mismo le ha ocurrido a Miguel Angel Revilla con dos designaciones claves que realizó en su departamento. En el caso del secretario general del PRC su actuación es doblemente conflictiva, dado que durante largos años criticó con enorme dureza la política de cargos de confianza de Hormaechea y aseguró que él sólo la utilizaría para los directores generales. Revilla no sólo continuó la misma política de designaciones (eso sí, sin asesores) sino que la amplió.

Movimiento interno

La estrategia de Jesús Bermejo empieza a dar algún resultado en la propia consejería de Presidencia, que ha tramitado en un año todo el complejo proceso de regulación del personal, pero aún no ha calado en otras consejerías. Eso no ha impedido que empiece a cristalizar un movimiento interno de resistencia, como cabía esperar, aunque los auténticos dolores de cabeza para el consejero van a producirse en la sanidad, donde ya aflora un cierto nerviosismo en demanda de la equiparación salarial de los transferidos del Insalud con sus nuevos compañeros, los trabajadores de la consejería de Sanidad. La intención del Gobierno regional es equiparar a los funcionarios, pero no a los sanitarios (personal estatutario) con lo cual los médicos y enfermeras de Valdecilla nunca llegarían a cobrar lo mismo que los de Liencres, por ejemplo, a pesar de desarrollar el mismo trabajo, y en algunos casos codo con codo, como está ocurriendo en algunas unidades de Valdecilla trasladadas temporalmente, a Liencres.
Desde la asunción de la sanidad, Gobierno cántabro tiene a su cargo más de 14.500 trabajadores, sin incluir la Universidad. De ellos unos 7.000 son funcionarios, mientras que el resto son sanitarios y personal laboral. En conjunto, su coste anual supera los 80.000 millones de pesetas, por lo que por sí solo representa alrededor del 7% del PIB cántabro, mucho más que todo el sector ganadero o que el sector turístico.